El Gobierno afina los últimos detalles de un paquete económico que contempla cerca de 45 medidas y que apunta a impulsar la reactivación, manteniendo en lo esencial la propuesta presentada el 14 de marzo en Lirquén, aunque incorporando algunos ajustes, entre ellos beneficios dirigidos a la clase media.

La iniciativa, liderada por el Presidente José Antonio Kast, busca ser tramitada como un solo proyecto amplio y coherente, estrategia que contrasta con la intención de la oposición de dividir su discusión en distintas instancias legislativas.

En los últimos días, el Mandatario sostuvo reuniones clave en La Moneda junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y su principal asesor, Alejandro Irarrázaval, con el objetivo de revisar los ajustes finales y definir el costo de las medidas antes de su presentación.

El paquete mantiene su eje en incentivos tributarios, empleo e inversión, incluyendo la reducción gradual del impuesto corporativo desde 27% a 23%, la integración del sistema tributario, la eliminación de gravámenes a la venta de acciones con alta presencia bursátil y beneficios temporales como la eliminación del IVA a la vivienda por 12 meses.

Asimismo, contempla medidas transitorias de recaudación, como incentivos para la repatriación de capitales y mecanismos para adelantar el pago de impuestos a la herencia, además de instrumentos orientados a fomentar el empleo, como subsidios o créditos tributarios para trabajadores cercanos al salario mínimo.

En el ámbito del gasto público, el proyecto incluye modificaciones a la gratuidad universitaria, cuya eventual limitación a estudiantes menores de 30 años aún se encuentra en evaluación, en medio de señales de ajustes desde el oficialismo.

Durante el proceso de diseño, el Ejecutivo decidió excluir iniciativas que podían generar mayor controversia, como la posibilidad de hacer concesible el litio, con el fin de mantener el foco en la reactivación económica y facilitar la defensa política del proyecto.

En el oficialismo existe preocupación por el riesgo de que la iniciativa se diluya en su tramitación legislativa. Por ello, se ha definido como prioridad evitar su fragmentación y promover su discusión en la comisión de Hacienda, donde el Gobierno cuenta con mayor respaldo.

La estrategia de la oposición incluiría no solo dividir el proyecto en distintas comisiones, sino también evaluar una eventual presentación ante el Tribunal Constitucional, argumentando que reúne materias diversas sin suficiente conexión.

Desde el Ejecutivo sostienen que el impacto económico y político de la propuesta depende de su aprobación como un paquete integral, que articule crecimiento, inversión, empleo y alivios tributarios en una sola iniciativa. (NP-ChatGPT-Ex Ante)