La empresa Entidad Patrocinante Social Arquitectura Ltda. interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, además del seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz, y del director subrogante del Serviu Valparaíso, por actuaciones vinculadas al proceso de demolición de viviendas en el sector El Olivar.
Según informó la entidad a través de un comunicado, la acción judicial apunta a una serie de hechos que, a su juicio, podrían constituir delitos cometidos durante el proceso de reconstrucción de viviendas afectadas por el megaincendio de febrero de 2024.
La querella sostiene que las autoridades involucradas habrían impulsado una estrategia destinada a excluir a Social Arquitectura y a la Constructora San Sebastián de los proyectos de reconstrucción que desarrollaban para 356 familias damnificadas. De acuerdo con la presentación, dicha decisión se habría concretado mediante actos administrativos que carecerían de fundamento legal y mediante acciones orientadas a justificar el término de contratos previamente suscritos.
Desde la empresa afirman que estas medidas derivaron posteriormente en la demolición de viviendas que formaban parte del proceso de reconstrucción, situación que consideran injustificada y perjudicial para las familias beneficiarias de los proyectos.
La abogada de Social Arquitectura, Érika Maira, señaló que la querella busca que el Ministerio Público investigue eventuales delitos relacionados con la utilización de facultades públicas para intervenir en contratos vigentes y adoptar decisiones que, según sostiene, habrían vulnerado principios de legalidad y transparencia administrativa.
La profesional agregó que entre los hechos denunciados figuran presuntas presiones a funcionarios públicos, la eventual elaboración de documentos irregulares, engaños a familias damnificadas y una demolición que, a juicio de la empresa, no era necesaria. Asimismo, acusó un eventual perjuicio para los recursos públicos destinados a la reconstrucción.
La acción judicial también plantea que el ministro habría ordenado la paralización total de las obras pese a que los informes técnicos disponibles, según la versión de los querellantes, solo detectaban observaciones susceptibles de corrección en parte de las viviendas construidas.
Asimismo, se sostiene que funcionarios del Serviu habrían sido presionados para elaborar informes destinados a respaldar decisiones previamente adoptadas, incluyendo antecedentes que posteriormente sirvieron para justificar la terminación de contratos y la salida de las empresas involucradas en el proyecto.
La defensa de Social Arquitectura afirmó que las medidas adoptadas provocaron una paralización de 73 días en las obras, afectando a familias que esperaban la reconstrucción definitiva de sus viviendas tras el incendio que impactó a la Región de Valparaíso.
La presentación judicial también cuestiona la utilización de resoluciones que contendrían información errónea o falsa respecto de supuestas fallas graves en las construcciones, antecedentes que, según la empresa, habrían sido utilizados para persuadir a vecinos de poner término anticipado a contratos vigentes.
Finalmente, la abogada manifestó que esperan que el Ministerio Público realice una investigación exhaustiva e independiente que permita esclarecer los hechos denunciados, determinar eventuales responsabilidades y establecer si existió un uso indebido de facultades estatales durante el proceso de reconstrucción en El Olivar. (NP-ChatGPT-Emol)