El presidente del Senado, José García Ruminot (RN), convocó a avanzar «cuanto antes» con la nueva ley antiterrorista para terminar con el «absurdo» de que no se pueda aplicar la norma vigente, dada su mentada ineficiencia jurídica, en un debate que vuelve a reavivarse tras el asesinato de tres carabineros ocurrido en una emboscada el fin de semana en la Región del Biobío.
La Cámara Alta y la de Diputadas y Diputados determinaron suspender sus semanas regional y distrital, respectivamente, ante la consternación por el triple crimen en Cañete. En el Senado, los comités acordaron «pedirle a la Comisión de Constitución que convoque para discutir y despachar nueva ley, con una legislación moderna que se pueda aplicar»: la instancia sesionará el martes, con la expectativa de despacharla el jueves a la Sala.
El proyecto, que consiste en la fusión de cinco iniciativas, incluida la ingresada en agosto del año pasado por el Gobierno, reforma la norma vigente, que data de 1984 y ha sido transversalmente cuestionada por su ineficaz definición de la conducta terrorista; y continúa en su primer trámite legislativo.
En El Diario de Cooperativa, García Ruminot también criticó la legislación actual, a propósito de las explicaciones del Ejecutivo para descartar invocarla en la querella por el atentado en el Biobío: «Cuando todo el país tiene conciencia de que el asesinato (de los policías) es un acto terrorista, no se puede aplicar la antiterrorista. Tenemos que terminar con esos absurdos. La ley tiene dificultades para probar el ánimo de querer causar terror en la población, algo que al ciudadano común le parece tan obvio, sin embargo, jurídicamente se hace bastante más difícil probarlo ante tribunales».
«Probablemente una sesión no va a ser suficiente hay 42 indicaciones. (Pero) es una necesidad que tengamos cuanto antes la modernización de la legislación; ha quedado de manifiesto estos días, no hay excusas para no avanzar», subrayó.
No obstante, desestimó los reproches al mundo político por la tardanza en reformar la bullada norma, cuya última modificación ocurrió en 2015 y sólo agregó tres palabras sin abordar el fondo.
«No comparto esa crítica. Es verdad que hay proyectos que se demoran mucho más de lo que uno quisiera. A veces cuesta que los proyectos y las ideas maduren. Hay que tener presente que hay sectores que hasta hace poco negaban la existencia de terrorismo y grupos armados en Chile», sostuvo.
«Para defender nuestra democracia, debemos entregarle al Estado todas las herramientas y capacidades para defendernos de algo tan grave», enfatizó.
VALORA PERMANENCIA DE YÁÑEZ Y APLAZAMIENTO DE FORMALIZACIÓN
Por otro lado, el jefe del Senado se manifestó «muy de acuerdo» con la ratificación en el cargo del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por parte de La Moneda, y la solicitud del Ministerio Público para postergar su formalización, originalmente agendada para el 7 de mayo, es decir, la próxima semana.
«Carabineros es una institución tremendamente dolida, lo que ha ocurrido es un drama enorme. El dolor que tienen es inmenso», apuntó García Ruminot.
En ese marco, consideró que «someter a Carabineros, que necesita todo nuestro respaldo, a una situación extrema como pudiera representar en este momento el cambio de su general director, me parece un despropósito; y si se puede postergar la formalización, lo comparto plenamente».
García Ruminot valoró asimismo la laboral de Yáñez: «Hablo como senador de La Araucanía, y él ha sido una persona muy positiva para la institución. Lo he visto siempre en terreno, siempre procurando el mayor bienestar para cada uno de sus efectivos, lo veo en las comisiones de Presupuesto pidiendo los recursos necesarios para modernizar».
PENA DE MUERTE: POCA POSIBILIDAD DE DISCUTIR REPOSICIÓN
Tras el triple crimen, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz (independiente, ex-DC), volvió a instalar el debate sobre una eventual restitución de la pena muerte para los asesinos de policías; y sólo días antes su par de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (independiente-Frente Amplio), había planteado lo propio frente a «delitos que sobrepasan la comprensión humana y no tienen perdón».
«Entiendo que Chile ha firmado acuerdos internacionales que no nos permiten nuevamente implementar la pena de muerte«, puntualizó García Ruminot.
«Es algo que los propios organismos internacionales tendrán que ir revisando, porque cada día el mundo se estremece por situaciones de extrema violencia. Pero mientras chile sea un país que suscribe esos convenios, veo poca posibilidad de discutir la reposición», continuó.
Chile abolió la pena capital en 2001, pero sólo en la justicia ordinaria, puesto que aún la mantiene en el Código de Justicia Militar.
Con todo, «tenemos otras urgencias», como las Reglas de Uso de la Fuerza, la ley de inteligencia, la creación del Ministerio de Seguridad y la Defensoría de las Víctimas, concluyó el presidente del Senado. (Cooperativa)
