Parlamentarios de distintos sectores solicitaron esclarecer responsabilidades tras conocerse los hallazgos de la Contraloría General de la República sobre la gestión de vacunas contra la influenza durante 2024, que incluyen pérdidas por $3.640 millones, problemas de trazabilidad y registros de inoculaciones asociados a personas fallecidas.
La fiscalización estableció que 762.326 dosis adquiridas para la campaña contra la influenza vencieron sin ser distribuidas. Asimismo, el organismo no pudo determinar el destino de 2.906.653 vacunas y detectó 208 registros de inoculación efectuados con posterioridad a la fecha de fallecimiento de las personas vinculadas a esos datos.
Las observaciones corresponden a hechos ocurridos durante la administración anterior del Ministerio de Salud, encabezado entonces por Ximena Aguilera, mientras Andrea Albagli ejercía como subsecretaria de Salud Pública.
Parte de las vacunas vencidas había sido adquirida a Sinovac Biotech y Sanofi Pasteur y permaneció almacenada en dependencias del operador logístico del Ministerio. Contraloría formuló un reparo por $3.640 millones al considerar que la Subsecretaría de Salud Pública no acreditó haber utilizado todas las alternativas disponibles para gestionar o redistribuir las dosis antes de su vencimiento.
El informe también advirtió que la campaña de influenza de 2024 no logró la meta de cobertura del 85% establecida por el propio Ministerio para la población objetivo y cada uno de los grupos prioritarios.
Los antecedentes generaron cuestionamientos desde distintos sectores políticos. La diputada Macarena Santelices (Republicanos) atribuyó lo ocurrido a una gestión negligente de la administración del expresidente Gabriel Boric y pidió determinar responsabilidades políticas y administrativas por la pérdida de recursos.
La diputada Catalina del Real (Republicanos) también cuestionó que más de 760 mil vacunas destinadas a proteger a la población terminaran vencidas en bodegas y sostuvo que el episodio evidencia problemas de gestión y logística durante 2024.
En tanto, los diputados Daniel Lilayu y Alejandra Valdebenito, de la UDI, anunciaron que impulsarán en la Cámara de Diputados la creación de una comisión investigadora para establecer las circunstancias en que se produjeron las irregularidades y determinar eventuales responsabilidades administrativas.
Lilayu señaló que es necesario establecer qué ocurrió con los recursos públicos destinados a las vacunas, quiénes adoptaron las decisiones y por qué las dosis no fueron utilizadas. Valdebenito puso además el foco en la pérdida de trazabilidad de millones de vacunas y en las inconsistencias existentes en los registros.
El diputado Roberto Arroyo (PDG) calificó los antecedentes como graves y planteó que, si durante las investigaciones aparecen hechos que pudieran constituir delitos, estos deberán ser puestos a disposición del Ministerio Público para determinar posibles responsabilidades penales.
Desde la oposición, el diputado Fernando Zamorano (PPD) consideró alarmante tanto el vencimiento de las 762 mil dosis como la imposibilidad de establecer el destino de casi tres millones de vacunas. Además, pidió aclarar las circunstancias relacionadas con los 208 registros asociados a personas fallecidas y determinar las responsabilidades de las autoridades sanitarias correspondientes.
La diputada Marcela Hernando (PR), por su parte, planteó que en campañas masivas de vacunación pueden producirse errores en el ingreso de información, pero advirtió que aquello no justifica la magnitud de las dosis perdidas. A su juicio, uno de los aspectos más graves corresponde a las deficiencias de trazabilidad, por lo que llamó a realizar una investigación más profunda que permita reconstruir el recorrido de las vacunas y corregir las fallas detectadas.
El diputado Matías Fernández (FA) llamó a esperar el acceso al informe completo antes de establecer conclusiones definitivas. Argumentó además que la adquisición de un número de vacunas superior a la población objetivo forma parte de la planificación de las campañas y puede generar mermas. Según indicó, estas alcanzaron un 12% en 2024, mientras que en 2021 habrían llegado al 20%.
Fernández también sostuvo que los registros de vacunación vinculados a personas fallecidas podrían corresponder a errores administrativos en el ingreso de datos, aunque señaló que esa situación solo podrá esclarecerse una vez que los antecedentes completos puedan ser revisados.
Los hallazgos de Contraloría abrieron así un nuevo debate sobre la administración de recursos destinados a las campañas de inmunización, los mecanismos de control de inventarios y la confiabilidad de los registros sanitarios, mientras parlamentarios de distintos sectores coinciden en la necesidad de investigar las irregularidades y establecer las responsabilidades que correspondan. (NP-ChatGPT-Emol)
