Una nueva ofensiva en contra del control preventivo de identidad fue anunciada ayer desde un sector del oficialismo. Esta vez, desde el Partido Comunista.
La jefa de la bancada de diputados de esa colectividad, Karol Cariola, dijo, a nombre de los legisladores del PC, que recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de esta medida, incluida en la ya aprobada agenda antidelincuencia del gobierno.
“Vamos a ir a la Comisión Interamericana de DD.HH., como bancada del Partido Comunista, porque creemos que en esto hay que poner atención”, dijo a La Tercera. Y agregó: “Estamos estudiando cuáles son las formas, los requisitos y las necesidades para poder hacerlo lo antes posible”.
La diputada señaló que están analizando todas las posibilidades para poder concretar esta acción, que, según explican en el PC, se tratará de una demanda contra el Estado. “Es básicamente para poder anticiparnos, observar y vigilar de mejor manera cómo se aplica el control preventivo de identidad”, explicó Cariola.
Si la acción es declarada admisible, el caso podría tomar varios años -tal como sucede con otras demandas en la comisión-, con la posibilidad de que escale a la Corte Interamericana de DD.HH., que podría fallar contra el Estado. Esto, por ejemplo, ordenando modificar o derogar esa legislación.
Respecto a las razones que tendría la bancada para recurrir a la CIDH -organismo internacional que depende de la OEA-, Cariola sostuvo que “queremos evitar que esta sea una norma que permita generar arbitrariedades, que genere consecuencias discriminatorias con algunas personas, que las personas puedan llegar a sentir trastocada su dignidad, su seguridad y su libertad”.
Para concretar la demanda, junto con entregar todos los antecedentes del caso, la bancada comunista deberá haber agotado todas las instancias nacionales para que la CIDH declare admisible la petición. Y si bien ese organismo pone como requisito haber obtenido una “respuesta de las autoridades estatales”, entre las que se puede considerar, por ejemplo, un fallo del Tribunal Constitucional (TC), en el PC aseguran que esto no sería necesario. Sostienen que sólo deben agotar los recursos de carácter “ordinario”, entre los que no se incluirían las acciones de inconstitucionalidad.
MINISTRO BURGOS
El ministro del Interior, Jorge Burgos, dijo a La Tercera que la determinación del PC «es impropia de un partido que es parte del gobierno».
La semana pasada, los diputados del Partido Socialista habían anunciado que irían al Tribunal Constitucional para que se pronunciara respecto de esta materia.
Sin embargo, los parlamentarios a última hora no lograron reunir las 30 firmas necesarias. Esto, luego que la propia Presidenta Michelle Bachelet anunciara que ella sí apoyaba el control preventivo.
CAMILO ESCALONA
«Esto a mi me parece totalmente infantil», sostuvo el vicepresidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, en referencia al anuncio efectuado por la jefa de bancada de los diputados del Partido Comunista, Karol Cariola, de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (INDH) en contra del control preventivo de identidad.
Al respecto, el ex parlamentario aseguró esta mañana en el programa «El Primer Café» de Radio Cooperativa, que esta «es una ley que todavía no ha terminado su trámite legislativo y que no se ha puesto en práctica».
El otrora timonel del PS reparó que la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es atender las denuncias sobre situaciones y casos de violaciones graves a los DD.HH., que tengan relación con Estados que no están en condiciones de resolverlas. Como también, en aquellos casos de abusos y arbitrariedades relacionadas a las minorías indígenas.
«Yo entiendo que somos una República que tenemos una institucionalidad democrática que está en evolución, somos un país que estamos fortaleciendo su estabilidad democrática. Por lo tanto, si esta ley generara abusos o orbitrariedades el Estado de Derecho chileno tiene la capacidad de resolverlas», recalcó Escalona.
«Entiendo que eso lo podemos resolver perfectamente en el marco de nuestra propia institucionalidad democrática y, por lo tanto, no tiene entonces sentido que ante la imposibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) -que por lo demás iban a ser los diputados socialistas- se tome como una medida subsidiaria la idea de recurrir a la CIDH, que a nuestro país en nada ayuda, que no resuelve en nada los problemas que podría provocar esta ley y que siento que nosotros podemos resolverlas de cuardo a nuestra institucionalidad interna», concluyó. (La Tercera-El Mostrador)
