El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú afirmó este sábado que la opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que calificó como arbitraria la detención del expresidente Pedro Castillo y solicitó su liberación, no constituye una decisión obligatoria para el Estado peruano.
A través de un comunicado, la Cancillería sostuvo que los pronunciamientos de este organismo no tienen la naturaleza jurídica de una sentencia internacional ni corresponden a resoluciones jurisdiccionales vinculantes, por lo que no generan efectos directos sobre el ordenamiento jurídico interno ni modifican las decisiones adoptadas por las autoridades competentes del país.
El ministerio explicó que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria es un mecanismo especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, integrado por expertos independientes que analizan casos individuales y formulan opiniones y recomendaciones destinadas a promover el diálogo y la cooperación internacional en materia de derechos humanos.
La aclaración del Gobierno peruano se produjo luego de que el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, presentara un recurso de hábeas corpus solicitando la libertad inmediata del exmandatario, basándose en el reciente pronunciamiento del organismo de Naciones Unidas.
La defensa también solicitó la nulidad de diversas actuaciones judiciales, entre ellas las resoluciones que decretaron la prisión preventiva de Castillo y la sentencia de primera instancia que lo condenó a once años de cárcel por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. Asimismo, pidió dejar sin efecto la decisión del Congreso que declaró la vacancia presidencial por incapacidad moral, argumentando que se vulneró el derecho a defensa del exjefe de Estado.
El recurso identifica como responsables de la presunta vulneración de derechos al presidente interino José María Balcázar, al ministro de Justicia, al Congreso, a magistrados de la Corte Suprema y al Ministerio Público.
Consultado sobre el dictamen de la ONU, el presidente Balcázar señaló que el documento podría modificar el escenario jurídico respecto de una eventual solicitud de indulto para Pedro Castillo. No obstante, precisó que cualquier petición deberá ser analizada por el Ministerio de Justicia antes de adoptar una decisión.
En paralelo, partidarios del exmandatario realizaron una manifestación frente al penal de Barbadillo, donde Castillo cumple su condena, exigiendo su liberación. Los organizadores anunciaron una nueva movilización para los próximos días con el objetivo de respaldar la solicitud presentada por su defensa. (NP-ChatGPT-Emol-Agencias)
