La delincuencia no se instaló en Chile de un día para otro. Fue un proceso que tomó años, que comenzó hace varios gobiernos. Es un fenómeno complejo, el resultado de la interacción de factores socioeconómicos, institucionales, culturales y globales, que afectan a muchos países. No es un asunto solamente local.

  • El crimen organizado llegó para quedarse, se adapta, evoluciona, recibe refuerzos porque la inmigración ilegal continúa, hay una gran cantidad de delincuentes con identidades desconocidas que no pueden ser rastreados. Cuenta con inmensos recursos económicos. Además, actúa en asociación con las bandas autóctonas que han aprendido sus tácticas, su “modus operandi”.
  • También es cierto que el Estado tiene serias limitaciones legales para combatir al crimen organizado, que la justicia es lenta y parsimoniosa ya que debe someterse a los procedimientos propios del Estado de Derecho democrático.
  • Que la experiencia ha demostrado que la contienda entre el Estado y el crimen organizado es desigual y que para nivelar la cancha se requieren medidas extraordinarias que podrían afectar ciertos derechos fundamentales.
  • Que los estados de excepción constitucional, que permiten la colaboración entre las policías y las fuerzas armadas han sido exitosos para disminuir significativamente, los homicidios, robos de maquinaria y madera, atentados incendiarios y las usurpaciones, en la Araucanía; y para reducir la inmigración ilegal en el norte. Que justamente  por eso el congreso los ha renovado más de sesenta veces.
  • Entonces, es legítimo preguntarse ¿por qué existe tanta reticencia para utilizarlos en los centros urbanos, incluyendo la Región Metropolitana, que es donde están los centros de operación de las bandas criminales y la mayor cantidad de delitos?

Facultades inéditas. Pienso que como sociedad no deberíamos dejar pasar la oportunidad de dotarnos de herramientas más eficaces para combatir al crimen organizado, considerando que hemos comprobado por la experiencia, que las que tenemos no son suficientes.

  • Este es el contexto en el que el gobierno ha desplegado su agenda de seguridad que incluye una reforma a la constitución que apunta en esa dirección; pero que, lamentablemente, altera dramáticamente el equilibrio entre los poderes del estado, confiriéndole al Presidente de la República facultades inéditas e irreversibles.
  • Porque una cosa es dotar al Estado de mejores instrumentos para combatir el crimen organizado y otra muy distinta es modificar la arquitectura constitucional para concentrar en el ejecutivo facultades que han estado desde siempre distribuidas entre el ejecutivo y el parlamento.
  • Se trata de un nuevo estado de excepción constitucional por razones de seguridad pública que faculta al jefe del estado, por sí y ante sí, para decretar un estado de emergencia, hasta por ocho meses, sin necesidad de solicitar la aprobación del parlamento.
  • Que le permite, entre otras cosas, interceptar las comunicaciones, restringir el derecho de reunión, libertades personales, detener personas, incautar y disponer de bienes, allanar sin orden judicial, bloquear cuentas corrientes, empleando para ello a las fuerzas armadas, que podrían quedar bajo el mando de un oficial de carabineros.
  • Convengamos que, dada la nueva realidad, no es descabellado, ni antidemocrático, que la sociedad esté dispuesta a aceptar restricciones transitorias para combatir el crimen organizado; siempre y cuando esa decisión cuente con la autorización del congreso, tenga bordes claramente establecidos, mecanismos de control y plazos razonables.

Cheque en blanco. Montesquieu escribió hace casi tres siglos que “todo hombre que tiene poder se ve inclinado a abusar de él si no encuentra un límite …y que para no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”.

  • Este es el fundamento de lo que hoy se conoce en la doctrina como los “Checks and balances” que implica que ningún poder debe disponer por si solo de todas las herramientas necesarias para imponer su voluntad.
  • Nuestra constitución sigue esa misma lógica, que es de la esencia de la democracia liberal representativa y, por tanto, incompatible con la propuesta del Presidente Kast, que le arrebata al poder legislativo su potestad de aprobar los estados de excepción constitucional, cuando conllevan limitaciones de derechos fundamentales.
  • Independientemente de nuestras inclinaciones ideológicas, la pregunta indispensable que debemos formularnos es ¿Qué ocurriría si el día de mañana ese poder extraordinario estuviera en manos de un presidente irresponsable, autoritario?
  • No estoy pensando en José Antonio Kast, sino en el presidente que todavía no conocemos.
  • Una persona con características completamente distintas, un “bad actor” para utilizar una expresión que, por desgracia, resulta cada vez más familiar en la política internacional. Alguien que considere a sus adversarios enemigos, que vea a la prensa crítica como una amenaza, que interprete las protestas como conspiraciones y que crea que haber obtenido una mayoría electoral le permite hacer cualquier cosa.
  • ¿Qué pasaría si ese Presidente pudiera declarar unilateralmente un estado de excepción durante ocho meses y disponer de facultades extraordinarias para detener personas, registrar domicilios, intervenir comunicaciones, restringir reuniones y desplegar militares?
  • ¡No podemos darle en “cheque en blanco” a ningún presidente!

No están los votos. La experiencia histórica enseña que las democracias rara vez mueren de un día para otro, sino que se deterioran mediante modificaciones constitucionales que van concentrando poder en el Ejecutivo, debilitando progresivamente los controles y haciendo cada vez más difícil que las instituciones puedan frenar los excesos del gobernante de turno.

  • Volviendo al proyecto del gobierno; es un hecho de la causa que no están los votos para aprobarlo en su versión original y que, como lo dejó claro el ministro Arrau, el gobierno tampoco se corta las venas por defenderlo tal como está. Lo que abre un escenario propicio para que en el congreso se hagan las modificaciones necesarias y se fortalezca la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia organizada. (Ex Ante)

Jorge Schaulshon