El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, inició este viernes 2 de octubre un período de consultas y análisis para decidir si adelanta las elecciones generales, después de que el Congreso de los Diputados rechazara dos decretos destinados a enfrentar la crisis habitacional. La votación dejó sin efecto las medidas propuestas por el Ejecutivo, que ahora estudia alternativas para recuperar su contenido y determinar la continuidad de la legislatura, cuyo término está previsto para julio de 2027.

Fuentes del Gobierno señalaron que la convocatoria anticipada de elecciones figura entre las posibilidades que se examinarán, aunque precisaron que, por el momento, esa decisión no constituye una opción inmediata.

Sánchez consultará con integrantes del Ejecutivo, que reúne al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y a la coalición de izquierdas Sumar, además de dirigentes de su propia formación política. No se ha establecido un plazo para adoptar una resolución.

El rechazo parlamentario se produjo después de que Junts, formación independentista catalana que había contribuido a la investidura de Sánchez, votara contra los decretos junto al Partido Popular (PP) y Vox.

Las iniciativas contemplaban medidas para abordar las dificultades de acceso a la vivienda, entre ellas disposiciones relacionadas con los alquileres y la protección frente a los desalojos.

Desde el Ejecutivo indicaron que se analizarán los mecanismos disponibles para recuperar las medidas rechazadas, debido a la importancia que el Gobierno atribuye a la situación habitacional.

La crisis de vivienda ha adquirido especial visibilidad tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que debió abandonar la vivienda de Madrid donde residía desde hacía décadas, después de no poder afrontar un incremento del alquiler.

El caso provocó manifestaciones y reacciones públicas, y fue mencionado por fuentes gubernamentales como uno de los antecedentes que han intensificado el debate sobre las medidas de protección habitacional.

Pese al resultado de la votación, el Gobierno sostiene que todavía existen posibilidades de alcanzar acuerdos parlamentarios para continuar legislando.

Las mismas fuentes señalaron que el rechazo de Junts a los decretos no se interpreta necesariamente como una ruptura definitiva de los entendimientos que permitieron la investidura de Sánchez.

En caso de que el presidente decida adelantar los comicios, la legislación electoral establece un procedimiento específico para la disolución de las Cortes y la convocatoria a las urnas.

Si Sánchez optara por celebrar las elecciones en la primera fecha posible, tendría que anunciar la convocatoria el próximo lunes 5 de octubre.

Bajo ese escenario, el decreto de disolución del Parlamento se publicaría el martes 6 de octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y las elecciones generales se realizarían 54 días después, el domingo 29 de noviembre.

La facultad de proponer la disolución de las Cortes corresponde al presidente del Gobierno, por lo que la decisión dependerá de las conclusiones de las consultas políticas que ha iniciado.

Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió convocar elecciones generales cuanto antes, después de conocerse el resultado de la votación.

“Las únicas salidas decentes y democráticas son la convocatoria de elecciones y que no se guarde mucho más la fecha”, afirmó Feijóo durante una rueda de prensa en el Congreso.

Por ahora, el Ejecutivo mantiene abiertas tanto la posibilidad de continuar la legislatura mediante nuevos acuerdos parlamentarios como la de recurrir a una convocatoria electoral anticipada, sin anunciar una decisión definitiva. (NP-ChatGPT-Emol-Agencias)