Los embargos de cuentas bancarias a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) se han transformado en un nuevo foco de disputa política, reactivando el debate sobre la promesa de condonación impulsada por la administración del exPresidente Gabriel Boric y que finalmente no logró concretarse.

El exmandatario volvió a intervenir en la contingencia a través de su cuenta en la red social X, donde sostuvo que durante su gobierno existió consenso técnico para modificar el sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar la deuda de miles de personas. Según afirmó, la negativa de la derecha a legislar impidió avanzar en esa iniciativa, mientras que actualmente los deudores enfrentan embargos que afectan gravemente la economía de sus familias.

Las declaraciones generaron cuestionamientos desde el oficialismo, sector que atribuyó parte de la responsabilidad al compromiso de condonar el CAE formulado durante la campaña presidencial, argumentando que esa expectativa habría incentivado a numerosos beneficiarios a suspender sus pagos.

En ese contexto, el exministro de Educación, Nicolás Cataldo, reconoció que la promesa pudo influir en el aumento de la morosidad, aunque aseguró que no fue el único factor. A su juicio, el impacto económico derivado de la pandemia y las dificultades financieras registradas entre 2022 y 2025 también fueron determinantes en el incremento de los incumplimientos.

A estas declaraciones se sumó la exministra Carolina Tohá, quien admitió que existió un error en la forma en que se manejó la promesa de condonación durante el gobierno anterior. No obstante, planteó que las actuales acciones de cobro deben considerar mecanismos más sostenibles y evitar situaciones que afecten gravemente a los deudores.

El Frente Amplio, en tanto, inició una ofensiva política frente a los embargos, solicitando información a la Tesorería General de la República sobre el procedimiento aplicado. La jefa de bancada de la colectividad, Emilia Schneider, calificó como una grave injusticia dejar a personas sin recursos disponibles en sus cuentas bancarias producto del proceso de cobro.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, sostuvo que retirar la totalidad de los fondos de cuentas pertenecientes a personas de bajos ingresos constituye una medida inmoral e ilegal. Asimismo, rechazó las críticas que responsabilizan a la administración anterior por la morosidad del CAE y afirmó que la colectividad siempre ha defendido que quienes cuentan con capacidad económica deben cumplir con el pago de sus obligaciones. (NP-ChatGPT-Emol)