El sector vivienda suele tener un alto protagonismo en las políticas gubernamentales, lo que probablemente se mantendrá en la administración del Presidente Kast.

Esta relevancia se debe a una combinación virtuosa. Por una parte, la vivienda tiene un rol social fundamental, pues el adecuado acceso a ella incide en el bienestar de las personas con efectos positivos en sus condiciones de salud, resultados educativos, inserción laboral y niveles de integración territorial. Y, a la vez, el sector habitacional es un motor clave para la actividad económica, representando en torno a 14% del PIB y generando alrededor del 9% del empleo total (cifras considerando a todo el sector construcción).

Por tanto, tiende a existir un apoyo transversal para destinar recursos públicos a vivienda, abarcando actualmente cerca del 6% del presupuesto público total.

Ese apoyo transversal, en todo caso, no asegura que el sector esté exento de controversias, como las asociadas a los retrasos en la reconstrucción post incendios. Pero, más allá de esa urgencia, existe un desafío clave, más estructural, que debe ser enfrentado: desde hace varios años Chile destina cada vez más recursos públicos a vivienda, pero entrega proporcionalmente menos soluciones. Es decir, ha aumentado fuertemente el costo unitario de las soluciones habitacionales, especialmente las que se entregan a los segmentos vulnerables de la población.

¿Por qué ha sucedido esto y cómo puede revertirse?

La respuesta es multicausal. En concreto, ha ocurrido un shock coyuntural asociado a la pandemia y a la inmigración, pero también existen tensiones más permanentes de escasez de suelo, aumento de costos de construcción y mayores exigencias regulatorias, todo lo cual configura hoy un escenario complejo.

La solución, desafiante, pasa por abordar varios nudos críticos (para mayor detalle se puede consultar el Boletín Voces del CEP N°24 de 2026):

1. Establecer reglas más claras y permisos más ágiles. El sector vivienda no es ajeno a la llamada “permisología”. El foco debiera estar en estandarizar procedimientos, fijar plazos y criterios explícitos, fortalecer capacidades en áreas más débiles -como las Direcciones de Obras Municipales-, incorporar herramientas digitales a la tramitación y mejorar la coordinación interinstitucional. Esto no supone relajar estándares urbanos ni ambientales, sino hacerlos más previsibles y consistentes.

2. Gestionar mejor el suelo disponible. La escasez de suelo urbano bien localizado es una restricción que presiona los precios y vuelve más rígida la oferta. Se debiera avanzar hacia una política de suelo más proactiva: gestionar y disponer de suelo público, promover asociaciones público-privadas y generar incentivos para orientar la planificación hacia mayores densidades urbanas. En este aspecto cabe recordar que la definición de uso de suelo es en gran parte materia de decisión política, ya sea de autoridades locales, como regionales y nacionales, las que en general no han tenido incentivos adecuados para aumentar la densidad en sus territorios o aumentar la superficie urbana.

3. Facilitar el financiamiento y mitigar riesgos. La experiencia pospandemia mostró cuán sensible es el mercado de vivienda a tasas y condiciones crediticias. Aunque hoy ya hay señales de normalización debido a la estabilización macroeconómica, persisten restricciones al crédito para hogares de ingresos medios y para proyectos con mayor riesgo. El lineamiento es reforzar mecanismos que compartan o reduzcan riesgo en ambos lados del mercado, combinando garantías estatales, ajustes a subsidios para mejorar el acceso al financiamiento y herramientas que aumenten la bancarización de proyectos.

4. Aumentar la productividad del sector construcción. La baja productividad eleva costos, reduce la capacidad de ajuste de la oferta y limita la producción sostenida de viviendas. Es necesaria una agenda de modernización del sector para lograr una mayor adopción tecnológica e industrialización, estandarización de diseños y procesos, capacitación y certificación de oficios, y mejores prácticas de gestión de proyectos para reducir retrasos, mermas y sobrecostos.

El alza observada del costo unitario de las soluciones habitacionales y el aumento de los recursos ya comprometidos de los presupuestos futuros del MINVU estresan aún más el escenario. Por tanto, se requiere, además, evaluar políticas innovadoras que reduzcan o al menos contengan los costos y que apalanquen financiamiento privado.

Por ejemplo, se podrían implementar concesiones para la construcción y gestión de viviendas destinadas al arriendo asequible. Asimismo, se pueden implementar subsidios de enlace que permitan a las familias partir arrendando y luego adquirir la propiedad.

A la vez, se debe tener en cuenta que más de un quinto de los hogares hoy son unipersonales, por lo que las viviendas sociales podrían reducir su cantidad de metros cuadrados para ese segmento. (Ex Ante)

Jorge Ramírez