Frente a los acontecimientos de los últimos días se ha impuesto entre políticos, analistas y periodistas, casi sin distinción, la tesis de que su causa estaría en un descontento social masivo que repentinamente desbordó toda racionalidad. Está por verse si se trata de una realidad tan evidente. En estas circunstancias, hay que sospechar o, al menos, ser escépticos frente a explicaciones simples que se abrazan con tanto entusiasmo. Diversos estudios sugieren que los niveles de satisfacción general —y respecto de diversos aspectos de la vida— son relativamente altos entre los chilenos. Esto se complementa con una sensación de progreso personal y con altas expectativas de progreso para los hijos. Es difícil pensar, si esta es la percepción, que pueda haber simultáneamente un elevado malestar social (sobre esta discusión ver, por ejemplo, “¿Malestar en Chile? Informe de Encuesta CEP 2016”).
Hay que complejizar las explicaciones. Ofrecemos una sin que pensemos que sea la única: la inefectividad de nuestro sistema político. La encuesta CEP, junto con otras, ha hecho ver el desprestigio creciente de muchas de las instituciones en Chile, entre ellas, el Congreso y los partidos políticos. Parte de ese desprestigio puede deberse a que en la política actual mucho es ruido y poco son nueces. El sistema político se percibe encerrado en disputas internas de todo orden, pero muy poco efectivo en llevar adelante soluciones a los problemas que aquejan a los chilenos. Esta falta de operatividad, de desempeño, se ha visto especialmente agudizada durante el actual gobierno que, al no contar con mayoría en ninguna de las dos Cámaras, no ha podido sacar adelante la agenda que propuso a la ciudadanía. Incluso el anterior, con mayoría evidente en el Congreso, tuvo dificultades para desarrollar su agenda y no logró ser particularmente efectivo.
Negociaciones más, negociaciones menos, el Gobierno puede argüir en última instancia que, elegido democráticamente, tiene el mandato soberano de llevar adelante su programa. Pero el Congreso, a su vez, puede responder que posee un mandato soberano tan legítimo como el presidencial, y que este lo obliga a oponerse a proyectos que, hecha la deliberación, juzga como un daño a la ciudadanía. Así, el sistema presidencial que rige en Chile pone en conflicto dos mandatos soberanos y no ofrece un mecanismo para solucionar la disputa. El resultado final está a la vista: lentitud legislativa, si no estancamiento, y masiva desconfianza en las instituciones políticas.
Cuidar la democracia requiere más que solo buenas intenciones. Si de verdad se quiere abordar el desprestigio creciente de la política, resulta indispensable moverse a un sistema político que se funde en un solo mandato soberano, esto es, un régimen parlamentario. (El Mercurio Cartas)
Ernesto Ayala
Lucas Sierra
Ricardo González
Harald Beyer
