En una interesante columna publicada en El Mercurio Arturo Fontaine y Sergio Urzúa se preguntan por qué hubo apoyo ciudadano al estallido social, un respaldo que resultaba inexplicable en un país que en 2019 no pasaba por una recesión económica -el año anterior, el primero del segundo mandato de Sebastián Piñera, la economía había crecido un respetable 4%-, y cuyos indicadores no mostraban deterioros significativos, si es que alguno, de la situación social.

Los autores atribuyen el inesperado apoyo que brindó la ciudadanía a la más grave revuelta social desde el retorno de la democracia a un empeoramiento en las condiciones económicas que afectaron el presupuesto de los hogares y que estropearon las expectativas de progreso sobre todo de los más jóvenes, debilitando de paso la confianza en la democracia. Fontaine y Urzúa estiman que “una ruptura en la trayectoria económica y un impacto desproporcionado sobre las nuevas generaciones” provocaron el apoyo masivo a las manifestaciones -en su mayoría violentas- que se sucedieron por semanas y meses durante ese tiempo.

Con todo, la desaceleración que acumulaba la economía ya por algunos años no tuvo el tipo de efectos que produce típicamente una recesión. Ni el desempleo había experimentado un alza desusada, ni se observaba un alza de la inflación erosionando el poder adquisitivo de los asalariados a fines de la década pasada.

Los autores de la columna agregan otra causa: las “expectativas de prosperidad continua” de los chilenos. Al contrario del disparate que se proclamó en esos días -“no son 30 pesos, son 30 años de abuso”- el crecimiento sostenido de los gobiernos de la Concertación habría generado la ilusión de una expansión ininterrumpida del progreso y del bienestar. Cuando ésta se frenó en los años precedentes al estallido social las personas no ajustaron oportunamente su consumo a las restricciones del estancamiento económico, recurriendo a la deuda para mantener el nivel de bienestar de los años dorados.

Con todo, algo falta -más allá de la razón económica- para comprender cómo fue que la inusitada violencia, que se desplegó a sus anchas durante esos días aciagos, encontró respaldo mayoritario en la sociedad chilena. “Un Chile oscuro, violento y rabioso apareció de pronto. Ese país estaba allí, agazapado, bajo piel, bajo el suelo. No nació el 18 de octubre”. En esas palabras Ascanio Cavallo, de una columna suya en La Tercera, se intuye un factor causal de orden sociológico que también pudo contribuir a la violenta revuelta octubrista.

Cabe recordar que una serie de consignas extraordinariamente nocivas fueron difundidas con singular eficacia en la década pasada y creídas a pie firme por millones de ciudadanos en el país -sobre todo por los más jóvenes-, entre ellas, “el robo legalizado de las AFP”, “la Constitución tramposa” y la “desigualdad más alta del mundo”. Es difícil exagerar el efecto corrosivo que semejantes narrativas tuvieron sobre una comunidad que albergaba expectativas de prosperidad crecientes al mismo tiempo que se desaceleraba el crecimiento y languidecía la movilidad social.

Si estos fueron factores que contribuyeron a forjar el apoyo ciudadano al estallido social en 2019, cabe observar que ahora que se encuentran atenuados o, todavía más, invalidados, ya no podrían concurrir a fundar un apoyo semejante en el futuro previsible. De hecho, hace ya un tiempo que las expectativas de prosperidad han sufrido un vuelco y que las consignas -por ejemplo, “el robo legalizado de las AFP” o «la Constitución tramposa”- han quedado completamente desvirtuadas. De modo que un eventual respaldo a la violencia como respuesta a las demandas sociales tendría que fundarse en otros factores, de similar calado a los antes referidos, cuya formación o presencia no se advierte en el presente. (El Líbero)

Claudio Hohmann