Como suele ocurrir, estas interpretaciones sirven más para entender los objetivos y posiciones de los opinantes que para comprender los reales alcances institucionales de lo convenido.
Por ahora, hay dos hechos establecidos. En primer lugar, durante las próximas semanas desde el Mineduc convocaremos a una mesa técnica con sostenedores, académicos y centros de estudio para identificar “medidas de optimización y mejora al Sistema de Admisión Escolar”. Dicha comisión deberá presentar su informe en marzo del próximo año, para que tanto el Ministerio de Educación como el Congreso Nacional concurran al perfeccionamiento del SAE, lo que además se materializará en indicaciones a dos proyectos de ley vinculados a la materia.
Dicha instancia será una valiosa oportunidad para reunir a especialistas e incumbentes en torno a los ajustes que el sistema requiere. El SAE es una valiosa herramienta de política pública que ha significado más transparencia, mejor acceso a información, optimización de procesos y, lo más importante, que ha vuelto concreta la libertad y el derecho preferente de madres y padres de elegir la educación de sus hijas e hijos. Para ello ha erradicado las prácticas discriminatorias del antiguo sistema, que afectaban directamente a apoderados y estudiantes.
Ese convencimiento no impide que reconozcamos que hay espacios de mejora. No corresponde aquí montar defensas ideológicas. Lo que cabe es preservar aquello en lo que el sistema ha sido un aporte, e identificar e implementar lo que la mesa técnica y la evidencia definan como ámbitos perfectibles.
En segundo lugar, mientras no se dicte una ley que modifique el actual sistema, el proceso de admisión para el año escolar 2026 se ajustará al procedimiento que el Mineduc oportunamente determine, lo que será formalizado vía Decreto Supremo en conformidad con los principios establecidos en la Ley General de Educación y en la Ley de Inclusión.
Así, la disposición del Senado de instalar un sistema alternativo no implica un reemplazo irreversible de lo que existe, puesto que ello requeriría de una ley, sino avanzar hacia una fórmula provisional que permita cumplir con la admisión 2026 en los tiempos y formas que requiere el sistema educativo. Ahora, esto implicará un mayor involucramiento de cada establecimiento educacional, en particular para suplir el apoyo administrativo que para estos efectos dispensaba la actual plataforma del SAE.
? En cualquier caso, todo sistema que se proponga, independientemente de su naturaleza y caducidad, deberá ajustarse a los principios de transparencia, inclusión, accesibilidad universal, equidad y no discriminación arbitraria. Eso es lo que mandata la ley.
En vez de adelantar interpretaciones que buscan desmontar por secretaría procesos definidos en nuestra legislación, lo que corresponde es observar el espíritu de este protocolo en sus propios términos, no confundiendo un algoritmo con un sistema, ni suponiendo que evaluar una mejora es una oportunidad para reinstalar formas de discriminación que, hace más de un lustro, decidimos dejar atrás mediante una ley aprobada por el mismo Congreso Nacional. (El Mercurio)
