El candidato presidencial de izquierda, Roberto Sánchez, denunció este martes la existencia de un supuesto “fraude en desarrollo” en la segunda vuelta presidencial de Perú y anunció que no reconocerá como presidenta a Keiko Fujimori si es proclamada ganadora. El aspirante realizó las acusaciones sin presentar pruebas que acrediten una manipulación del proceso electoral.

Sánchez cuestionó especialmente el sistema utilizado para contabilizar los votos emitidos por los peruanos en el extranjero. A su juicio, la decisión de trasladar físicamente las actas consulares a Lima, en lugar de remitir sus resultados de forma digital, vulneró la normativa electoral y afectó la transparencia del escrutinio.

Con el 99,71% de las mesas escrutadas, Keiko Fujimori obtenía el 50,11% de los votos válidos, frente al 49,88% alcanzado por Roberto Sánchez, con una diferencia de 40.468 sufragios. Sin embargo, el candidato sostuvo que, al excluir los votos provenientes del exterior, él obtendría una estrecha ventaja sobre su contendora.

El abanderado de Juntos por el Perú afirmó que el traslado de las actas desde los consulados se realizó sin garantías suficientes para resguardar su integridad y responsabilizó al Ministerio de Relaciones Exteriores por la modificación del procedimiento. Además, acusó al canciller Carlos Pareja de favorecer al partido Fuerza Popular, liderado por Fujimori.

Pese a las denuncias, el cambio en el mecanismo de envío de las actas había sido informado con anterioridad a la elección y no fue objetado previamente por Sánchez ni por su partido. Asimismo, las misiones internacionales de observación electoral no han informado irregularidades que permitan sostener la existencia de un fraude.

El candidato señaló que solicitará al Jurado Nacional de Elecciones la anulación de los votos emitidos en el extranjero y advirtió que, si esa petición no prospera, considerará consumado el supuesto fraude. En ese escenario, afirmó que no reconocerá un eventual gobierno encabezado por Keiko Fujimori y llamó a sus seguidores a movilizarse pacíficamente para defender la democracia.

Paralelamente, Juntos por el Perú presentó una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja, solicitando su inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años. El ministro rechazó las acusaciones y sostuvo que su participación se limitó a labores logísticas y consulares coordinadas con los organismos electorales. (NP-ChatGPT-Emol-Agencias)