Eran las 10.02 horas cuando el alcalde comunista de Recoleta, Daniel Jadue, era esposado y retirado del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago para iniciar su período de prisión preventiva.
Se trata del golpe judicial más duro que ha recibido el Partido Comunista (PC) desde el retorno a la democracia, colectividad a la que Jadue representó en su momento como abanderado presidencial y que estará en prisión, en Capitán Yáber hasta que termine la investigación.
A la misma hora, el presidente del PC, Lautaro Carmona, defendía a Jadue en la explanada del Centro de Justicia, lugar al que llegó junto a la secretaria general, Bárbara Figueroa, y más de un centenar de adherentes del jefe comunal.

Dentro de este grupo estuvieron también la diputada Lorena Pizarro y la exalcaldesa Claudina Núñez, ambas integrantes de la comisión política de la tienda, la instancia de mayor relevancia y espacio en el que también está el alcalde de Recoleta. Además, a tribunales asistió un equipo que tenía consomés para la militancia y un pequeño grupo musical, que entonó cuecas y payas en defensa de Jadue y contra la justicia y el CDE.
“No es la cautelar que esperaba, pero bueno… Ella es la jueza y lo que viene ahora es que hay que seguir con el proceso judicial en la etapa que viene, que es apelar a esta definición de cautelar”, dijo el timonel de la tienda de Vicuña Mackenna 31.
Al advertir que la sanción cautelar no estaba en las expectativas del PC, Carmona dio cuenta de las conversaciones internas que se manejaban dentro de la colectividad. El jueves pasado, en la sesión de la comisión política que encabezó el timonel, se analizaron los distintos escenarios y se habló de las posibles medidas preventivas con las que podría quedar Jadue.
Allí, además, se reafirmó el apoyo a la gestión política del alcalde, pero se intentó separar aguas con su devenir judicial como postura oficial, más allá de que la militancia PC insista en la tesis del “lawfare”. Jadue no asistió a ese encuentro, ya que optó por ir a descansar tras un agitado segundo día de formalización.
De esto también habló Bárbara Figueroa, secretaria general de la colectividad, quien publicó en su cuenta de X que “la medida cautelar contra el compañero Daniel Jadue es lamentable y desproporcionada, y creemos que se debe apelar. Como PC respetamos los tribunales de justicia y esperamos que esta etapa pública de la investigación y juicio termine por acreditar la inocencia de Daniel”.
Durante este lunes, el partido realizará una reunión extraordinaria de su comisión política para abordar el caso, en el que Jadue ya anunció que apelará.
Más allá del golpe sufrido, hoy hay cierta tranquilidad con lo que ocurrirá en Recoleta, ya que todo apunta a que sea Fares Jadue, concejal y candidato del oficialismo para suceder a Daniel Jadue, quien asuma el mando como subrogante.
Los diputados comunistas no tardaron en acusar una persecución política. “Un despropósito absoluto decretar prisión preventiva para Jadue. La persecución política y el acoso son evidentes”, escribió en sus redes sociales Carmen Hertz. “Se desata una persecución política que viene hace bastante rato, particularmente orquestada desde la extrema derecha. Su objetivo tiene que ver fundamentalmente con detener lo que significa la obra que ha desarrollado Daniel Jadue en Recoleta”, lamentó la diputada Lorena Pizarro.
Por su parte, el diputado Matías Ramírez sostuvo que “la persecución política es evidente contra Daniel Jadue. No hay elemento alguno que justifique una medida cautelar de esta entidad. Lo que hay detrás es un anticomunismo a políticas populares que permitieron poner en evidencia las desigualdades del modelo”.
Hasta el cierre de esta edición, la bancada de diputados comunistas organizaba un punto de prensa en el Congreso que esperan realizar a las 17.00 horas.
Incluso algunas voces fuera del PC se sumaron a ese mensaje. Por ejemplo, el diputado socialista Juan Santana afirmó que es “inentendible la ligereza con que se utiliza la prisión preventiva en Chile (…). Parece que el garantismo aplica a conveniencia cuando los juzgados son de cierto sector. Completamente desproporcionada la medida adoptada con Jadue”.
“Está claro que Jadue no se robó un solo peso. Cárcel es difícil de entender a sus sorprendidos y dolidos adherentes. Que la formalización no sea apelable es un gran problema, está sujeta a la voluntad de un fiscal, quienes no siempre actúan con objetividad”, advirtió el diputado Jaime Mulet, de Regionalistas Verdes.
Otros, en cambio, optaron por tomar distancia y condenar al jefe comunal. “Daniel Jadue no es un preso político, no ha sido objeto de persecución política. El Ministerio Público y el Poder Judicial son órganos autónomos, independientes del Estado, que están haciendo su trabajo (…). Se trata de delitos extremadamente graves”, dijo esta tarde el expresidente de la Cámara Raúl Soto (PPD).
Tras conocer la resolución, Carmona, profundizó en sus dichos emitidos en Radio Nuevo Mundo, sobre que “dependiendo del desenlace (de la formalización), puede tener una incidencia muy grande en la calidad de la convivencia política en el país”.
“Un funcionario público, alguien que tiene tarea pública, deja de realizarla por esta cautelar, y ahora el juicio puede continuar”, afirmó este lunes en el Centro de Justicia, lugar al que concurrió también el primer día de la formalización del alcalde. En ese sentido, planteó que “si la cautelar no hubiera existido, él podría haber seguido funcionando como alcalde”.
Pese a las explicaciones, sus dichos no cayeron bien en el resto de la alianza de gobierno. “Hay que esperar que la justicia haga su trabajo. No corresponde a las autoridades políticas dar opiniones de fondo. Aquí hay instancias pendientes todavía, existe un recurso de apelación, por tanto yo prefiero ser respetuosa de la institucionalidad de nuestro país”, dijo esta mañana en La Moneda la senadora Paulina Vodanovic, a su llegada al comité político.
El líder de los radicales, Leonardo Cubillos, dijo que los dichos de Carmona “no se ajustan a la realidad de un país democrático y que respeta la institucionalidad de los poderes del Estado y su autonomía”.
Por su parte, el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, señaló que “Lautaro hace una apreciación desde la molestia que le genera al pc esta formalización. Ahora, yo creo que la justicia tiene que operar. Tendrá que demostrar su inocencia en tribunales y ahí salir airoso. Pero, en general, como ha sido muy mediático, hay mucha preocupación de ellos por los efectos mediáticos. Yo creo que es un error”.
Incluso la ministra del Interior, Carolina Tohá, marcó una diferencia. En conversación con T13 Radio, la secretaria de Estado afirmó que “yo no comparto eso. Cuando un fiscal pide medidas cautelares y cuando un juez las decide, está tomando una definición respecto al mérito de la causa (…). No creo que eso tenga, ni deba tener, ni nadie de nosotros se deba prestar para que tenga ninguna otra lectura más que hay una investigación penal respecto a una persona que es política”.
Sobre la continuidad de su militancia, el diputado Marcos Ilabaca (PS) aseveró que es una decisión que debe tomar el PC. Sin embargó, enfatizó que “al interior de mi partido cada vez que existe un involucrado en algún delito grave, se le ha suspendido la militancia o ha sido el propio militante el que lo ha solicitado”. (La Tercera)