Los senadores Alfonso de Urresti (PS), Ricardo Celis (PPD) y Diego Ibáñez (FA) ingresaron un conjunto de 22 indicaciones al proyecto de Reconstrucción durante el inicio de su discusión en particular en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Las propuestas buscan modificar diversos aspectos de la iniciativa que, según los parlamentarios, requieren ajustes en materia ambiental y constitucional.
Las indicaciones planteadas apuntan a reforzar la evaluación ambiental en procesos de relocalización de concesiones acuícolas, establecer límites a los denominados ajustes cartográficos, fortalecer la protección de áreas protegidas y eliminar disposiciones que los legisladores consideran un retroceso en la normativa vigente. Además, contemplan cambios relacionados con la invalidación de resoluciones de calificación ambiental, medidas cautelares y la eliminación de algunos artículos del proyecto.
Durante la sesión, el senador Alfonso de Urresti afirmó que las intervenciones de especialistas, académicos y exautoridades aumentaron las preocupaciones respecto de la constitucionalidad de ciertas normas incluidas en la propuesta. Según explicó, algunas disposiciones podrían generar consecuencias patrimoniales para el Estado y entrar en conflicto con principios establecidos en la Constitución.
El parlamentario cuestionó especialmente la norma que establece eventuales compensaciones económicas cuando una resolución de calificación ambiental es invalidada, señalando que se trataría de una medida sin precedentes dentro del marco jurídico nacional. Además, indicó que distintos sectores han expresado reparos sobre el alcance de estas modificaciones.
De Urresti insistió en que las materias ambientales deberían ser separadas del proyecto principal para ser analizadas con mayor profundidad en la comisión correspondiente. Asimismo, confirmó que la oposición evalúa acudir al Tribunal Constitucional debido a los posibles cuestionamientos jurídicos que observan en la iniciativa.
Por su parte, el senador Ricardo Celis valoró la coordinación entre los parlamentarios para presentar las indicaciones conjuntas y sostuvo que el proyecto requiere modificaciones relevantes desde la perspectiva medioambiental. El legislador afirmó que los cambios relacionados con esta materia deben discutirse dentro de la Comisión de Medio Ambiente y no mediante otras instancias legislativas.
En tanto, el senador Diego Ibáñez criticó la propuesta que contempla la restitución de recursos a privados cuando se anula un permiso ambiental. A su juicio, esta medida podría debilitar los estándares de protección ambiental y generar un mecanismo de compensación estatal que favorecería a empresas afectadas por la invalidación de autorizaciones.
El parlamentario agregó que la oposición continuará revisando los alcances del proyecto y confirmó que se mantiene en análisis la posibilidad de presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por las normas relacionadas con resoluciones de calificación ambiental anuladas. (NP-ChatGPT-Emol)