Si algo marca hoy el debate público en Chile es la grieta entre la evidencia, la realidad y las ilusiones, sobre las cuales se fundan decisiones políticas. No se estrecha ante razones, indicadores o experiencias internacionales, y está cruzada por el desprecio a la opinión de los expertos, esos infames portadores de verdades que desarman hasta las mejores intenciones y, sobre todo, la demagogia.
Este voluntarismo ideológico empezó a asomarse hace varios años y en los últimos dos ha alcanzado niveles preocupantes. Porque no se queda en inflamados discursos o en los 280 caracteres para Twitter: se traduce en bloqueos a reformas clave, en malas leyes, injustas, regresivas o transgresoras de la institucionalidad (perdimos la cuenta de los proyectos de ley que avanzan campantes, para los cuales el Congreso no tiene facultades). La izquierda lleva una amplia ventaja en esta materia porque es más apegada a los dogmas y tiene una narrativa que empatiza con las emociones y omite la aburrida realidad.
Veamos algunos ejemplos en decisiones que está tomando el Congreso hoy.
En materia de pensiones, no hay en el mundo experiencias favorables a los sistemas de reparto. Los especialistas de casi todos los colores admiten que la mejor ecuación es ahorro individual, con aportes del empleador y del trabajador, y un pilar fiscal para asegurar rentas mínimas. Y que los fondos sean inteligentemente administrados, donde obtengan mejor rentabilidad. Todas esas evidencias, sin embargo, se estrellan contra una muralla de eslóganes y malas ideas, desde el “No + AFP”, hasta las propuestas de los presidenciables opositores que, palabras más, palabras menos, estatizan el ahorro de los trabajadores, ponen fin a la libertad de elegir quién lo administra y prohíben su inversión fuera del país.
Respecto del cuarto retiro, prácticamente todo el Congreso admite que es una pésima política pública, que afectará las pensiones, no beneficiará a los más vulnerables (que ya vaciaron sus cuentas) e impactará severamente la economía. Como ya no quedan argumentos para respaldarlo sin sonrojarse, se recurre a desacreditar al Banco Central por hacer su tarea y a las amenazas contra quienes han insinuado un rechazo (sí, tenemos parlamentarios que votan proyectos de ley amedrentados por las redes sociales).
En el proyecto de indulto a los “presos de la revuelta”, ninguna de las razones que han dado sus autores es real. Primero, no hay presos políticos en Chile, tal como lo han señalado la Corte Suprema, la fiscalía y todos los organismos internacionales acreditados en derechos humanos. Segundo: no es un indulto, para el cual se requiere una sentencia, sino una amnistía, que pone fin a toda acción penal. Y, la más burda de las evidencias, no son 800 las personas en prisión como reclaman los activistas del perdonazo a la violencia, sino 53, como señala el informe de la fiscalía y Gendarmería publicado la semana pasada.
Hay muchísimos otros temas secuestrados por el voluntarismo ideológico: el manejo de la pandemia, con una oposición que jamás ha reconocido los aciertos del Gobierno; la apertura de las escuelas, que le valió al ministro de Educación una acusación constitucional, o la reforma a las salas cuna, bloqueada por una izquierda que se niega a que coexistan establecimientos públicos y privados a disposición de los padres y madres trabajadores.
Esa grieta es la que está degradando la política y generando un daño que costará muchísimo revertir: la irresponsabilidad de quienes, conociendo los alcances de sus decisiones, prometen a los chilenos que las ilusiones serán más poderosas que la realidad y sus complejidades. (El Mercurio)
Isabel Plá
