El plan de ajuste fiscal impulsado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comenzó a materializarse esta semana, generando fuertes cuestionamientos tanto en la oposición como en sectores del oficialismo, ante el alcance de los recortes propuestos.
La estrategia contempla la revisión de cerca de 260 programas estatales, con reducciones que podrían llegar hasta un 15% en algunos casos. Entre las iniciativas evaluadas figuran políticas sensibles, incluyendo la Pensión Garantizada Universal, lo que ha tensionado el debate político debido a compromisos previos del presidente José Antonio Kast durante su campaña.
Las primeras señales concretas surgieron en el Ministerio de Desarrollo Social, donde se confirmaron ajustes al programa de apoyo a recién nacidos, conocido como ajuar, junto a otras iniciativas dirigidas a sectores vulnerables y prestaciones administradas por el Instituto de Previsión Social.
El ámbito educacional también se vería afectado, con eventuales recortes a becas estudiantiles y programas emblemáticos, además de iniciativas de divulgación científica y apoyo productivo. Organismos como Corfo y programas de financiamiento para pequeñas empresas entrarían en la revisión presupuestaria.
La posible inclusión de la PGU en este proceso ha sido uno de los puntos más sensibles, ya que su eventual modificación impactaría directamente en los ingresos de adultos mayores y en la credibilidad del Ejecutivo frente a sus promesas.
El ajuste fiscal además se extendería a áreas como seguridad, deportes, políticas de género y transporte, en un esfuerzo transversal por contener el gasto público.
Desde el Gobierno han defendido la medida como parte de un proceso necesario para ordenar las finanzas del Estado, aunque el desafío político radica en equilibrar la disciplina fiscal con el impacto social y la percepción ciudadana en torno a los recortes. (NP-ChatGPT-Bio Bio)