La reciente aprobación por parte de la Knéset de una ley que establece la pena de muerte en la horca para condenados por asesinatos con motivaciones terroristas ha provocado una ola de condenas globales. La medida, impulsada por el sector más conservador del gobierno de Benjamin Netanyahu, es cuestionada por organismos internacionales y gobiernos extranjeros que la califican de “discriminatoria” y violatoria del derecho internacional.

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Palestina advirtió que esta legislación refuerza la segregación racial, mientras que la Unión Europea y Alemania expresaron su “desazón” ante lo que consideran un retroceso en los estándares mínimos de dignidad humana. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional se sumaron al llamado para que Israel derogue de inmediato la normativa.

En Chile, país que alberga a la comunidad palestina más numerosa fuera del mundo árabe (estimada en 500 mil personas), la noticia ha sido recibida con profunda alarma. Representantes locales advierten que esta ley consolida un régimen de exclusión en los territorios ocupados.

  • Janna Sakalha (Comunidad Palestina de Chile): Calificó el hecho como un paso hacia la consolidación de un “régimen de apartheid” y una herramienta para alentar una limpieza étnica.
  • Nelson Hadad (Exembajador): Sostuvo que la ley vulnera el Derecho Internacional Humanitario y la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, describiéndola como “abominable y cruel”.

El impacto de la medida también llegó al Senado chileno. El senador Sergio Gahona (UDI), vicepresidente del Comité Palestino en la Cámara Alta, señaló que Israel no tiene derecho a imponer su jurisdicción penal en territorios ocupados como Cisjordania.

“Cuando el sistema jurídico distingue entre vidas según su origen, deja de ser justicia y pasa a ser discriminación institucionalizada. Eso tiene un nombre en el derecho internacional, y es apartheid”, declaró el parlamentario.

Tanto líderes comunitarios como parlamentarios chilenos han solicitado al Gobierno de Chile una postura firme y clara. Los argumentos esgrimidos apuntan a que Chile, dada su tradición de defensa del derecho internacional, no puede permanecer neutral ante una legislación que consideran desmesurada.

La comunidad espera que la presión internacional, sumada a las voces críticas dentro del propio Israel que defienden la igualdad ante la ley, logre frenar la implementación de esta medida que, según los expertos consultados, solo contribuye a escalar la violencia en Medio Oriente y erosiona el orden jurídico global. (NP-Gemini-DW)