Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado manifestaron su respaldo a la tramitación de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), presentada por el Presidente José Antonio Kast, y comprometieron un trabajo legislativo acelerado para avanzar en las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

Durante una actividad realizada en la Escuela de Formación de Carabineros, en la comuna de Cerrillos, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, sostuvo que las actuales condiciones de seguridad del país hacen necesaria una agenda de esta naturaleza. En ese contexto, destacó avances legislativos previos como la creación del Ministerio de Seguridad y la Ley Naín-Retamal.

Alessandri también defendió el actuar de las fuerzas policiales y afirmó que el uso de armas de servicio se ha realizado conforme a la ley y con criterios de responsabilidad. Asimismo, señaló que el Congreso priorizará la discusión de los proyectos vinculados al combate del crimen organizado y el terrorismo, incluso mediante sesiones extendidas o extraordinarias, con el propósito de acelerar su aprobación.

Por su parte, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, sostuvo que la seguridad constituye una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y recordó que el Congreso ya había impulsado mecanismos para agilizar la tramitación de proyectos relacionados con esta materia. En ese sentido, reafirmó el compromiso del Senado para avanzar con celeridad en la nueva agenda presentada por el Ejecutivo.

La senadora indicó que distintas comisiones parlamentarias participarán en la revisión de las iniciativas, con el objetivo de facilitar su tramitación y fortalecer las herramientas legales para enfrentar el crimen organizado. Además, hizo un llamado a que el debate legislativo se desarrolle con unidad y priorizando el interés del país por sobre las diferencias políticas.

Las declaraciones de ambas autoridades se producen tras el anuncio de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, que contempla más de 30 proyectos destinados a reforzar la seguridad pública, fortalecer las facultades de las instituciones encargadas de la persecución penal y combatir el avance de las organizaciones criminales.