En los planteamientos sobre cómo mejorar los apoyos a los estudiantes de educación superior ha ido quedando claro que es injusto e inviable eliminar la gratuidad, pero es necesario analizar si el diseño actual de esas políticas es eficiente en el logro de los objetivos definidos, en un contexto de gran restricción de recursos públicos.
Lo mismo acerca de modificar el CAE, desde cambio de nombre (los símbolos importan) hasta lo relevante: resguardar la equidad y eficiencia en la asignación de recursos estatales y en el pago de lo adeudado. Los problemas de este instrumento se basan en la tasa única contingente al ingreso, las dificultades de los morosos para ponerse al día, los desincentivos a pagar y el alto gasto público que lo anterior conlleva.
Recientemente se ha planteado revisar con acuciosidad los antecedentes para obtener gratuidad, y otorgar facilidades para que los deudores impagos del CAE se pongan al día, con renegociaciones, ajustes de las cuotas, etcétera. Esas mejores condiciones son necesarias para reducir la altísima morosidad de esas deudas. Parece indispensable dejar claro que ese pago es una obligación, dado el extrañísimo caso (por darle un nombre ingenuo) de no cumplimiento de una ley por jueces, parlamentarios, personas con cargos públicos y profesionales de ingresos altos.
No obstante, el incentivo más significativo es informar la morosidad, como se hace con otras deudas. Ello es difícil, pero necesario. Es posible plantear condiciones distintas a las existentes para informar otras deudas. La definición puede ser con un plazo impago largo, considerando solo lo incumplido.
No es fácil hacerlo en nuestro sistema político, en el cual algunos señalan que “si una ley no me gusta no debe cumplirse”. Esta medida sería de lejos lo más importante para acercarse al objetivo, que es tener un mecanismo de financiamiento sostenible y equitativo.
Hugo Lavados Montes
Profesor titular Universidad San Sebastián
Exministro de Economía