«Es complejo, delicado». Esa fue parte de la reacción del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en torno a la detención de siete presuntos integrantes de una banda de narcotraficantes, de los cuales seis de ellos eran funcionarios del Ejército.
Se trata de suboficiales, dos sargentos y cuatro cabos, que cumplían funciones en la 2ª Brigada Acorazada «Cazadores» en Pozo Almonte y en el Centro Clínico Militar de Iquique.
Según datos de la investigación, la banda se dedicaba a la internación, ocultamiento y traslado de importantes cantidades de sustancias ilícitas hacia la Región Metropolitana.
El Ministerio Público señaló que el origen de la indagatoria fue una denuncia presentada por la propia institución castrense, a partir de antecedentes obtenidos en sus controles internos, y que contó con diligencias del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Tarapacá, con apoyo de la misma unidad de Antofagasta.
Dentro de las pesquisas, se hicieron interceptaciones telefónicas, vigilancias y seguimientos, y se logró establecer que los funcionarios de la brigada, junto a una civil financista -cónyuge del sindicado como líder de la organización- realizarían un traslado de droga durante estos últimos días.
Por lo mismo, Carabineros efectuó el seguimiento de los vehículos utilizados por la banda, de los cuales dos se encontraban acondicionados para el transporte y ocultamiento de la droga, y un tercero hacía de punta de lanza para evitar controles.
Así, se decomisaron 161,575 kilos de clorhidrato de cocaína y 29,86 kilos de pasta base, sustancias que equivalen a 498.266 dosis, avaluadas en más de $3 mil millones. Además, se incautaron los tres vehículos utilizados por la organización, $2,3 millones en efectivo y 146 cartuchos de munición de distintos calibres.
Los vehículos «fueron parte de la estrategia para comercializar esta droga, haciendo presente que esta se desplaza desde la Región de Tarapacá hacia la Metropolitana», aseguró el general director de Carabineros, Marcelo Araya.
ANÁLISIS DE CORDERO
En conversación con Radio Universo, el ministro Cordero calificó el suceso como «sensible», debido a que la banda «funciona como estructura criminal de transporte». Afirmó que «no sabemos los alcances» de la organización delictual, es decir, «quién es el que hace el punto de contacto y cuál es el punto de destino».
Calificando el episodio como «complejo, delicado», afirmó que la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, citó a los comandantes en jefe para abordar el episodio, ya que «esto afecta a una unidad militar que está en la zona fronteriza».
«Nosotros no tenemos registro de una estructura criminal de esas características dentro de una institución armada», aseveró el secretario de Estado.
Consultado sobre si una organización criminal extranjera permeó en el Ejército, dijo que se han utilizado «todas las técnicas de investigación, que están asociadas a la Ley 20.000 (que sanciona el tráfico de sustancias ilícitas), y también se incautaron computadores y teléfonos.
“Para una institución, reconocer que dentro de su fila, no es que tenga un par de personas que cometieron un delito, sino que tiene una estructura criminal, que amparado en la posición en la que se encontraban, desarrollaron este tipo de delitos, es extremadamente complejo. No sabemos los alcances”, planteó.
“Lo que nosotros tenemos acá es una organización criminal basada por un grupo de militares organizados que pertenecen a la misma unidad, en el transporte. No sabemos todavía, todavía no se va a divulgar si no se tome conocimiento, el punto de contacto de la elaboración y el punto de distribución”, informó Cordero.
El secretario de Estado enfatizó que esto es “complejo” y ”delicado” y que por ello, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, tomó la decisión de reunirse este miércoles próximo con los comandantes en jefe.
“Nosotros no tenemos registro de una estructura criminal de esas características dentro de una institución armada. Tenemos otro tipo de organizaciones o estructuras que han cometido delitos en interior de ellas, por ejemplo, en propósito de los temas de fraude, o bien que determinados funcionarios han participado de cohechos”, explicó.
Al ser consultado por más involucrados en el caso, Cordero añadió que en la investigación se incautaron computadores y teléfonos, señalando que “es probable que a partir de la incautación de esos medios, nosotros tengamos más información.
Así que es probable que a partir de la incautación de esos medios, nosotros tengamos más información. Hay un viejo dicho que dice que las armas las carga el diablo y si uno la actualizara hoy día, (agregaría a ese expresión) y los teléfonos también».
La detención de los imputados se amplió hasta el jueves, por lo que descartó entregar detalles en torno a la indagatoria. «La preocupación es cuál es el punto de contacto para que pudiera operar de esa manera y cuál era el destinatario final», añadió. (Emol Universo- La Tercera)
