A casi diez años de la primera aplicación de la ley de cuotas de género en las elecciones parlamentarias chilenas, la representación femenina en el Congreso aumentó desde un 15,8% en 2014 hasta aproximadamente un 38% en la legislatura iniciada en marzo de 2026, según los antecedentes recopilados en un balance de la normativa. El avance ha reabierto la discusión sobre la continuidad del mecanismo, que tiene prevista su última aplicación en 2029, y sobre una propuesta transversal para establecer la paridad permanente en las candidaturas.

La Ley 20.840, promulgada en mayo de 2015 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, incorporó las cuotas de género como parte de la reforma que reemplazó el sistema electoral binominal por uno proporcional. La norma estableció que ningún sexo puede superar el 60% de las candidaturas parlamentarias presentadas por cada partido, además de incentivos económicos para promover la elección de mujeres.

La disposición fue concebida como una medida transitoria para cuatro procesos electorales: 2017, 2021, 2025 y 2029. Su propósito era corregir la baja representación femenina y facilitar cambios en las prácticas de selección de candidaturas de los partidos políticos.

La situación anterior a su implementación mostraba una participación limitada. En el Congreso instalado en 1990, las mujeres ocupaban siete de los 120 escaños de la Cámara de Diputados y dos de los 38 del Senado. Para el período 2014-2018, la proporción había aumentado al 15,8% y al 18,4%, respectivamente.

En las elecciones de noviembre de 2025 fueron elegidas 52 diputadas, equivalentes al 33,5% de la Cámara, mientras que la composición del Senado alcanzó 16 mujeres, correspondientes al 32% de sus integrantes, de acuerdo con las cifras consignadas en el balance.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), sostuvo que la legislación cumplió su objetivo inicial de ampliar las oportunidades de participación. Sin embargo, planteó que la discusión debe avanzar hacia las condiciones efectivas de competencia, incluidos el financiamiento, el respaldo partidario y las posibilidades reales de resultar electas.

La diputada Ximena Ossandón (RN) también reconoció un cambio cultural en la presencia de mujeres en la actividad legislativa, mientras que Marcela Hernando (Partido Radical), quien participó en la discusión de la ley, recordó que su carácter transitorio respondió a la expectativa de que los partidos modificaran sus prácticas de manera permanente.

La mayor participación femenina ha coincidido con la aprobación de normas relacionadas con la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres.

Entre ellas figuran la Ley Gabriela, promulgada en 2020, que amplió la tipificación del femicidio; la Ley 21.675, de 2024, que establece un marco integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y la Ley 21.828, despachada en junio de 2026, que incorpora obligaciones de información sobre equidad de género y brechas salariales para determinadas empresas.

El director académico de Faro UDD, Miguel Ángel Fernández, señaló que la presencia de parlamentarias ha contribuido a incorporar estas materias en la agenda legislativa, aunque también destacó la influencia de la movilización social y el apoyo político transversal.

Por su parte, el analista Marco Moreno, decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, advirtió que no es posible atribuir directamente la aprobación de determinadas leyes al aumento de legisladoras, aunque una mayor diversidad de representación puede modificar las prioridades y las alianzas parlamentarias.

En mayo de 2026, las diputadas Andrea Parra (PPD), Ximena Ossandón (RN), Zandra Parisi (Partido de la Gente), Carolina Tello (Frente Amplio), Carolina Cucumides (Partido Socialista) y Marcela Hernando (PR) presentaron un proyecto para modificar la normativa vigente.

La iniciativa, actualmente en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, propone establecer una distribución de candidaturas de 50% para cada sexo, eliminar la fecha de caducidad de la cuota e introducir el mecanismo de listas alternadas, conocido como cremallera, para ordenar sucesivamente las postulaciones de hombres y mujeres.

También considera informes periódicos del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género sobre los resultados de la legislación.

Parra atribuyó parte de las dificultades para ampliar la representación femenina a las barreras existentes dentro de los partidos políticos. La diputada informó, además, que las impulsoras de la reforma han mantenido conversaciones con la ministra de la Mujer, Judith Marín, para buscar respaldo del Ejecutivo.

Aunque las autoras coinciden en la necesidad de mantener mecanismos de participación, existen diferencias respecto de su alcance. Ossandón manifestó reparos a la distribución estricta de 50% y planteó conservar una fórmula de 60%-40%, especialmente por las dificultades que presenta su aplicación a determinados cargos.

Hernando, en tanto, pidió avanzar en otro proyecto que busca extender las cuotas a las elecciones de concejales y consejeros regionales, cuya tramitación permanece pendiente en el Senado.

Uno de los problemas identificados durante la aplicación de la normativa es la inscripción de mujeres para completar los porcentajes exigidos, sin necesariamente entregarles financiamiento, visibilidad o respaldo suficiente para desarrollar campañas competitivas.

Organizaciones como ComunidadMujer han documentado estas situaciones, conocidas como candidaturas de relleno, junto con otras barreras relacionadas con la distribución de recursos, las responsabilidades de cuidado y las dificultades de acceso a posiciones de liderazgo partidario.

Según antecedentes del Servicio Electoral, la proporción de mujeres afiliadas a partidos políticos disminuyó desde un 50,6% en 2017 hasta un 46,6% en enero de 2026, pese al incremento de su presencia en las candidaturas y los escaños parlamentarios.

Las diferencias son mayores en cargos territoriales no sujetos a la cuota. Cristina Vio, directora ejecutiva de ComunidadMujer, indicó que las mujeres representan menos del 17% de las alcaldías y que no hay gobernadoras regionales.

Vio advirtió que el vencimiento de la ley podría afectar los avances alcanzados si no se adoptan nuevas medidas para garantizar condiciones de competencia. A su juicio, la discusión debe considerar tanto la composición de las listas como el financiamiento y las posibilidades de elección.

Una posición distinta expresó Isabel Plá, presidenta de Somos Mujeres por Chile y exministra de la Mujer, quien sostuvo que las cuotas deben mantenerse como herramientas transitorias. Plá planteó que el objetivo debe ser eliminar las barreras de participación mediante apoyos efectivos, sin establecer una obligación legal permanente.

La politóloga Javiera Arce propuso, por su parte, revisar el diseño electoral del mecanismo, aplicar las exigencias por distrito y circunscripción y establecer condiciones para que más mujeres encabecen las listas.

En la discusión también aparecen experiencias internacionales. Argentina avanzó desde una ley de cuotas aprobada en 1991 hacia un sistema de paridad, mientras que México incorporó ese principio en su Constitución en 2014. Bolivia también ha alcanzado una representación femenina superior al 50% en su Cámara Baja.

Con una última aplicación prevista para 2029, el Congreso chileno deberá resolver si mantiene el carácter transitorio de la normativa, establece una paridad permanente o introduce otras modificaciones para abordar las barreras que persisten en la participación política femenina. (NP-ChatGPT-Emol)