La unidad de la nación chilena tampoco ha sido obstáculo para la incorporación de quienes se reconocen como indígenas. Hace un siglo, en 1924, fue elegido el primer diputado mapuche, y hasta el 73, siguieron su huella ocho más; también los hubo ministros de Estado. Con la recuperación de la democracia, la personalidad más paradigmática resulta ser Francisco Huenchumilla, abogado, quien se autoidentifica como mapuche, y que ha llegado a ser alcalde, intendente, subsecretario, ministro de Estado, diputado y senador, y quizás llegue a ser candidato presidencial como lo fue Yasna Provoste, quien se reconoce como diaguita, y ha sido gobernadora, intendente y ministra de Estado, diputada y senadora, ocupando la testera del Senado, y candidata presidencial por uno de los partidos políticos más influyentes de Chile, al que también pertenece Huenchumilla.
Sin embargo, la nación chilena, donde todos caben, ha sido sepultada en el texto constitucional que se someterá a plebiscito. Se ha declarado en cambio la plurinacionalidad con al menos once pueblos indígenas, pudiendo ser más a futuro, a los que se les lleva a la categoría de naciones.
A la nación indígena se pertenece según la raza. “Una sola sangre” proclamaba un lienzo en la reciente presentación del libro de Llaitul. Se trata de una concepción excluyente y esencialista de la nación. Además trae consigo una dimensión territorial, como de hecho lo consagra el texto constitucional, el cual establece que cada nación indígena en Chile posee un territorio propio (que no se ha delimitado, por cierto).
Cada territorio indígena, dice el texto propuesto, contará con autonomía política, administrativa y financiera, y con sistemas judiciales diferenciados, en los cuales se aplicará justicia según las normas consuetudinarias de cada pueblo, por las autoridades que ellos definan. Además podrán impartir justicia en su propio idioma, pues se señala que los idiomas indígenas son oficiales en sus territorios. Podemos pues imaginar qué sucederá cuando haya conflictos de menor cuantía entre chilenos no indígenas con indígenas en dichos territorios autónomos —un problema laboral, o vecinal, o callejero cualquiera— que será juzgado según la costumbre indígena, en idioma indígena, con nula posibilidad de defensa por parte del chileno no indígena.
De poco sirve que en el texto se reconozca la unidad del Estado, el cual ha quedado limitado, y obligado, a financiar a estas naciones: la educación, la salud, y los servicios públicos, e incluso el “ejercicio del derecho de autodeterminación” en “las autonomías territoriales indígenas”. El texto constitucional redactado por la Convención ha dejado subsistir el Estado pero ha suprimido la nación chilena, para instalar en su lugar a once naciones indígenas en territorios propios y autónomos.
La plurinacionalidad con pluriterritorialidad traerá consigo una espiral de violencia. Basta con imaginar la delimitación de los territorios de las naciones raciales indígenas, o los problemas que se levantarán entre el pueblo chileno no indígena y quienes se definan racialmente (“una sola sangre”) en los territorios que controlan.
Por cierto, posteriormente no será posible reformar este aspecto esencial de la Constitución propuesta, pues, según la misma, las naciones indígenas tendrán derecho a veto ante cualquier norma que las afecte. (El Mercurio)
Sofía Correa Sutil
Historiadora
