Un plan militar elaborado en España durante la crisis independentista de Cataluña de 2017 contemplaba operaciones psicológicas, acciones de influencia comunicacional y una estrategia destinada a fortalecer la legitimidad de una eventual intervención de las Fuerzas Armadas para frenar un proceso secesionista. El documento, denominado Reforzar Confianza, establecía como uno de sus objetivos fundamentales alcanzar la “superioridad en el entorno de la información”, según antecedentes revelados por el medio español The Objective.

El denominado Plan de Operaciones (OPLAN) número 00093 fue preparado por el Mando de Operaciones del Ministerio de Defensa, siguiendo instrucciones del entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), general Fernando Alejandre, en medio de las tensiones políticas e institucionales que marcaron el intento de independencia de Cataluña.

La planificación militar, cuyo contenido fue divulgado por The Objective este 2 de octubre de 2026, abordaba los distintos escenarios que podrían producirse ante una eventual intervención de las Fuerzas Armadas. Entre sus prioridades figuraba controlar el impacto comunicacional del despliegue, evitar el deterioro de la imagen institucional del Estado y contrarrestar los argumentos de los sectores independentistas, identificados en el documento como “actores opositores”.

Uno de los aspectos centrales del plan era la denominada lucha por la legitimidad, considerada tan relevante como el cumplimiento de las disposiciones legales. Los responsables de la operación estimaban que, además de justificar jurídicamente una eventual intervención, resultaba indispensable obtener respaldo social y evitar que las actuaciones militares fueran interpretadas como una respuesta represiva frente a las aspiraciones independentistas.

Para alcanzar ese propósito, el documento proponía utilizar el espacio electromagnético y el ciberespacio mediante acciones comunicacionales destinadas a reforzar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. También contemplaba difundir mensajes que destacaran la legalidad de la actuación militar y cuestionaran la legitimidad de las iniciativas secesionistas.

Según la planificación, el enfrentamiento informativo se desarrollaría principalmente en dos ámbitos: la legalidad y la legitimidad. Los autores del documento consideraban que el ordenamiento jurídico vigente respaldaba la actuación del Estado, mientras que los sectores independentistas intentarían justificar políticamente sus decisiones y desacreditar las medidas adoptadas por el Gobierno central.

El plan partía de la hipótesis de que una eventual intervención militar se produciría en un contexto de creciente tensión política, alarma social e inestabilidad, con manifestaciones que podrían pasar rápidamente de concentraciones pacíficas a episodios de violencia.

En ese escenario, los estrategas militares advertían que cualquier actuación de las tropas, incluso aquellas consideradas menores, podría adquirir una importante repercusión pública y ser utilizada por los independentistas para denunciar una supuesta represión estatal.

Por esa razón, se establecía la necesidad de evaluar previamente las consecuencias comunicacionales de cada operación, considerando tanto la cobertura de los medios tradicionales como la difusión de imágenes y mensajes a través de las redes sociales.

El OPLAN incluía, además, una clasificación detallada de los distintos sectores de la población según su posición frente al independentismo y su eventual reacción ante la presencia militar.

El primer grupo correspondía a las denominadas “audiencias hostiles”, integradas por personas comprometidas con la independencia de Cataluña. Los responsables de la planificación estimaban que sería difícil modificar sus posiciones en el corto plazo, aunque consideraban que las diferencias internas sobre los procedimientos y los plazos para alcanzar la independencia podían afectar su cohesión.

Una segunda categoría comprendía a las “audiencias neutrales”, formadas por ciudadanos que, sin compartir necesariamente los objetivos o métodos del independentismo, reconocían cierta legitimidad en sus demandas. Para los autores del documento, este sector requería especial atención, pues una intervención militar percibida como desproporcionada podía favorecer un acercamiento hacia las posiciones secesionistas.

Las llamadas “audiencias propias” agrupaban a quienes respaldaban la legitimidad del Estado para adoptar medidas frente al proceso independentista. Sin embargo, el análisis advertía que incluso entre estos sectores podían surgir cuestionamientos a la participación de las Fuerzas Armadas, especialmente si se producían actuaciones consideradas excesivas.

En consecuencia, el plan identificaba tanto a los ciudadanos neutrales como a los partidarios de la actuación estatal entre los destinatarios prioritarios de las estrategias de comunicación, mediante mensajes difundidos por medios informativos y plataformas digitales.

La planificación también prestaba especial atención a los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana, cuyos integrantes podían mantener posiciones diversas frente al conflicto político.

El documento consideraba que la aparente cohesión del cuerpo policial podía verse afectada mediante el respaldo a sus sectores críticos con las posiciones independentistas. Esa posibilidad aparecía incorporada al análisis de las acciones de influencia que podrían desarrollarse durante una eventual activación del operativo.

Otro de los públicos considerados estratégicos era la comunidad internacional, particularmente los gobiernos europeos, las organizaciones multilaterales y los medios de comunicación extranjeros.

Los responsables militares estimaban que la percepción internacional sobre la actuación del Estado español sería determinante para mantener su legitimidad exterior. En ese sentido, advertían que eventuales denuncias de vulneraciones de derechos civiles podían modificar las posiciones de actores internacionales y favorecer las demandas independentistas.

En materia de comunicaciones, el plan contemplaba una política informativa activa desde el momento en que las autoridades competentes ordenaran su puesta en marcha. El objetivo era mantener la iniciativa en la difusión de antecedentes sobre las operaciones militares y evitar que otras versiones de los acontecimientos dominaran el debate público.

Una de las medidas previstas consistía en registrar audiovisualmente todas las actividades desarrolladas por las unidades militares. Las grabaciones podrían utilizarse posteriormente para documentar las actuaciones y respaldar la posición institucional de que las Fuerzas Armadas operaban dentro del marco legal.

Pese a la amplitud de las estrategias comunicacionales propuestas, el documento prohibía expresamente las acciones de desinformación. No obstante, admitía la posibilidad de desarrollar operaciones psicológicas dirigidas a determinados sectores de la población, incluidos grupos independentistas, ciudadanos neutrales e integrantes de los Mossos d’Esquadra.

Estas operaciones requerirían autorización previa del jefe del Mando de Operaciones, de acuerdo con las condiciones establecidas en la planificación.

El momento considerado más delicado desde el punto de vista comunicacional era el inicio del despliegue militar. Los responsables del OPLAN advertían que la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas en espacios públicos podía generar inquietud entre los ciudadanos, poco habituados a observar unidades militares en las calles.

Para enfrentar ese escenario, se contemplaba preparar argumentarios oficiales y materiales informativos que explicaran las razones del despliegue, sus objetivos y el marco jurídico que respaldaría la intervención.

La estrategia también incluía acciones específicas de influencia mediante medios de comunicación de alcance nacional, destinadas a transmitir los fundamentos de la operación y reforzar la confianza en las instituciones estatales.

Las revelaciones se relacionan con la crisis política desencadenada por el referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017, declarado contrario a la Constitución por el Tribunal Constitucional español. Posteriormente, el Parlamento de Cataluña aprobó una declaración unilateral de independencia, mientras que el Estado respondió mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permitió intervenir temporalmente la autonomía catalana.

El plan Reforzar Confianza debe distinguirse de las medidas que efectivamente se aplicaron durante aquella crisis. Los antecedentes publicados describen una planificación para una eventual operación militar, pero no acreditan por sí mismos que las acciones psicológicas y de influencia contempladas en el documento hayan llegado a ejecutarse.

La información divulgada por The Objective permite conocer el alcance de los preparativos del Ministerio de Defensa ante un eventual agravamiento del conflicto territorial. En particular, muestra la importancia que los responsables militares atribuían al control del entorno informativo, la percepción ciudadana y el respaldo internacional como elementos estratégicos para una intervención de las Fuerzas Armadas. (NP-ChatGPT-Pablo Muñoz-The Objective– OPLAN 00093)