El gobierno del Presidente Gustavo Petro publicó esta semana un decreto que obliga a las administradoras privadas de pensiones a transferir más de US$ 7.000 millones al fondo estatal Colpensiones. La medida afecta a cerca de 119 mil personas que migraron desde el sistema privado al público tras la difusión de la reforma previsional en 2024.
La normativa establece que las AFP deberán traspasar el 50% de los recursos en un plazo de 20 días hábiles desde la entrada en vigor del decreto, mientras que el porcentaje restante deberá ser transferido en los diez días siguientes. La disposición ha generado amplio debate en Colombia por sus posibles efectos en los ahorros previsionales.
Desde el sector privado, el presidente de Asofondos, Andrés Mauricio Velasco, cuestionó la medida y advirtió que podría impactar negativamente en la rentabilidad de los fondos. Según explicó, la decisión implicaría retirar ahorros de los trabajadores, lo que afectaría la generación de intereses necesarios para asegurar pensiones en el largo plazo.
El dirigente también puso en duda la legalidad y la justificación financiera del decreto, señalando que organismos como la Contraloría y el Banco de la República no tendrían claridad sobre su validez. Asimismo, afirmó que Colpensiones estaría recibiendo más recursos de los que actualmente requiere para el pago de jubilaciones.
El decreto se enmarca en el proceso de transformación del sistema previsional impulsado por el Ejecutivo colombiano, iniciativa que ha generado posiciones encontradas entre el Gobierno, expertos y actores del mercado financiero. (NP-ChatGPT-Emol-Agencias)