No es buena comparación poner en un mismo plano nuestros días con los tiempos de la Unidad Popular. No existe esa grieta dramática que se abría más y más a medida que se sucedían los meses y los días en aquellos tres años y que, más allá del mundo político, alcanzó a gran parte del cuerpo social. Sin embargo, la situación actual —que tiene tantas semejanzas con el aire que se respira en muchos países— nos revela que vivimos uno de esos momentos recurrentes de relativa crisis de la democracia, cuando se empantanan los acuerdos políticos y crispan los ánimos de moros y cristianos, incluyendo un enervamiento de la clase política. Es como si hubiera mímesis con la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Se evaporó hace rato la atmósfera de trabajo común que por un instante emergió en el acuerdo de diciembre del 2022, tras la derrota de ese adefesio que fue el proyecto de la Convención.
Es la fuente del entrampamiento de la actividad legislativa en torno a la salud —no se ceja en dañar a las isapres—, en lo tributario y en las pensiones. En esto último existen bemoles que alcanzan a todos. Siendo los fondos de pensiones propiedad de los cotizantes, como lo deben ser, esto no puede abolir otra realidad fundamental de la existencia, que no venimos a un mundo de puros individuos, sino que de personas articuladas en grupos, lo que llamamos sociedad o, si se quiere, la nación, para ser más concreto. Ello implica derechos y deberes. Entre los primeros, el libre empleo, de acuerdo a usos y leyes consensuadas, de lo que cada uno pueda crear o producir; entre los segundos, la fraternidad (la palabra “solidaridad” está demasiado manoseada, inservible), acompañada de la conciencia de que ayudándonos a todos nos va mejor, y es lo que justificaría que, digamos, entre un 1-2% de la nueva cotización extra (6%) podría ir a un fondo común, del que también se aprovecharía de manera menor quien proporcionó el 1% o más. Cierto, existe una muda tendencia al “sagrado egoísmo” en el propietario original de esos fondos, que es la base de resistencia, en parte legítima. Otra cosa es que, si la conciencia fraterna no está acompañada del sentido de las proporciones y de la noción de los límites, cualquiera escritura legal será letra muerta, dándole la razón al “egoísta”. Aquí hay un hilo de Ariadna.
Porque hay una razonable desconfianza con la famosa “solidaridad”. Como las pensiones no mejorarán en el corto plazo, vendrá la presión por acaparar más y más de ese 6%, hasta devorarse la totalidad. Estamos en Chile y sucederá indefectiblemente. Algo análogo aparece en los proyectos de reforma tributaria y de salud. Habiendo, años atrás, junto a dos colaboradoras publicado un libro sobre la relación de la política y el cobre, veo también la analogía. Sucesivas alzas tributarias no satisfacían y lo que se pensaba una política definitiva era sucedida por otra demanda, y así se continuaba. Solo cuando entre 1970 y 1980 se estabilizó el trato a la gran minería, y en sus líneas gruesas se ha mantenido (parece que con el litio cambiarán las cosas), el país pudo gozar de las últimas reformas imaginativas y alcanzar una sólida posición en ese campo.
Todo esto nos debe hacer meditar acerca de lo imprescindible que es la autodisciplina en la sociedad humana, precisamente porque los hombres somos libres para la creatividad y para el error. Es la razón de la existencia de las leyes con requisito supramayoritario, a veces tan denostado, que requiere de mayorías parlamentarias consistentes a lo largo de un período extenso, al menos como se mide el tiempo en política. Podemos estar lejos de eso. Como vamos ahora, no iremos a ninguna parte. (El Mercurio)
Joaquín Fermandois
