La Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió de manera unánime anular lo determinado por el Primer Tribunal Ambiental, dejando sin efecto la orden que obligaba al Comité de Ministros a pronunciarse nuevamente sobre el proyecto minero portuario Dominga. El tribunal de alzada estableció que el procedimiento de ejecución aplicado en febrero de 2025 fue improcedente, ya que la sentencia original no establecía derechos a favor de las partes ni resolvía el fondo del conflicto ambiental.

En su fallo, los magistrados señalaron la existencia de un vicio procesal al aplicarse mecanismos no previstos por la ley, calificando como impertinente que una instancia judicial de este tipo se pronuncie sobre aspectos esenciales de la evaluación ambiental. Esta decisión anula todo lo obrado en el cumplimiento incidental iniciado por el tribunal ambiental, lo que fue valorado por el Gobierno y la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, por aclarar las competencias institucionales.

La resolución generó diversas reacciones en el mundo político, especialmente entre parlamentarios oficialistas e independientes, quienes calificaron el fallo como un respaldo al Estado de Derecho. Diputados de las regiones de Coquimbo y Antofagasta afirmaron que la sentencia pone freno a intentos de imponer el proyecto mediante resquicios legales, subrayando la inviabilidad técnica de la iniciativa y la necesidad de proteger el ecosistema del Archipiélago de Humboldt.

Diversos legisladores vincularon además el caso con investigaciones judiciales vigentes, mencionando presuntas irregularidades y redes de influencia que habrían intentado favorecer a la empresa Andes Iron. Tras más de una década de incertidumbre para las comunidades costeras, los parlamentarios enfatizaron que cualquier inversión económica en el país debe cumplir con altos estándares ambientales y respetar la institucionalidad vigente sin recurrir a presiones judiciales. (NP-Gemini-Pulso)