La relación entre la función parlamentaria y la participación en sociedades, herencias y acciones que tiene casi la mitad de los miembros del Congreso Nacional pasó a ser prioridad número uno luego que el exministro de la Secretaría General de la Presidencia, Jorge Insunza, se refiriera a este fenómeno tras su alejamiento del cargo por culpa de la asesoría que prestó a una compañía minera siendo diputado y presidente de la comisión de Minería el año pasado, trabajos que facturó por intermedio de su propia empresa.
El hecho provocó que desde el mismo poder legislativo se presentaran ocho proyectos de ley que buscan que la labor de los honorables tenga «dedicación exclusiva», ante lo cual el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, anticipó que todas las iniciativas tendrán «suma urgencia» en su tramitación.
Sobre el éxito de esta discusión en el hemiciclo, el senador Pedro Araya recordó que «cuando intentamos introducir la dedicación exclusiva hace unos años perdimos la votación con un rechazo transversal. Por eso que ahora reiteraré la importancia que tiene la dedicación exclusiva para los parlamentarios, porque así se evitan los posibles conflictos de interés».
«Por ejemplo, cuando un legislador le presta servicios a un privado, obviamente en algún minuto puede terminar dictando normas que afecten al particular al que le están prestado el servicio. Lo bueno es que hoy existe un ánimo distinto para aprobar esta ley», indicó a Cambio21«.
Cabe mencionar que la iniciativa de Araya -que presentó como diputado en 2007 junto al actual presidente del Senado, Patricio Walker- establecía que «el cargo de senador y diputado es de dedicación exclusiva» y que «la ley orgánica del Congreso Nacional determinará la forma en que se ejercerá dicha exclusividad».
Sin embargo, la indicación fue rechazada luego de producirse tres votaciones sucesivas con empate, lo que echó abajo el proyecto, de acuerdo a lo que estipula el reglamento de la Cámara.
Como reacción, el entonces diputado Jorge Burgos (hoy ministro del Interior) repuso ese artículo en la sala de sesiones, pero sufrió un traspié en la votación. Tampoco se aprobó la elevación a rango constitucional de las sanciones para quienes votaran proyectos que puedan beneficiar a los congresistas o a sus parientes, ítem que sí aparece en la Ley Orgánica del Congreso, pero que no sanciona con la pérdida del escaño.
Al comienzo se había aprobado esta legislación, pero como se le sumaron tantos apéndices y sanciones respecto a la pérdida del cargo por comprometer el honor o la seguridad nacional y la inhabilitación por cinco años para postular a cargos de elección popular, que el mismo Gobierno retiró el artículo.
QUIÉNES SON
En cuanto a nombres, son 73 los parlamentarios que tienen en sus declaraciones de intereses su participación en sociedades, de acuerdo a lo publicado por La Tercera.
Son los senadores de RN Andrés Allamand y Baldo Prokurica, Hernán Larraín (UDI) e Ignacio Walker (DC), con 3; los DC Patricio Walker, Jorge Pizarro y Andrés Zaldívar, los RN Francisco Chahuán y Alberto Espina, los UDI Jacqueline Van Rysselberghe y Jaime Orpis, y Antonio Horvath (ex RN), con 2; y los PPD Felipe Harboe y Eugenio Tuma, Ena von Baer (UDI), Manuel Antonio Matta (DC) y Manuel José Ossandón (RN). Los UDI Juan Antonio Coloma y Alejandro García-Huidobro, poseen sociedades pero no especifican de qué tipo.
A su vez, por el lado de los diputados, José Antonio Kast (UDI) atesora 14 participaciones en sociedades, una agrícola y tres gastronómicas; Alberto Robles (PRSD) suma nueve sociedades, de las que tres aparecen «sin movimiento»; Germán Becker (RN) ocho; Ignacio Urrutia (UDI) siete; Ramón Barros (UDI) cuatro; Pedro Browne (Amplitud), Sergio Espejo (DC), Daniel Farcas (PPD), Hugo Gutiérrez (PC) y Andrea Molina (UDI) tres y Enrique Jaramillo (PPD) una (Colún a través de su cooperativa).
URRUTIA (UDI)
En conversación con este medio, el diputado de la UDI Ignacio Urrutia confirmó su participación en siete sociedades, pero negó tener la «administración en ninguna de ellas… creo que en una, pero que no tiene mayor importancia. Por lo tanto, siempre me he dedicado de forma exclusiva al Congreso. De hecho, las sociedades que tengo las manejan mis hermanos con mi mujer y con porcentajes de participación menores. Así que no tengo ningún problema».
Consultado por la manera que se trata el tema en los medios, el parlamentario no se anda con chicas: «A mí no me parece nada bueno. Encuentro fantástico poder tener patrimonio y es maravilloso que las personas pueden tener patrimonio. No entiendo por qué hay tanto escándalo. No puedo renegar de lo que tengo, al revés me siento muy orgulloso de lo que he logrado con mucho sacrificio y esfuerzo durante muchos años de trabajo».
«Una cosa muy distinta es sostener sociedades y otra cosa es que esas sociedades estén haciendo asesorías truchas a otras empresas, que es lo que hizo Insunza en la comisión de Minería. Yo no he hecho asesorías jamás a nadie, y menos truchas. Es imposible tener la conciencia más tranquila», insistió.
A juicio de Urrutia, «si esta cosa sigue escalando, al final vamos a terminar con indigentes en la Cámara de Diputados, porque nadie va a poder ser dueño de nada y al mismo tiempo ser parlamentario, lo que me parece verdaderamente ridículo».
«Yo no tengo problemas con las regulaciones y que la ley salga. Lo que no considero justo es que una persona no pueda tener patrimonio para ejercer un cargo público. Eso es una locura… Tampoco se puede ser profesional, porque se quedan todos afuera. Es insólito lo que se plantea, toda vez que yo me he dedicado de forma exclusiva a ser parlamentario durante los últimos 13 años y lo seguiré haciendo. Por lo que una ley a mí no me afecta en lo más mínimo», concluyó.
