El Gobierno salió a defender el proyecto de ley que busca aumentar en US$6.200 millones el límite de endeudamiento autorizado para el ejercicio presupuestario de 2026, argumentando que la medida responde a un escenario fiscal más complejo que el considerado al momento de aprobarse la Ley de Presupuestos.

La iniciativa, firmada por el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se transformó en uno de los principales temas políticos tras la Cuenta Pública, debido a que contrasta con el compromiso del Ejecutivo de ordenar las finanzas públicas y contener el crecimiento de la deuda estatal.

Pese a ello, las autoridades insistieron en que la solicitud no implica un aumento del gasto público, sino la necesidad de financiar obligaciones ya comprometidas y cubrir un déficit derivado de menores ingresos fiscales y mayores gastos que los proyectados originalmente.

El ministro Jorge Quiroz reconoció en privado ante parlamentarios oficialistas que la decisión fue particularmente difícil de adoptar. Según trascendió, el secretario de Estado calificó la firma del proyecto como una de las medidas más complejas que le ha correspondido respaldar desde que asumió el cargo.

En la misma línea, el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, sostuvo que ningún ministro de Hacienda se siente cómodo solicitando autorización para incrementar la deuda pública, especialmente considerando los actuales niveles de endeudamiento del país.

La autoridad explicó que el presupuesto heredado contemplaba ingresos superiores a los que efectivamente se están registrando y gastos comprometidos por sobre los recursos disponibles. Según indicó, esa diferencia obliga al Ejecutivo a recurrir al Congreso para solicitar un mayor margen de financiamiento.

Alvarado agregó que una parte importante del endeudamiento autorizado ya había sido utilizada antes del cambio de administración y aseguró que existen compromisos legales y obligaciones pendientes que deben ser financiadas, incluyendo reajustes previamente aprobados y pagos asociados a deuda flotante.

Por su parte, el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, afirmó que la solicitud busca garantizar la ejecución del presupuesto vigente y no financiar nuevos programas. A su juicio, durante la discusión presupuestaria anterior ya existían señales de que los ingresos fiscales estaban sobreestimados y que sería necesario recurrir a una mayor emisión de deuda.

El titular de la Segpres sostuvo que el déficit fiscal proyectado terminó siendo superior al estimado originalmente y acusó que las cifras utilizadas durante la elaboración del presupuesto no reflejaban adecuadamente la realidad financiera que enfrenta actualmente el Estado.

La propuesta deberá ahora iniciar su tramitación en el Congreso, donde se anticipa un intenso debate respecto de la situación fiscal heredada, el nivel de endeudamiento público y las medidas necesarias para recuperar el equilibrio de las cuentas fiscales en los próximos años. (NP-ChatGPT-Emol)