La decisión de Estados Unidos de aplicar un arancel de 12,5% a una parte importante de las exportaciones chilenas provocó una serie de reacciones en el Congreso, luego de conocerse que dos organizaciones no gubernamentales chilenas participaron en el proceso llevado adelante por la Oficina del Representante Comercial de ese país (USTR), denunciando la presunta existencia de trabajo forzoso en sectores de la salmonicultura y la agricultura. La medida reemplaza el gravamen de 10% que regía anteriormente y se fundamentó en una investigación sobre el cumplimiento de normas destinadas a prevenir el ingreso de productos elaborados bajo condiciones de trabajo forzoso.
Mientras una delegación encabezada por la Cancillería, junto a representantes de los principales sectores exportadores, expuso en Washington para evitar el aumento de los aranceles, las fundaciones Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas y Ecoceanos presentaron antecedentes en sentido contrario. Frente a ello, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, defendió la institucionalidad chilena, asegurando que el país cuenta con una legislación laboral sólida y un firme compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzoso.
Integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara y del Senado coincidieron en señalar que no conocen antecedentes que respalden las denuncias formuladas por ambas organizaciones. Parlamentarios de distintas bancadas afirmaron que los sectores agrícola y salmonero operan bajo estrictas normas laborales y advirtieron que acusaciones sin respaldo podrían afectar gravemente la imagen internacional del país y el empleo en actividades estratégicas para la economía nacional.
Diputados de la UDI anunciaron que solicitarán información a organismos públicos para establecer si las organizaciones involucradas reciben financiamiento estatal. Asimismo, exigieron que, en caso de contar con antecedentes sobre eventuales vulneraciones laborales, estos sean presentados ante las autoridades competentes en Chile y no en instancias internacionales. Otros legisladores también emplazaron a las ONG a transparentar el origen de sus recursos y los fundamentos de sus denuncias.
Desde distintos sectores políticos también se manifestó preocupación por el impacto económico de la medida estadounidense. Parlamentarios advirtieron que el nuevo arancel podría afectar miles de puestos de trabajo, especialmente en las regiones del sur ligadas a la industria salmonera, y llamaron al Gobierno a fortalecer el diálogo con los sectores productivos y a utilizar los mecanismos diplomáticos para resolver el conflicto comercial. Al mismo tiempo, recalcaron que cualquier eventual abuso laboral debe investigarse y sancionarse mediante las instituciones chilenas competentes.
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