La política oceánica y antártica siempre ha sido entendida y abordada en Chile como una política de Estado. En este Mes del Mar, me ha parecido oportuno referirme a algunos aspectos de ella desde una especial y personal perspectiva. Haber leído las memorias de doña Miti Marckmann, me permitió hacer un recorrido por la historia del expresidente Gabriel González Videla y apreciar cómo ella se entrelazaba con la vida de mi padre, Francisco Orrego Vicuña, fallecido en 2018. No solo había entre ellos afinidad y cercanía, sino que descubrí algunas coincidencias interesantes de destacar.
En el desarrollo del concepto de las 200 millas marítimas, González Videla tuvo una gran visión como estadista, pues consideraba la proyección marítima de nuestro país y la reclamación de la soberanía antártica chilena como elementos prioritarios y estratégicos en la política exterior de Chile. Es así como en julio de 1947 el entonces Presidente suscribía la Declaración Oficial de las 200 millas. Por su parte, el académico y diplomático no solo publicó muchas obras sobre el Derecho del Mar y la Antártica durante su vida, sino que también le tocó ser impulsor de una serie de iniciativas visionarias para la época. Ya en 1977, y a instancias del exministro Roberto Kelly, le tocaría participar en la elaboración de la primera política oceánica, generando así un importante marco de acción y una referencia para el futuro oceánico del país. Más tarde le correspondería negociar y suscribir, en 1982, la Convención sobre el Derecho del Mar (Convemar), considerado uno de los tratados más importantes del siglo XX, que recogió expresamente la tesis de las 200 millas a través de la Zona Económica Exclusiva.
Más adelante el exmandatario suscribe, junto a los gobiernos de Perú y Ecuador, la Declaración de Santiago de 1952, que lleva por nombre “Declaración sobre Zona Marítima”, sobre explotación y conservación de las riquezas marítimas, cuya validez —como acuerdos limítrofes— fue desconocida por Perú, décadas después, ante la Corte de La Haya, junto con el Convenio de 1954. En dicho caso, al jurista le correspondería integrar la Corte como juez ad-hoc, designado por el Estado chileno. En su fallo de 2014, la Corte terminaría reconociendo la validez de los acuerdos pesqueros de 1952 y 1954 entre ambos países como acuerdos limítrofes.
El expresidente tenía muy claro, asimismo, que la ley de las 200 millas no podía sino ir de la mano de la soberanía chilena sobre el territorio antártico. Estaban, a su juicio, indisolublemente unidas. Es por ello que organizó en 1948 una épica expedición al Continente Blanco, en una carrera por defender la reclamación de soberanía chilena frente a los ingleses, que lo transformó en el primer mandatario del mundo en pisar la Antártica, consolidando bajo su mandato la presencia de las bases de las Fuerzas Armadas. Más tarde el premio nacional de Ciencias Sociales haría lo propio con la elaboración de la política antártica chilena, luego de haber organizado en 1984 el primer seminario académico que se realiza —en la historia— en dicho continente. Dada su trascendencia, esta iniciativa fue incluida en la lista de expediciones científicas antárticas del Scott Polar Research Institute de la Universidad de Cambridge.
A través de la historia de estos dos personajes, ambos abogados de la Universidad de Chile, he querido destacar la importancia de mantener las políticas oceánicas y antárticas como políticas de Estado. A ambos debemos reconocerles un legado que, junto al aporte de otros destacados juristas chilenos, ha permitido que nuestro país sea un referente internacional en la materia.
Francisco Orrego B.
