El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró que existe cierto consenso entre parlamentarios respecto de algunos de los principales objetivos de la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno y reiteró la disposición del Ejecutivo a introducir modificaciones durante su tramitación.

El secretario de Estado señaló este miércoles que el Gobierno ha sostenido reuniones con senadores, diputados, presidentes de partidos y expertos constitucionales para analizar la iniciativa. Según indicó, aspectos relacionados con el combate al crimen organizado, la identificación de organizaciones y las modificaciones al sistema penitenciario han encontrado puntos de coincidencia entre distintos sectores.

Arrau reconoció, sin embargo, que existen materias que requieren ajustes, particularmente los mecanismos de control y los plazos contemplados en el proyecto. Debido a ello, anunció que el Ejecutivo disminuirá el nivel de urgencia de la reforma para entregar más tiempo al debate parlamentario.

Pese a esta decisión, el ministro manifestó que el objetivo del Gobierno es que la iniciativa complete su tramitación hacia fines de año. Agregó que, en conversaciones privadas, senadores de distintos sectores han mostrado disposición a dialogar y avanzar en modificaciones que permitan perfeccionar el proyecto.

Uno de los aspectos que ha generado mayores cuestionamientos es la duración propuesta para el estado de excepción constitucional. Arrau afirmó que este punto no constituye una “línea roja” para el Ejecutivo y que el Gobierno está dispuesto a reducir los plazos e incluso mantener una fórmula similar a la existente actualmente.

La administración también está disponible para revisar las disposiciones relacionadas con la interceptación de telecomunicaciones. Según el ministro, esa materia puede ser moderada y discutida durante la tramitación, mientras que el resto de las modificaciones pendientes corresponderían a ajustes de menor alcance.

Arrau descartó, no obstante, que las conversaciones técnicas hayan conducido a abandonar por completo la propuesta de establecer un nuevo estado de excepción. Según sostuvo, parlamentarios de diferentes sectores coinciden en la necesidad de disponer de una herramienta constitucional que permita intervenir temporalmente barrios o zonas específicas donde exista una fuerte presencia del crimen organizado.

El ministro planteó que este mecanismo debería permitir una intervención intensiva, acotada y transitoria en sectores determinados. La fórmula definitiva, agregó, será parte de las negociaciones que el Ejecutivo continuará desarrollando con las distintas fuerzas políticas.

En ese contexto, Arrau mencionó que durante los últimos años los propios parlamentarios han presentado diferentes propuestas relacionadas con estados de excepción constitucional, lo que, a su juicio, demuestra que existe coincidencia respecto de la necesidad de buscar nuevas herramientas para enfrentar determinados escenarios de seguridad.

El titular de Seguridad Pública agradeció la disposición mostrada por los legisladores y confirmó que durante la próxima semana se reducirá la urgencia legislativa de la reforma, permitiendo ampliar las conversaciones en el Congreso en medio de los cuestionamientos surgidos tanto desde sectores oficialistas como opositores.

Arrau también buscó situar la discusión dentro de una agenda de seguridad más amplia. Recordó que el Ejecutivo mantiene otros proyectos considerados prioritarios relacionados con migración, retención de inmigrantes, reglas de uso de la fuerza y protección de las policías.

Según explicó, varias de esas iniciativas mantienen un nivel máximo de urgencia legislativa, mientras que la reforma constitucional avanzará a un ritmo más pausado para facilitar la búsqueda de acuerdos y realizar los cambios que sean necesarios antes de su eventual aprobación.

SENADOR NUÑEZ (PC) DA POR MUERTA LA REFORMA

El senador Daniel Núñez (PC) aseguró que la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno se encuentra políticamente “muerta” y lanzó fuertes críticas contra el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, a quien acusó de intentar recuperar propuestas que fueron rechazadas durante el segundo proceso constitucional.

En entrevista con Radio Infinita, el parlamentario comunista sostuvo que la iniciativa presenta, a su juicio, “claros tintes autoritarios” y afirmó que no observa condiciones políticas para que pueda avanzar en el Congreso.

Núñez endureció sus cuestionamientos contra Arrau al comparar su actuación con la de un ministro de la dictadura de Augusto Pinochet. El senador sostuvo que algunas disposiciones de la reforma buscarían castigar la disidencia y afectar a quienes manifiesten posiciones diferentes.

El legislador utilizó además una expresión despectiva para cuestionar la elaboración del proyecto, al señalar que desconocía “qué estaba fumando” el ministro cuando preparó la propuesta constitucional.

Más allá de sus críticas al contenido de la iniciativa, Núñez argumentó que el principal obstáculo para el Gobierno se encuentra en la correlación de fuerzas dentro del Senado. La reforma necesita 29 votos para su aprobación, cifra que, según el parlamentario, el Ejecutivo no estaría en condiciones de alcanzar.

El senador afirmó que, si los 23 parlamentarios opositores mantienen una posición común frente al proyecto, el oficialismo no dispondría de los respaldos suficientes para cumplir con el quórum requerido. Por esa razón, insistió en que la reforma ya habría quedado sin viabilidad política.

Núñez también relacionó la iniciativa con la participación de Arrau en el segundo proceso constitucional. El actual ministro integró el Consejo Constitucional encargado de elaborar la propuesta de nueva Carta Fundamental que posteriormente fue rechazada por la ciudadanía en el plebiscito.

Según el senador comunista, varias de las ideas incorporadas en la actual reforma de seguridad tendrían antecedentes en aquel proceso. A su juicio, Arrau habría encontrado en la iniciativa gubernamental una oportunidad para volver a impulsar planteamientos que no consiguieron respaldo electoral.

Núñez llegó a describir la propuesta como una suerte de “proceso constitucional exprés”, argumentando que mediante una reforma sectorial se estarían intentando incorporar disposiciones previamente planteadas en la discusión constitucional.

El ministro Martín Arrau respondió posteriormente a los cuestionamientos y evitó profundizar la controversia personal con el senador. La autoridad calificó las declaraciones de Núñez como “bastante fuera de lugar” y señaló que no entraría en una disputa pública por esos dichos.

Arrau defendió el contenido de la iniciativa y sostuvo que las facultades contempladas en ella tienen antecedentes tanto en los estados de excepción constitucional actualmente vigentes como en proyectos que anteriormente han sido presentados por parlamentarios.

El secretario de Estado interpretó las declaraciones del senador como un intento por generar polémica y aseguró que el Ejecutivo no participará de ese tipo de confrontación.

El cruce ocurre mientras el Gobierno intenta abrir espacios de negociación para modificar la reforma. Arrau ha señalado que el Ejecutivo está disponible para revisar aspectos cuestionados, entre ellos la extensión de los estados de excepción y las facultades relacionadas con la interceptación de telecomunicaciones, en busca de acuerdos que permitan mantener la tramitación de la iniciativa. (NP-ChatGPT-Bio Bio)