En vilo se encuentran los más de 10 mil habitantes de la megatoma de San Antonio, Región de Valparaíso, luego de la resolución de la Corte de Apelaciones sobre el desalojo de los terrenos ocupados por el campamento más grande de Chile. La noticia es un duro golpe para los residentes, que advierten que podría generar una «crisis humanitaria» y enfrentamientos con las autoridades.
En detalle, el comunicado del tribunal ordenó una articulación entre la Municipalidad de San Antonio, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y Carabineros, para llevar a cabo la acción «de forma razonable y paulatinamente». Esto último causó sorpresa entre las partes, puesto que es primera vez que se ordena el auxilio de la fuerza pública para iniciar el desalojo.
El abogado Diego Pereira-Fontach, representante de la inmobiliaria San Antonio S.A., dueña del terreno usurpado, destacó a El Mercurio de Valparaíso que «celebramos la resolución, no sólo porque nos autorizaron el auxilio de la fuerza pública para llevar a cargo el desalojo, sino que además porque se fijó una fecha establecida, para el próximo jueves».
Por el contrario, la decisión de la corte causó conmoción en los ocupantes del campamento. Karina Ayala, vocera del Comité Nuevos Aires de la toma de San Antonio reconoció al medio citado que la noticia les «cae como un balde de agua fría, porque nosotros teníamos toda la ilusión y estábamos confiados en que las conversaciones que decía llevar el gobierno con los dueños iban bien. Esto de verdad que nos descoloca, nos preocupa, nos desespera».
Respecto al eventual desalojo de las 4 mil familias y cerca de 10 mil habitantes señaló que sería «una crisis humanitaria enorme, porque esa gente, la que hoy por hoy vive en los territorios, no tiene dónde ir».
De acuerdo a un catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el 70% del total de los habitantes de la toma tiene una situación de alta vulnerabilidad social y más del 90% no cuenta con segunda vivienda o un subsidio anterior. En tanto, se estima que el 87% de los ocupantes son chilenos. Otros dato relevante es que uno de cada tres habitantes es niño, niña o adolescente.
«Lo que se está haciendo ahora es hacer un enfrentamiento entre los pobladores y la fuerza pública, donde (habrá) más de algún herido, algún muerto. Toda esa responsabilidad de lo que pase aquí se le endosamos al gobierno, porque el gobierno no se puso los pantalones», expresó Ayala.
Por su parte, el Minvu realizó gestiones de último momento acercar posturas y encontrar una solución, para ello coordinó una reunión para el lunes con el propietario del terreno, el alcalde de San Antonio y el subsecretario del Interior. El ministro Carlos Montes espera que tras el encuentro «haya un acuerdo para darse un tiempo que permita construir las bases de un entendimiento, avanzar en este camino (…) Ojalá que el lunes haya un acuerdo con los propietarios».
No obstante, desde la inmobiliaria afirman que «no hay mayores expectativas» frente a esta reunión, pero que, pese a ello no se cierran en ningún momento a poder alcanzar un acuerdo. Pero, Pereira-Fontach fue enfático en indicar que «no vamos a aceptar negociar con los pobladores, porque, en definitiva, son personas que están actualmente cometiendo el delito de usurpación. Solamente aceptaremos sentarnos a negociar con el Estado».(Emol)
