La administración del alcalde Miguel Concha (FA) dio un paso decisivo en su agenda de probidad al decretar la destitución de la directora de Administración y Finanzas (DAF), Tamara Rubio. La medida se fundó en los resultados de un sumario administrativo iniciado en diciembre de 2025, el cual acreditó la responsabilidad de la funcionaria en el manejo de las arcas municipales durante el periodo de la exalcaldesa Carolina Leitao, donde se detectó un perjuicio financiero que asciende a los $16.300 millones.

El decreto de remoción fue firmado por el alcalde subrogante, Alonso Grau —luego de que Concha se inhabilitara debido a la querella criminal en curso—, y establece que Rubio incurrió en graves faltas a la probidad. Entre los hechos acreditados destacan la omisión de información relevante sobre el estado financiero del municipio, la sobreestimación de ingresos presupuestarios y una falta de supervisión jerárquica que, por sí sola, habría generado un daño fiscal de $2.500 millones.

La investigación interna, liderada por la fiscalizadora Catalina Bezzenberger, concluyó que la exdirectora de la DAF vulneró principios básicos de la administración pública a través de las siguientes acciones:

  • Falta de supervisión: No ejerció el control jerárquico necesario sobre su repartición, permitiendo el crecimiento descontrolado del déficit.
  • Ocultamiento de información: Omitió sistemáticamente los reportes que daban cuenta de la crisis financiera ante el concejo y las autoridades.
  • Manejo indebido de recursos: Ejecución negligente de los fondos públicos bajo su custodia.
  • Incongruencias presupuestarias: Realizó una sobreestimación de ingresos que distorsionó la planificación económica de la comuna.
  • Obstrucción de la indagatoria: No colaboró con el proceso sumarial, generando retrasos injustificados en la recolección de pruebas.

Más allá de la sanción administrativa, la Municipalidad de Peñalolén remitió los antecedentes del sumario a la Fiscalía Oriente. El Ministerio Público ya se encuentra investigando presuntos delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público, en una causa donde Rubio figura como una de las principales querelladas junto a la administración anterior.

Por su parte, la defensa de la exfuncionaria ha cuestionado la rapidez del proceso, acusando falencias en el debido proceso tras la resolución de un sumario de 700 fojas en menos de 48 horas. Se espera que Rubio agote las instancias legales mediante recursos de reposición y, eventualmente, una acción de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para intentar revertir su salida del edificio de avenida Grecia. (NP-Gemini-La Tercera)