Nuevos antecedentes de alta complejidad se han sumado a la investigación que lidera la Fiscalía Regional de Coquimbo contra la diputada y senadora electa, Karol Cariola (PC). El análisis del teléfono de la parlamentaria, realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), reveló una serie de gestiones ante diversas autoridades para favorecer al empresario chino Bo «Emilio» Yang, vinculado a locales del barrio Meiggs investigados por lavado de dinero y nexos con la denominada «mafia china».
Entre los hallazgos más comprometedores figura una búsqueda en Google realizada por Cariola el 22 de febrero de 2025: «cómo borrar un Mac». Esta acción ocurrió apenas una semana antes de que la PDI allanara su domicilio. Aunque su defensa, liderada por el abogado Juan Carlos Manríquez, argumenta que la intención era proteger grabaciones privadas del nacimiento de su hijo, la fiscalía sospecha de una posible obstrucción a la justicia mediante la eliminación de evidencia clave.
RED DE INFLUENCIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO
El informe policial detalla un modus operandi de solicitudes de favores que involucra a otras figuras del Partido Comunista. Se detectaron chats donde Cariola gestionaba la renovación de la patente comercial del mall Chinamart ante la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.
Asimismo, la investigación se expandió hacia el diputado electo Marcos Barraza, quien en ese periodo se desempeñaba como jefe de gabinete en Santiago. Los peritajes al teléfono de Jorge «Juanito González» Cárcamo, operador del PC, revelaron mensajes explícitos sobre beneficios irregulares:
Licencias de conducir: Cárcamo escribió a Barraza señalando que «el chinito quiere una mano» para obtener una licencia para su secretaria, quien no superaba el examen visual.
Gestiones municipales: Barraza habría entregado instrucciones para que los interesados se saltaran conductos regulares contactando directamente a la jefa de licencias del municipio.
AVANCES DE LA FISCALÍA Y RECUPERACIÓN DE DATOS
A pesar de que Cariola habría eliminado chats con Yang y Cárcamo, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, confirmó que las diligencias técnicas han permitido «rescatar» parte de la mensajería borrada. Este material es considerado fundamental para establecer si existió una estructura de favores políticos a cambio de beneficios económicos o financiamiento.
Por ahora, Emilio Yang no ha prestado declaración a la espera de un informe policial que se ha extendido por casi un año, mientras que Marcos Barraza ha pasado a ser formalmente un «sujeto de interés» para la causa, lo que anticipa nuevas citaciones y peritajes en las próximas semanas de cara al cambio de mando legislativo. (NP-Gemini-Emol)
