La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, manifestó su postura contraria a la vigencia del indulto presidencial, sugiriendo que dicha atribución debería ser eliminada. En una entrevista concedida al canal 24 Horas, la magistrada propuso que la revisión de estos casos sea traspasada a un consejo técnico especializado que analice cada situación en su mérito. Según Chevesich, la existencia de esta figura genera una tensión con la norma constitucional que prohíbe revivir procesos judiciales fenecidos o cuestionar decisiones de orden jurisdiccional ya tomadas por los tribunales.
Las declaraciones de la titular del máximo tribunal se dan en el contexto del reciente anuncio del Presidente José Antonio Kast sobre posibles indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. Al respecto, Chevesich señaló que, mientras la facultad legal exista, el mandatario deberá ejercerla analizando detalladamente las circunstancias de cada caso. No obstante, recalcó que la discrecionalidad de la medida es precisamente lo que justifica la necesidad de una reforma estructural que profesionalice y despolitice este beneficio.
DEBATE CONSTITUCIONAL Y POSTURA DEL EJECUTIVO
La magistrada recordó que incluso el actual jefe de Estado había manifestado anteriormente sus reparos hacia la figura del indulto, aunque reconoció que este ha decidido utilizar la herramienta debido a que es una facultad vigente. El debate cobra relevancia ante las cifras de la Fiscalía, que contabiliza a 102 uniformados condenados por incidentes registrados desde octubre de 2019. Para la presidenta de la Suprema, delegar esta responsabilidad en un organismo colegiado evitaría que las decisiones presidenciales interfieran simbólicamente con la independencia del Poder Judicial.
Desde el Congreso, la oposición ya ha manifestado su rechazo a la medida anunciada por el Gobierno, mientras que el Ejecutivo ha descartado aplicar estos beneficios en el corto plazo sin un estudio previo. La propuesta de Chevesich abre una nueva arista en la discusión sobre las reformas a la Constitución y el equilibrio de poderes en el país. La tramitación de estos beneficios particulares seguirá bajo el escrutinio público, especialmente por la sensibilidad política de las condenas involucradas y el impacto que podrían tener en la percepción de justicia. (NP-Gemini-Emol)