El Partido Republicano manifestó su disposición a introducir cambios a la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de que la iniciativa generara reparos incluso entre partidos del oficialismo.
Las principales inquietudes se concentran en la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública, que permitiría al Presidente mantener la medida hasta por 240 días consecutivos sin requerir durante ese período una nueva autorización del Congreso.
Las diferencias surgieron antes del ingreso del proyecto al Senado y se han expresado principalmente desde sectores de Chile Vamos, aunque también existen cuestionamientos provenientes de otras fuerzas de derecha.
El escenario parlamentario obliga al Ejecutivo a buscar acuerdos. La reforma requiere 29 votos para ser aprobada en el Senado, mientras que el Gobierno dispone inicialmente de 24 legisladores oficialistas y algunos de ellos han manifestado dudas respecto de la propuesta.
Ante este escenario, el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, y el senador de Renovación Nacional Andrés Longton anunciaron que promoverán modificaciones destinadas a ampliar el respaldo parlamentario.
Entre las alternativas planteadas está incorporar una autorización inicial del Congreso para decretar el nuevo estado de excepción y establecer revisiones parlamentarias cada 30 días. Con ello se busca limitar las atribuciones originalmente contempladas para el Ejecutivo y facilitar un acuerdo tanto dentro del oficialismo como con sectores de la oposición.
La discusión se produce después de que Squella señalara que no podía descartarse una eventual consulta ciudadana sobre la reforma. Sin embargo, tanto el Ejecutivo como parlamentarios oficialistas posteriormente descartaron que exista un plan gubernamental para convocar un plebiscito sobre esta materia.
El proyecto ha abierto además un debate sobre el alcance del nuevo instrumento constitucional frente a los estados de excepción actualmente existentes —asamblea, sitio, catástrofe y emergencia— y sobre el equilibrio entre las facultades presidenciales, la participación del Congreso y las medidas necesarias para enfrentar problemas graves de seguridad pública.
Según antecedentes conocidos al interior del Ejecutivo, la propuesta para crear esta nueva figura surgió desde el Ministerio de Seguridad, encabezado por Martín Arrau, y el Gobierno estaba consciente de que sus características provocarían una intensa discusión política y constitucional. (NP-ChatGPT-El Mercurio)