El diputado socialista Leonardo Soto, presidente de la comisión investigadora de las pensiones millonarias en Dipreca y Capredena, comentó que “hay bastantes cuestiones extrañas” en relación a laspensiones de invalidez al interior de las Fuerzas Armadas, arista que abrió la instancia fiscalizadora.
El parlamentario habló sobre la situación del ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), general Patricio Ríos Ponce, quien renunció a su cargo tras sostener una polémica pública con el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos (por su cuestionada actuación en las investigaciones de violaciones a los DDHH), pese a lo que ahora figura pensionado por inutilidad.
«Hay incluso una pensión de invalidez de un ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general Patricio Ríos Ponce, que renunció en 2002, al tercer año de su mandato, por una supuesta vinculación con derechos humanos. Eso del punto de vista político, pero teniendo él sus plenas capacidades. Sin embargo, aparece pensionado por invalidez con una pensión sobre los cuatro millones de pesos mensuales«, dijo el legislador PS en entrevista con radio Cooperativa.
“Las pensiones más altas que entregan las Fuerzas Armadas provienen de esta causal de inutilidad. Hay pensiones, por ejemplo, de 6,8 millones de pesos”, agregó Soto en referencia al monto que recibe el ex auditor general de la FACH, Patricio Franjola Buigley, apuntando a que “casi el 10% de las pensiones que se otorgan en la FFAA son por invalidez, lo que es una cifra demasiado alta”.
Según el diputado socialista, es necesario investigar una eventual «disociación en estas pensiones con sus causales reales, puesto que, entre otros puntos a indagar, son justificadas solo por los diagnósticos médicos que hacen las comisiones de sanidad de cada una de las ramas de las FFAA, las que no son controladas por nadie».
Es por eso que el diputado Soto solicitó a la comisión que les entreguen “todos los antecedentes de las declaratorias de invalidez de las pensiones sobre las 60UF. Creo que hay un espacio para la irregularidad y el abuso, particularmente porque muchos de los que las piden son superiores jerárquicos de quienes las otorgan«. (La Nación)
