Durante el gobierno del ex Presidente Gabriel Boric se publicaron entre 65 y 70 leyes de seguridad -incluida la creación de un nuevo ministerio-, pero la crisis siguió profundizándose hasta los extremos que padecemos hoy: en 2025 se registraron 94.874 delitos producto del crimen organizado, cifra que representa un incremento del 10% respecto de 2024 (Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián). Puede que esta cifra por sí sola no explique las razones que fundamentan el rechazo a la propuesta del gobierno en seguridad. Por ello vale la pena profundizar. Pero hagámoslo desde una perspectiva estratégico-política, es decir, imaginando a un gobierno de vocación antidemocrática con los nuevos poderes a su disposición.

De llegar a La Moneda algún presidente octubrista podría decretar estado de emergencia por ocho meses interceptando y restringiendo comunicaciones, las libertades personales de locomoción, asociación y reunión con el solo afán de perseguir a sus enemigos políticos. En otras palabras, el estado de excepción propuesto abre las puertas a un cambio de régimen desde uno democrático a otro totalitario, puesto que desaparecen no solo la libertad, sino la privacidad y, en consecuencia, todos los derechos fundamentales. Pero no necesariamente lo haría alguien con vocación antidemocrática. La falta de criterio político lo vivimos en pandemia. Chile fue uno de los países con las medidas más radicales del mundo. ¿Sabía usted que, de todos los países de la OCDE, el nuestro fue el que más tiempo dejó a los niños sin derecho a educación? Hay quienes sugieren que el propósito no era proteger a la ciudadanía de una enfermedad, sino a la democracia de la revolución octubrista, pero eso es harina de otro costal. Lo importante es que la experiencia nos muestra una total falta de respeto por parte de las autoridades políticas hacia los derechos fundamentales de los ciudadanos en determinadas circunstancias.

Quienes llevan cuatro años en dicha situación son los ciudadanos de La Araucanía y Biobío. Esta semana sumamos más de 70 renovaciones del estado de excepción como si fuera de lo más normal. ¿Hasta cuándo va a durar la excepción? Al parecer hasta que se ponga la banda presidencial alguien que tenga la voluntad de poder para asumir la responsabilidad que significa combatir al terrorismo. Porque, claramente, no se saca nada con renovar ad infinitum un estado que ya no tiene nada de excepcional si no existe la disposición a combatir fuego con fuego. La pregunta es entonces si el nuevo estado de excepción tiene sentido no solo cuando no existe la voluntad para ejercer el poder, sino que además si no arriesgamos su normalización.

Sabemos que la propuesta de seguridad del gobierno en malas manos puede transformarse en la institucionalización del totalitarismo. Hablamos de un cambio de régimen al que no se podrá oponer resistencia, puesto que, a diferencia de lo ocurrido con Allende en 1973, el avance totalitario será constitucional. Como si fuera poco, el nuevo estado de excepción podría ser declarado ante la mera “amenaza” a la seguridad pública. ¿Y cómo vamos a saber que estamos siendo amenazados si carecemos de una Agencia Nacional de Inteligencia y un sistema de contrainteligencia?

Mirando en detalle la propuesta usted me dirá que necesitamos un estatuto penitenciario diferenciado. Pero la verdad es que ya existe. Ni el plan Cancerbero ni el Repas (Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad) son inconstitucionales. Gendarmería ya aplica criterios técnicos para la segregación penal. Y si hay problemas con tribunales garantistas que impiden aislar y sancionar a los criminales, entonces la reforma debe hacerse a nivel del sistema procesal penal e institucional.

En lo que respecta al registro de organizaciones criminales previamente declaradas por el Presidente- ratificado por dos tercios del Senado y con informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional- es imposible negar su necesidad. Pero si al presidente del PNL le abrieron una causa en el Tribunal Constitucional e intentaron disolver su partido en el Servel solo por una entrevista en que declaró estar de acuerdo con quienes pidieron el pronunciamiento militar de 1973 para evitar que se consolidara el régimen totalitario de Allende, ¿se imagina lo que haría la izquierda antidemocrática con el poder de declarar “organización criminal” a la institución que le plazca?

Sí podríamos estar de acuerdo con agregar la seguridad pública a las bases de la institucionalidad de forma que se sea un deber estatal explícito, a pesar de que hay quienes lo consideran redundante por estar comprendido en el concepto de “seguridad nacional”. Sin embargo, mucho más importante para la recuperación de la salud institucional de Chile son las reformas que fortalezcan nuestra legislación frente a la intromisión de los organismos internacionales, el soft law y los amarres de tratados que atentan contra nuestra soberanía. En esa materia no se han dado ni siquiera los primeros pasos.

Finalmente, nada de lo que haga el gobierno en seguridad tiene sentido si el miedo está del lado de los miembros de nuestras FF.AA. y de Orden y las garantías de parte de los criminales. ¿Qué hacer? Urge la aprobación de la ley de indulto general, la reforma al sistema de nombramiento de jueces y fiscales, habilitando la acusación constitucional de estos últimos, y el fortalecimiento de carabineros manteniendo incólume su función en el resguardo del orden público dejando a las FF.AA. la protección de la seguridad nacional. (El Líbero)

Vanessa Kaiser