La presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marzi, defendió el rol de la institución frente a las críticas que la califican como una “tercera Cámara”, afirmando que los cuestionamientos responden, en su mayoría, a posiciones partidistas y varían según el resultado de los fallos. La magistrada sostuvo que las opiniones sobre el organismo suelen estar marcadas por intereses políticos más que por argumentos jurídicos.
En una entrevista, Marzi señaló que las descalificaciones hacia el Tribunal Constitucional provienen tanto de sectores de izquierda como de derecha y aseguró que rara vez las decisiones son cuestionadas mediante análisis legales de sus fundamentos. A su juicio, las críticas suelen formularse antes de conocerse el contenido de las sentencias y responden a criterios ideológicos.
La presidenta del organismo destacó la importancia del control de constitucionalidad que ejerce el tribunal y afirmó que el control posterior de las leyes resulta indispensable para el sistema institucional. Respecto del control preventivo, indicó que no observa mayores inconvenientes en la forma en que actualmente se aplica y defendió el voto dirimente de la presidencia como un mecanismo habitual para resolver empates, señalando que ha recurrido a esa facultad en contadas ocasiones.
Marzi también abordó el fallo que determinó el cese en el cargo de la entonces senadora Isabel Allende, señalando que se trató de un caso excepcional que demandó un análisis jurídico exhaustivo. Explicó que la decisión fue adoptada por una amplia mayoría del pleno y que el principal objetivo fue asegurar que la sentencia contara con una sólida fundamentación jurídica.
Asimismo, cuestionó las críticas dirigidas a las ministras del tribunal que respaldaron esa resolución, indicando que atribuirles un supuesto deber de responder a intereses políticos desvirtúa la función jurisdiccional y constituye, a su juicio, un mensaje incompatible con los principios de probidad.
Respecto del proyecto de Escuelas Protegidas, cuyo fallo aún se encuentra en redacción, Marzi evitó referirse al contenido específico de la sentencia, aunque precisó que las observaciones del Tribunal Constitucional se concentran en disposiciones que presentan problemas de constitucionalidad y no en el objetivo de fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales.
La presidenta del Tribunal Constitucional sostuvo que algunas normas del proyecto presentan dificultades de coherencia y podrían afectar principios como la no discriminación y la protección de los derechos sociales. En ese sentido, afirmó que la función del tribunal es establecer los límites constitucionales que deben respetar las leyes, sin intervenir en la elaboración de las políticas públicas, y reconoció que la revisión del proyecto dio lugar a un intenso debate entre los ministros del organismo. (NP-ChatGPT-La Tercera)