El Presidente José Antonio Kast firmó en el Palacio de La Moneda dos proyectos de ley orientados a fortalecer la seguridad en establecimientos educacionales, en medio de una seguidilla de hechos de violencia registrados en colegios durante el último mes.
Las iniciativas surgen tras episodios de alta gravedad, entre ellos el homicidio de una inspectora en Calama, amenazas de tiroteos en recintos escolares y ataques a infraestructura, como el incendio en la rectoría del Liceo José Victorino Lastarria, situaciones que incluso han derivado en suspensión de clases.
El primero de los proyectos propone modificar el Código Penal para incorporar nuevas agravantes en delitos cometidos contra la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, docentes y asistentes, tanto dentro de los recintos como en actividades vinculadas al ámbito escolar.
La segunda iniciativa, denominada “Escuelas Protegidas”, establece un enfoque preventivo y contempla la incorporación de medidas de seguridad en la Ley General de Educación, con el objetivo de resguardar la integridad física y psíquica de las comunidades educativas.
Entre las principales medidas se incluye la posibilidad de revisar mochilas y pertenencias personales de los estudiantes, siempre que esté regulado en los reglamentos internos, con el fin de evitar el ingreso de elementos peligrosos.
Asimismo, el proyecto fortalece las facultades de los docentes para aplicar medidas pedagógicas y disciplinarias inmediatas, orientadas a garantizar el orden en el aula y la convivencia escolar.
También se establecen sanciones para actos que interrumpan el desarrollo normal de las clases, así como restricciones para acceder a la gratuidad en la educación superior en casos de condenas por delitos graves contra personas o infraestructura.
Otra de las disposiciones contempla la obligación de mantener el rostro descubierto en establecimientos educacionales, prohibiendo el uso de prendas que impidan la identificación, salvo en casos justificados.
Según cifras del Ejecutivo, un 54,2% de los docentes en Chile declara que mantener la disciplina genera altos niveles de estrés, mientras que las denuncias por maltrato a adultos en comunidades educativas aumentaron un 62% entre 2023 y 2025.
Ambos proyectos buscan dotar a los establecimientos de herramientas legales y preventivas para enfrentar el aumento de la violencia escolar y fortalecer las condiciones de seguridad en el sistema educativo. (NP-ChatHPT-Emol)