El grupo empresarial peruano Gloria reconoció el pago de 200.000 euros al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por labores de asesoría e intermediación vinculadas a una disputa económica con el Estado boliviano, aunque descartó que la contratación tuviera objetivos ilícitos o buscara influir en procesos judiciales.

A través de una comunicación enviada a la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú, la compañía explicó que recurrió a los servicios del exmandatario español para facilitar conversaciones entre representantes del grupo y autoridades de Bolivia, con el propósito de avanzar en el pago de una indemnización pendiente desde hace 16 años.

El conflicto se originó tras la expropiación de la participación que mantenía la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), filial del conglomerado peruano, en la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), donde poseía el 33% de las acciones.

Según Gloria, la intervención de Rodríguez Zapatero estuvo limitada a promover un acuerdo entre las partes para resolver la deuda derivada de la expropiación, objetivo que finalmente no se concretó. La empresa aseguró que la obligación económica del Estado boliviano continúa pendiente.

El conglomerado rechazó las versiones que apuntan a una eventual interferencia del exjefe de Gobierno español en causas judiciales abiertas en Bolivia y afirmó que sus gestiones se realizaron por vías institucionales y separadas de cualquier litigio.

La compañía también recordó que, en paralelo a sus reclamos por la indemnización, Soboce enfrentó una demanda por competencia desleal que terminó con una condena al pago de una millonaria suma, situación que el grupo interpreta como parte de las dificultades para resolver el conflicto.

La explicación de Gloria surge luego de que la investigación judicial abierta en España contra Rodríguez Zapatero incorporara una nueva línea relacionada con sus gestiones en Bolivia. La Policía española indaga si los pagos efectuados entre 2024 y 2025 correspondieron realmente a servicios de asesoría o si fueron utilizados para justificar eventuales influencias políticas.

El expresidente español se encuentra imputado en la Audiencia Nacional dentro de la investigación del denominado caso Plus Ultra, relacionado con la ayuda pública otorgada a esa aerolínea en 2021. En ese contexto, los investigadores analizan además otros vínculos empresariales y gestiones internacionales realizadas por el exmandatario.

El Grupo Gloria, propietario en Chile de Soprole, insistió en que sus actuaciones fueron legítimas y orientadas exclusivamente a buscar una solución a una controversia económica de larga data con el Estado boliviano.