Lo que se ve es mucha parafernalia con la principal demanda de los chilenos. Acumulan frases como la de ser un perro para perseguir a la delincuencia (Gabriel Boric) o las 16 urgencias que le pondrán a medidas pro seguridad (ministra Segpres, el miércoles). Pero esta semana quedó al desnudo total, nuevamente, cómo la retórica del Presidente se disocia de sus acciones, sin que medie alguna explicación.
En el caso del cabo Alex Salazar, asesinado por un migrante, el Mandatario envió un tuit con sus sentidas condolencias a la familia. Y aprovechó de reiterar que “Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo”, a pesar de la solicitud de la viuda que nadie del Gobierno fuera al funeral de su esposo, o del llamado a legislar que hizo el general Director de Carabineros. Saliendo del hospital, donde agonizaba el cabo, el general Ricardo Yáñez pidió entregar “las herramientas suficientes para que el carabinero salga a trabajar con tranquilidad y pueda tener la certeza que lo que va a hacer no será cuestionado ni por el Ministerio Público ni por las autoridades ni por nadie”.
Venía ofuscado tras visitar al que se convertiría en el primer mártir de este año, en una institución que suma 891 lesionados en menos de tres meses.
Como diputado, Gabriel Boric tuiteó incesantemente contra los uniformados. En hora buena cambió, pero, ¿cuánto, si como Presidente, al terminar diciembre indultó a tres delincuentes (mimetizados de octubristas), que agredieron gravemente a policías? Uno de ellos dejó a una funcionaria de la PDI en silla de ruedas, atropellándola, igual que lo que sufrió el cabo Salazar, por quien tanto se condolió Boric.
Otros dos fueron condenados a 5 años, entre otros delitos, por lanzar molotov a carabineros. Además, a pesar de que Boric dijo entender la ofuscación del general Yáñez, quien enterró a 7 carabineros asesinados en 2022, el jefe de los uniformados igual fue llamado al orden por la ministra del Interior por deliberar, sin que lo acusaran directamente.
La misma disociación manifiesta La Moneda en materia de migración. Siempre abogaron por una política puertas abiertas que fueron entrecerrando a medida que se iban acercando a la segunda vuelta. Pero su as ganador era que los ingresos clandestinos se solucionaban con coordinación regional y que ellos sabrían hacerlo bien.
Pero pasó un año de Gobierno y éste no se coordinó con ninguno de los países que nos inundan con migrantes irregulares, según rebatieron al Presidente el canciller Iván Gil desde Venezuela y el viceministro de RR.EE., Freddy Mamani, desde La Paz. Peor aún, junto con asumir este Gobierno, el 28 de abril, el director nacional de migraciones, Luis Eduardo Thayer, dictó una resolución que prohíbe reconducir a Bolivia a personas que no sean de esa nacionalidad.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, por su parte, preocupada del tema que les devuelve solo desaprobación, señaló que habían heredado 20 mil expulsiones decretadas y no ejecutadas. Pero es evidente que más que falta de herramientas y vuelos contratados que esta administración canceló, se trata de un problema de falta de voluntad para actuar. Solo dos venezolanos fueron expulsados administrativamente en 2022 y en el mandato de Sebastián Piñera, en contraste, sumaron 2 mil.
El punto es cómo Boric va a convencer que empatiza con la principal preocupación de los chilenos, cuando frente a los insurgentes mapuches se ha limitado a prorrogar 19 veces el estado de excepción y a desplegar militares en el norte para contener los ingresos irregulares. Como si los uniformados fueran mentholatum para aliviar la falta de decisión.
Está la idea que se puede seguir surfeando la ola crítica de homicidios y delitos a punta de parches, convirtiendo la excepción, como es la presencia militar, en la situación permanente.
“Pongámonos serios”, como decía el ex Presidente Lagos. La fila de proyectos sobre seguridad en el Congreso, muchos de los cuales no han avanzado por la oposición oficialista a ello, no va a solucionar la crisis de seguridad si no se resuelve primero que no hay respaldo a las policías, pero sí a los delincuentes, como señalaron los familiares del uniformado asesinado. Ni siquiera hay acuerdo en Apruebo Dignidad para que los carabineros que usen sus armas en defensa de los ciudadanos o de su propia integridad no sean imputados por los fiscales, como sucede hoy, lo que les acarrea sumarios administrativos, ser suspendidos del servicio y no recibir remuneraciones.
Mientras no haya presunción de inocencia, también para la policía, y no solamente para los delincuentes, la violencia continuará reinando en Chile.
Si es efectivo que el ministro Marcel está flexibilizando sus propuestas maximalistas para lograr aprobar las reformas tributaria y previsional, el cambio de actitud debiera también extenderse al área de seguridad. Pero en forma decidida y sin las idas y vueltas que vemos todo el tiempo. Boric tiene que asumir el costo de explicar de una vez la actualización de su programa (como dijo Tohá) y exigir a sus socios no seguir con la cantinela del “sin renuncia” (vocera Vallejos) o “avanzar sin renunciar” (presidente del PC).
¿O prefiere seguir en esta ambigüedad que no convence ni a los propios ni a los ajenos mientras claman por decretar estado de sitio en el norte y en el sur? Si es así, entregará la banda a alguien que sí de certezas de que es creíble. (El Líbero)
Pilar Molina
