El plan “Chile despega con más pega”, presentado por el gobierno del presidente José Antonio Kast para enfrentar el aumento del desempleo, generó coincidencias entre representantes del oficialismo y la oposición respecto de la necesidad de estimular la contratación y la inversión, aunque también abrió diferencias sobre el diagnóstico de la crisis laboral y las condiciones bajo las cuales deberían aplicarse las medidas.

La iniciativa contempla movilizar $1,3 billones mediante subsidios a la contratación, proyectos de infraestructura pública y vivienda, además de garantías crediticias a través del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape). El Ejecutivo ha planteado como objetivo generar 100 mil puestos de trabajo en un escenario en que la tasa de desocupación se encuentra en 9,5% y cerca de un millón de personas están desempleadas.

El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, valoró la orientación general de la propuesta y aseguró que la oposición debe contribuir a enfrentar el deterioro del mercado laboral.

“Chile está en una grave y profunda crisis laboral y económica. Desde la oposición tenemos que ser parte de la solución y no del problema”, afirmó durante su participación en El Primer Café de radio Cooperativa.

Soto sostuvo que las medidas anunciadas avanzan en la dirección adecuada y calificó la iniciativa como “profundamente progresista”, debido al papel que asigna al Estado en la recuperación del empleo.

A juicio del parlamentario, el programa se sustenta en tres componentes centrales: subsidios estatales, inversión pública y respaldo a las pequeñas y medianas empresas. Según su interpretación, esa combinación supone un cambio respecto de posiciones anteriores del oficialismo sobre el papel estatal en la economía.

“En esta materia veo un cambio de eje, veo una renuncia a posiciones más extremas, más simbólicas, más ideológicas”, señaló Soto.

El diputado planteó, sin embargo, que ese respaldo no significa que la oposición esté disponible para revisar derechos laborales aprobados durante administraciones anteriores. Mencionó específicamente la jornada laboral de 40 horas y las indemnizaciones por años de servicio.

Soto afirmó que cualquier discusión sobre flexibilidad o adaptabilidad laboral deberá mantener un equilibrio con la protección de los trabajadores. A su juicio, el programa anunciado por La Moneda adopta una orientación más pragmática al utilizar recursos públicos para estimular simultáneamente la economía y el empleo.

Desde el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero rechazó que la utilización de subsidios e inversión estatal represente un giro ideológico del Gobierno. Según sostuvo, las medidas deben entenderse como una respuesta extraordinaria frente a una situación de emergencia laboral y no como una modificación del modelo económico defendido por el oficialismo.

“El crecimiento económico es el que da los empleos a largo plazo. El Estado no puede sostener eternamente una economía, sino que es la creatividad, la inversión privada, las pymes los que generan el trabajo en Chile”, señaló.

Romero definió “Chile despega con más pega” como un mecanismo transitorio entre la actual emergencia laboral y el momento en que otras políticas económicas del Ejecutivo comiencen a traducirse en mayor inversión y contratación.

“Este plan Chile Despega es un puente entre la emergencia de empleo y el momento en que esas políticas que generan empleo con buenas remuneraciones en el largo plazo se empiezan también a materializar”, afirmó.

El parlamentario republicano también responsabilizó a políticas adoptadas durante el gobierno anterior por parte de las dificultades que enfrentan actualmente las empresas para contratar. Mencionó entre ellas la reducción de la jornada a 40 horas y los aumentos del salario mínimo, medidas que, según su interpretación, elevaron los costos para las pequeñas y medianas empresas.

Ese diagnóstico fue rechazado desde sectores de oposición. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que su colectividad respaldará medidas destinadas a recuperar la actividad económica, pero advirtió que estas no deberían implicar reducciones salariales ni un deterioro de las condiciones laborales.

“Vamos a estar muy atentos a que no sea a costa ni del salario de los trabajadores ni de las condiciones de estabilidad laboral que hacen falta consolidar, porque no puede ser que sobre la espalda de ellos cargue cualquier ajuste”, sostuvo.

Carmona destacó especialmente el potencial de las obras públicas y de proyectos relacionados con áreas como salud y educación para generar contratación y estimular otras actividades económicas.

El dirigente comunista pidió además cautela al evaluar la magnitud de los $1,3 billones anunciados por el Ejecutivo. Según señaló, una parte de esa cifra no correspondería a gasto público adicional destinado directamente a la generación de nuevos empleos.

Carmona sostuvo que aproximadamente $430 mil millones incluidos en el anuncio corresponden a conceptos como pago de obligaciones con proveedores de salud y capitalización del Fogape. También pidió precisar el período durante el cual el Gobierno espera alcanzar los 100 mil puestos de trabajo anunciados.

La comparación entre esa meta y la magnitud de la desocupación constituye uno de los aspectos centrales del debate. El dirigente comunista recordó que el país registra cerca de un millón de desempleados, mientras el objetivo gubernamental considera 100 mil puestos laborales, y señaló que todavía debe precisarse el horizonte temporal en que se espera alcanzar esa cifra.

Desde Renovación Nacional, en tanto, el diputado Luis Pardo respaldó la iniciativa y sostuvo que varias de sus medidas coinciden con propuestas formuladas anteriormente por su colectividad.

Pardo afirmó que el programa debe funcionar como una respuesta inmediata mientras comienzan a observarse los efectos de otras reformas económicas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la denominada ley de Reconstrucción Nacional.

“El Gobierno está efectivamente implementando un plan integral para la recuperación del empleo”, manifestó el parlamentario, quien también calificó la iniciativa como un “puente” entre el actual escenario de desocupación y los efectos que el oficialismo espera de sus reformas estructurales.

El diputado destacó particularmente la ejecución de proyectos de obras públicas y vivienda por su capacidad para estimular rápidamente la actividad económica y generar demanda por trabajadores. También valoró la utilización de subsidios directos a la contratación.

Pese a las diferencias sobre las causas de la crisis laboral y el papel que debe desempeñar el Estado, las intervenciones de Soto, Romero, Carmona y Pardo muestran coincidencias en torno a la necesidad inmediata de adoptar medidas para recuperar el empleo.

Las diferencias se concentran principalmente en el diagnóstico y en las condiciones de implementación. Mientras parlamentarios oficialistas ponen énfasis en el crecimiento económico, la inversión privada y el carácter transitorio de la intervención estatal, representantes opositores demandan preservar las reformas laborales vigentes y evaluar cuánto del financiamiento anunciado constituye efectivamente nuevos recursos para estimular la contratación.

El Gobierno deberá además demostrar el efecto concreto de los distintos componentes del programa. La cifra global de $1,3 billones combina instrumentos de naturaleza diferente, desde inversión y subsidios hasta garantías financieras, por lo que su impacto sobre el empleo dependerá de la ejecución efectiva de los proyectos, de la utilización de los beneficios por parte de las empresas y de la evolución general de la economía.

La meta de crear 100 mil puestos de trabajo también estará sometida a evaluación en los próximos meses, especialmente frente a una tasa de desocupación de 9,5%. El debate político se trasladará ahora desde el anuncio de los recursos hacia su implementación y hacia la capacidad del programa de convertir inversión, subsidios y financiamiento en nuevas contrataciones. (NP-ChatGPT-Cooperativa)