Puede que las encuestas no siempre sean predictoras exactas de futuros resultados electorales, pero por lo general son una buena fuente para evaluar las tendencias y los cambios en la evolución de los climas de opinión de una sociedad. En este sentido, la última encuesta CEP nos lleva hoy a percibir mayor frustración y pesimismo respecto a ciertos temas relevantes.
Existe plena conciencia de que el país enfrenta un estancamiento económico. Hay menos optimismo respecto a esa promesa esencial de que el futuro augura un mejor devenir a los hijos que a sus padres, o que el porvenir promete mejorías sustantivas. Tampoco mejora, y en algunos casos empeora, la percepción negativa respecto a las instituciones fundamentales de la democracia: los políticos, los partidos políticos, el Congreso y el Poder Judicial.
Y, claro está, hay información conocida poco alentadora que no se refiere solo a bajos niveles de crecimiento económico, que es el prerrequisito esencial para cualquier progreso en la calidad de vida. Así, tenemos entre otros datos una crisis de natalidad que augura una población cada vez más vieja, que deberá ser mantenida por las generaciones activas. Por otra parte, el porcentaje de hijos nacidos fuera del matrimonio alcanza en Chile, según estimaciones recientes, al 75%, lo cual implica que en muchos casos son niños que quedan bajo el cuidado de una familia monoparental, en la mayoría de los casos, de mujeres solas con bajos ingresos. Es más, sabemos que tenemos uno de los índices más altos de consumo de marihuana a nivel escolar, con todas las consecuencias que ello trae consigo a nivel cognitivo y emocional; que hay territorios inaccesibles para las instituciones del Estado, tanto por terrorismo en La Araucanía como por narcotráfico en múltiples zonas urbanas, especialmente en la capital; que el crimen organizado está cada vez más activo y con violencia y crueldad sin precedentes.
Desde una mirada de larga duración, sin embargo, dos resultados de la encuesta son para mí los más preocupantes. Desde luego, frente a la afirmación “La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, un 64% contestaba afirmativamente bajo el gobierno del Presidente Piñera, mientras que en la actualidad solamente el 44% tiene esa preferencia; ello es coherente con que, en ese mismo período, quienes consideran que “da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario” han subido de 17% a 34%. Finalmente, un 41% cree conveniente sacrificar las libertades públicas y privadas para combatir la delincuencia, lo cual coincide con los niveles de popularidad de Bukele en Chile.
Detrás de esta evolución muy negativa para cualquier partidario de la democracia y de las libertades individuales (que solo la democracia liberal representativa resguarda), hay un factor que no se puede ignorar, y este es que una parte de la legitimidad de la democracia radica en su eficacia para resolver los problemas que aquejan a la población. De allí la gravedad de los gobiernos ineptos que tropiezan una y otra vez en escollos evitables que alejan la posibilidad de lograr desarrollo y progreso, y alcanzar una mejor vida para sus compatriotas.
Dicho todo lo anterior, es cada vez más necesario defender los valores de la democracia, sencillamente porque proveen mejores vidas para todos y más prosperidad, porque ellos permiten que florezcan la innovación y la creatividad que las autocracias asfixian. Para mantener el optimismo debemos recordar que las democracias son resilientes, que hemos estado antes peor, que estuvimos al borde del abismo con un proyecto constitucional iliberal y nos salvamos. Igual podríamos emular la oración diaria con que inicia las sesiones el Parlamento británico: “Permite que gobernemos con sabiduría, evitemos el amor al poder y el deseo de complacer”. (El Mercurio)
Lucía Santa Cruz
