Un recurso judicial presentado por el estudio HAZ Abogados abrió un nuevo frente en torno al cobro de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), cuestionando el actuar de la Tesorería General de la República. La acción, liderada por el abogado Héctor Anabalón, sostiene que el eventual embargo de bienes a deudores sería ilegal al utilizar mecanismos propios del ámbito tributario.
Los recursos de protección fueron ingresados ante la Corte de Apelaciones de San Miguel y apuntan directamente al procedimiento que busca aplicar la Tesorería, basado en normas del Código Tributario. Según los recurrentes, este mecanismo no corresponde, ya que el CAE es un crédito educacional regulado por la Ley N° 20.027, y no una deuda tributaria.
En esa línea, la presentación argumenta que la autoridad estaría aplicando un régimen de cobro excepcional, reservado para impuestos u obligaciones expresamente contempladas en dicho estatuto, lo que excedería sus facultades legales. Además, se sostiene que la normativa del CAE remite a procedimientos generales de cobranza judicial y extrajudicial, no al sistema abreviado que permite a la Tesorería ordenar embargos de forma directa.
Desde el estudio jurídico advierten que esta práctica convertiría a la Tesorería en un “supercobrador” sin respaldo legal explícito, al arrogarse atribuciones que no le corresponderían en el marco de este tipo de deuda.
Asimismo, el recurso plantea que la aplicación de estos mecanismos vulneraría garantías constitucionales, como el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, al someter a los deudores del CAE a un sistema de cobro más severo que el previsto en la legislación especial.
El caso abre un debate jurídico sobre los límites de las facultades del Estado en la recuperación de deudas educacionales y podría sentar un precedente relevante respecto del tratamiento legal de este tipo de obligaciones. (NP-ChatGPT-Bio Bio)