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Y no se cumple la ley-Magdalena Merbilháa

La ley parece ser que rige sólo para algunos, definitivamente no para todos. Habiendo un fallo judicial que obligaba a desalojar la toma de San Antonio, su cumplimiento se dilató por parte de la administración actual y hoy, el Ejecutivo ordena “exprópiese”. No se cumplirá la ley. Quienes robaron terrenos, porque es robo, serán recompensados y los dueños no recibirán el pago de mercado, sino el “justo precio” establecido por el “todopoderoso” Estado.

No se llegó a acuerdo con los propietarios de los terrenos para la compra, por lo que ahora el Estado pagará menos de lo que éstos querían. Otro robo vestido de “justicia social”. Esto se agrava con la constatación que ahí hay mafias que urbanizan y venden terrenos que no les pertenecen, por lo que esta acción gubernamental valida el “crimen organizado” y se escuda en frases simples y emocionales como “ahí hay niños”.

Esta situación fue ensalzada en el debate presidencial de la Archi, donde José Antonio Kast acusó al gobierno de usar el caso de la megatoma como una “estrategia dilatoria” para evitar el cumplimiento de un fallo judicial firme que ordenaba el desalojo del lugar. Esta acción claramente contraviene el principio de acatar las decisiones del Poder Judicial en tiempo y forma. Ante esta situación y varias más tocadas en el debate, el candidato republicano enfatizó: “Nosotros vamos a cumplir los fallos judiciales y vamos a aplicar la ley”. Esto que es evidente, es necesario aclararlo y reafirmarlo ya que en muchos casos se cuestionan los fallos, no se cumplen y tampoco se aplica la ley. No faltan leyes, de hecho, sobran, solo hay que aplicarlas.

En el caso de los “indultos presidenciales”, donde el Presidente Gabriel Boric otorgó indultos a 13 personas condenadas por delitos relacionados con el llamado “estallido social” de 2019 hubo controversia y crítica desde la misma Corte Suprema y la oposición. Estas críticas no se limitaron al hecho de indultar y favorecer con pensiones de gracia a criminales, facultad que tiene el Presidente, sino a las declaraciones del mandatario en relación con el juicio de uno de los indultados. Cuestionó el fallo judicial, lo que fue calificado como “intromisión ilegítima” en la autonomía del sistema de justicia. Esta intervención no ha sido la única, de hecho, la Corte Suprema ha amonestado públicamente al Presidente por sus dichos en diversas ocasiones en las que se ha “saltado” la separación de poderes del Estado.

En relación con el incumplimiento de la Ley de Migración (Ley 21.325), el actual gobierno de Chile ha cursado un muy bajo número de expulsiones de extranjeros irregulares o con antecedentes penales que se contrasta con los gobiernos anteriores. Hay ley que faculta, pero no se cumple porque no hay voluntad política. Estos que son temas que sí le preocupan a la población, son calificados por la candidata comunista en el debate de ayer como “oportunismo político” enfatizando: “No me parece que la inmigración se utilice como un tema de campaña electoral”. La pregunta es si un tema que le preocupa a la ciudadanía puede no tocarse en campaña electoral. Implicaría no tener los pies en la tierra. Ella afirma eso porque es algo que le incomoda y porque deja en evidencia que es la continuidad de quienes no aplican la ley por visiones ideológicas.

El no cumplimiento de la ley se hace evidente en los escandalosos casos de ProCultura y Democracia Viva. El escándalo de traspasos de dineros públicos en forma directa a supuestas “fundaciones” que eran solo “pantalla” de financiamiento político. Ahí las influencias han trancado la labor de la justicia. Nadie ha devuelto la plata, cambiaron al fiscal cuando justamente iba a actuar. No se ha permitido el levantamiento del secreto bancario para el caso del señor Larraín. Un trámite que es simple y que en menos de un día un juez autoriza en casos sospechosos, acá no se otorga, aunque la sospecha es inmensa y las pruebas contundentes. La pregunta es ¿por qué? Tal vez toca de cerca a algunos, o a muchos. Claramente hay un manejo desde el ejecutivo al poder judicial que no corresponde y que es altamente antidemocrático, ya que no respeta la Separación de Poderes y los contrapesos. Lo curioso es que los que defienden el levantamiento absoluto del secreto bancario para todos, no lo quieren para ellos. No es sólo el caso ProCultura, la misma diputada Karol Cariola, comunista, evitó que le revisaran las cuentas. Otra vez no respetó la separación de poderes.

Esto es lo que se debe acabar en Chile. La ley se debe cumplir y los delitos se deben castigar. Robar es siempre malo y quien robe, sea quien sea, del partido que sea, debe pagar con cárcel y devolver lo robado. Chile ha demostrado ser muy corrupto y para terminar con la corrupción debe aplicarse la ley y respetarla. Sin ese mínimo, la corrupción entra por las venas y genera una infección sistémica. Exigir cumplir la ley es el mínimo. Ya que no se cree en la moral racional, entonces es la ley lo que queda. Si eso no se aplica, ni respeta, se pierde toda posibilidad civilizatoria. El caso de San Antonio es simplemente inmoral, impresentable e ilegal. No se cumplió la ley. (La Tercera)

Magdalena Merbilháa

Historiadora y periodista.

Otras 4 aerolíneas confirman suspensión de vuelos a Venezuela

Otras cuatro aerolíneas internacionales confirmaron la suspensión de sus vuelos hacia Venezuela el pasado jueves, en medio de la escalada de tensiones militares entre el país sudamericano y Estados Unidos. Con estas, ya suman 12 compañías que han dejado de volar a territorio venezolano en los últimos días.

Las nuevas empresas que suspendieron operaciones son Wingo, Satena, Copa Airlines y la aerolínea estatal de Bolivia. Todas ellas argumentaron problemas de seguridad operacional.

FALLAS EN SEÑALES DE NAVEGACIÓN

Copa Airlines extendió la suspensión de sus operaciones desde y hacia Caracas hasta el 12 de diciembre, mientras evalúa las condiciones que garanticen la seguridad. La aerolínea había avisado sobre intermitencias reportadas por sus pilotos en una de las señales de navegación.

Bajo el mismo argumento, Wingo, que es filial de Copa, suspendió de forma preventiva sus vuelos. Igualmente lo hizo la estatal colombiana Satena, que afirmó que estas condiciones representan un riesgo y exigen adoptar medidas de precaución.

Satena añadió que las medidas son necesarias mientras se verifica la estabilidad y confiabilidad de los servicios de navegación en la región. La aerolínea Boliviana suspendió los vuelos del jueves desde y hacia San Cruz, Bolivia, también por reportes de inestabilidad.

ACUERDO DE DEPORTACIONES

A pesar de la cascada de cancelaciones de vuelos comerciales, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela dijo esperar que Wingo y Copa reinicien sus operaciones a más tardar el sábado.

El presidente Maduro insiste en querer mantener el acuerdo de deportaciones con EE.UU. para recibir a migrantes expulsados del país norteamericano. El mandatario señaló que los vuelos para connacionales han llegado y seguirán semanalmente. (NP-Gemini-Bio Bio-EFE)

Un acuerdo que no resuelve nada

El proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES) se encuentra actualmente en tramitación en el Senado. Desde que se conoció, ha recibido numerosas críticas de rectores, expertos, organizaciones académicas e incluso observaciones de la Contraloría.

La semana pasada se difundió ampliamente el documento “Bases de Acuerdo CRUCh-FES”, presentado como un avance relevante en la discusión. Sin embargo, una lectura atenta muestra que profundiza los problemas estructurales del proyecto. El rechazo que el documento suscitó entre universidades integrantes del Consejo de Rectores (CRUCh), como fue el caso de lo expresado por los rectores de la PUC, la UDP y la UAndes, deja clara esta situación.

Es relevante señalar que el Gobierno optó por negociar con el CRUCh, entidad que representa solo a un tercio de los estudiantes del sistema. El 67% restante —universidades privadas no CRUCh, institutos profesionales y centros de formación técnica— no aparece representado en este acuerdo.

El primer punto preocupante es el de la autonomía. El documento plantea “fortalecer la autonomía de las universidades” mediante indicaciones a una ley de financiamiento. Esa fórmula es en sí misma una contradicción. Si una institución no puede fijar libremente sus aranceles y vacantes, ¿de qué autonomía estamos hablando? En la práctica, no hay autonomía real cuando el Estado define precios y cupos.

Otro elemento central del acuerdo es el establecimiento de un sistema de copago escalonado. En los hechos, es otra forma de fijación de precios en un sector que, por definición, debe competir por calidad, investigación y capacidad formativa. Si el objetivo del Gobierno es terminar con la competencia en la educación superior, debería decirlo explícitamente, para que podamos debatir el tema. Lo que no corresponde es hacerlo a través de mecanismos indirectos que uniforman valores, reducen la diferenciación y empobrecen el sistema.

Un punto particularmente revelador es que el documento abre la posibilidad de que las universidades establezcan un límite respecto del número de alumnos que ingresan al FES. ¿Por qué una institución limitaría el acceso de estudiantes que cuentan con financiamiento estatal? Es una admisión explícita de que los recursos que provee el FES serán insuficientes para sostener la operación normal de una universidad.

Respecto de las becas, el Acuerdo afirma que “se mantendrán líneas presupuestarias en becas de arancel”. Esa frase parece tranquilizadora, pero es ambigua. Un gobierno podría cumplirla reduciendo significativamente el número de becas actuales, ya que la “línea” presupuestaria, técnicamente, se mantendría. Lo razonable sería comprometer que, como mínimo, el número de becas no sea inferior al otorgado en 2025.

Otro punto que requiere claridad es el de las retribuciones. Hoy el proyecto permite que un profesional, a través del impuesto de 8% a los titulados, pague hasta 3,5 veces el costo de sus estudios en un plazo de 20 años. Modificar esa cifra a tres veces en 15 años no cambia el problema de fondo. Se requiere precisión técnica, simulaciones reales y estándares verificables.

El documento habla también de “estabilidad y previsibilidad” en la regulación de aranceles. La experiencia reciente de la gratuidad, demuestra lo contrario. Las universidades innovan constantemente: cambian mallas curriculares, incorporan tecnología y ajustan contenidos a las demandas profesionales. Además, varias universidades privadas que ingresaron de buena fe a la gratuidad están hoy litigando ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, luego de verse perjudicadas por la fijación de aranceles regulados.

El Acuerdo señala que las transferencias estatales a las instituciones se realizarán “oportunamente”. Que sea necesario explicitar algo tan básico demuestra dos hechos graves. Primero, que hoy no se cumple con regularidad. Segundo, que las finanzas de muchas universidades son frágiles debido a estos retrasos.

Finalmente, el Acuerdo plantea fortalecer el financiamiento basal. Con ello, el Ministerio reconoce explícitamente que los recursos que otorgará el FES serán insuficientes.

Sin embargo, nada de lo anterior resuelve el problema más grave: el Gobierno está intentando reformar el financiamiento de toda la educación superior negociando solo con una parte de las instituciones.

El Acuerdo CRUCh–FES no mejora el proyecto original. Lo maquilla y profundiza sus deficiencias. Chile necesita una reforma responsable y técnicamente seria. Las decisiones apresuradas de hoy tendrán consecuencias por décadas. Por eso, este es un momento para debatir con evidencia y con todos los actores, no para cerrar acuerdos parciales que comprometan el futuro de la educación superior. (El Mercurio)

Federico Valdés
Rector UDD

El 44% de licitaciones de alumbrado incumple nueva norma lumínica

A un año de la entrada en vigencia de la Nueva Norma Lumínica, la Fundación Cielos de Chile reveló fallas en su implementación. Un 44% de las licitaciones adjudicadas en comunas protegidas no cumple actualmente con la normativa.

El estudio fue realizado por el Observatorio de Contaminación Lumínica (OCL) de la fundación y analizó 109 licitaciones. Se enfocó en 34 comunas designadas como Áreas de Protección Especial.

Estas zonas son cruciales por su valor para la astronomía y la conservación de diversas especies. Aunque la norma se incluye en más del 60% de las bases de diseño, las omisiones ocurren al momento de cierre.

FALLA EN LA ADJUDICACIÓN

De las 71 licitaciones ya adjudicadas, el 44% no cumple la normativa vigente. Daniela González, directora de la Fundación Cielos de Chile, señaló que la implementación está fallando en el momento clave de la adjudicación.

La directora alertó que este incumplimiento conlleva un riesgo ambiental grave. Los efectos de las luminarias contaminantes se prolongan hasta que sean reemplazadas y crean problemas presupuestarios complejos y costosos de revertir.

PLAZOS Y PRIORIDADES

Las municipalidades ubicadas en Áreas de Protección a la Biodiversidad con especies amenazadas tienen plazo hasta el 19 de octubre de 2026. Este es el límite para recambiar todas sus luces de exterior.

Las comunas situadas a menos de 100 kilómetros de observatorios científicos cuentan con un plazo más extenso, hasta el 19 de octubre de 2029, para renovar todo su parque de iluminación exterior. El resto del país debe aplicar la norma al instalar o recambiar nuevas luminarias, sin contar con un plazo máximo de adecuación.

RESULTADOS REGIONALES

El análisis constató que Tarapacá es la región con mejor nivel de cumplimiento, con un 81,8% de licitaciones que incluyen la norma. Antofagasta mostró un nivel medio-alto con un 68,2% al licitar.

Sin embargo, en Antofagasta, un 35,3% de los proyectos adjudicados finalmente no contempla la norma. Coquimbo, con cumplimiento intermedio (60,0%), tiene un 45,5% de adjudicaciones fuera de norma, lo que genera una señal de alerta.

Atacama aparece bajo el promedio, con un 56,0% de licitaciones que incluyen la normativa y un 37,5% de proyectos ya adjudicados que no la cumplen.

TERRITORIOS MÁS SENSIBLES

En las comunas identificadas como prioritarias —cercanas a observatorios o que albergan especies en peligro— el $48,2\%$ de las licitaciones se adjudicaron a pesar de incumplir la norma.

González lamentó que los territorios más sensibles son los que muestran mayor probabilidad de cierre sin la norma. Si no se corrige esta brecha, unos pocos contratos podrían generar impactos desproporcionados sobre el cielo nocturno y la fauna.

Taltal, Copiapó, Huasco y Vicuña son los municipios con mejor cumplimiento de la norma, según el índice del OCL. En contraste, Freirina, Juan Fernández, Lebu y Río Hurtado registran menor cumplimiento, ya que no tienen licitaciones.

La Fundación insiste en que el cumplimiento de la normativa debe ser una condición para la asignación de recursos y que se apliquen correctivos urgentes a los contratos adjudicados que no la cumplen. (NP-Gemini-Emol)

FES: ¿A qué está jugando el Gobierno?

El FES, proyecto de ley que crea un impuesto a los graduados no está en un buen momento y ha sido ampliamente criticado. La herramienta de presión del gobierno para conseguir su aprobación, la supuesta solución al problema del CAE (que ellos mismos contribuyeron a empeorar gravemente) es cada vez menos efectiva.

La Universidad Católica emitió un informe contundente que, si bien revisita argumentos que ya se habían dado en el debate público, representa a la fecha la más clara y dura posición institucional contra el proyecto. La Contraloría General de la República le puso tope a la “contabilidad creativa” del FES: el Ministerio de Hacienda quedó obligado a reconocer que el proyecto no solo no es “autocontenido”, sino que implica un enorme gasto público que no se puede esconder. En un seminario realizado en el Senado, solo dos de casi 20 presentaciones fueron de apoyo al proyecto, y ambas provinieron del equipo asesor contratado por el mismo Mineduc. Consultada sobre el tema, la candidata presidencial del oficialismo reconoció que el proyecto, como está, no puede avanzar.

La semana pasada, el Consejo de Rectores (CRUCH) recibió del Mineduc una propuesta de cambios al proyecto. Curiosamente, el documento poco tiene que ver con el FES: la esencia de la contrapropuesta son promesas para contener las pérdidas económicas que les genera a las universidades el diseño deficitario de la gratuidad. Lo que llama la atención es que el FES es, en su base, una extensión de este diseño (fijación centralizada de precios y vacantes, prohibición del financiamiento privado) que generará, en el corto plazo, los mismos problemas. El gobierno trató de convencer al CRUCH que la cura para el déficit de la gratuidad es el déficit del FES, y varios asintieron. Afortunadamente, hubo universidades del CRUCH que disintieron públicamente de validar esta fórmula. Si conseguir el espaldarazo de un grupo de universidades a cambio de fondos basales era la estrategia que permitiría ejercer presión sobre el Senado, esta falló.

Entonces, ¿a qué juega el gobierno? Desde agosto que el Mineduc viene prometiendo cambios al proyecto, y a la fecha no hay nada concreto. De los pocos ajustes que se le propusieron al CRUCH, ninguno toca el impuesto a los graduados, en el que el 40% de los beneficiarios terminarían pagando más que lo que el Estado gastó en ellos. Se mantiene la fijación de aranceles en un sistema altamente heterogéneo, afectando la autonomía, la calidad y la sustentabilidad de las instituciones de educación superior. Se mantiene la fijación de vacantes. En otras palabras, no modifican nada de lo esencial y realmente problemático del proyecto. ¿Es esto una apuesta por sacar el proyecto por cansancio?, ¿se pretende entretener al Senado con falsas concesiones hasta encontrar una ventana política para avanzar sin transar? ¿Hasta cuándo tolerará la Comisión de Educación el chantaje con la supuesta condonación del CAE?

Lo que debe concluir el Congreso es que el Mineduc ya dejó claro que está dispuesto a retocar, esconder, disimular y maquillar su impuesto a los graduados, pero jamás a modificarlo. (La Tercera)

Daniel Rodríguez Morales

Director ejecutivo de Acción Educar

Japón vigila navegación de buque de inteligencia T-815 de armada china

A través de un breve comunicado, el Ministerio de Defensa de Japón dio a conocer que ha estado vigilando de cerca la navegación de barcos pertenecientes a la Armada de China durante su paso por el estrecho de Ōsumi, mismo que se sitúa al sur del país insular. Particularmente, se informó del paso de un buque de inteligencia Tipo 815, también conocido como clase Dongdiao, acompañado por un destructor de la clase Luyang III mientras se dirigían hacia el Océano Pacífico.

Profundizando en algunos detalles, la cartera de defensa nipona indicó que la primera detección del buque Tipo 815 se produjo durante el sábado 18 de octubre durante la tarde, esto mientras la nave se situaba a unos 80 kilómetros de al oeste de la isla de Kuchinoerabu (perteneciente a la prefectura de Kagoshima) navegando hacia el este. Identificada con el número de casco 795, la embarcación fue seguida durante todo el fin de semana, mientras esta completaba su tránsito por el mencionado estrecho de Ōsumi.

Cabe resaltar en este punto, que esta no es la primera vez que un buque de inteligencia chino de este tipo es visto cerca de territorio japonés en fechas recientes, siendo un ejemplo ilustrativo de ello el antecedente registrado a principios del pasado mes de agosto. En aquella ocasión, se informó que el buque con número de casco 791 había sido avistado en el momento que navegaba sobre las aguas que separan a la isla principal de Okinawa y la isla de Miyako, siguiendo un rumbo en dirección al noroeste. Junto a otros despliegues realizados por la Armada de China, incluyendo el de buques de asalto anfibio, el caso da cuenta del creciente nivel de actividad naval registrado en la región.

En cuanto al destructor clase Luyang III, el comunicado oficial del Ministerio de Defensa japonés afirmó que su presencia fue detectada, tratándose particularmente del buque con número de casco 131. En este caso, la nave se hallaba a unos 40 kilómetros de la propia isla de Kuchinoerabu, con un rumbo marcado hacia el noroeste. Posteriormente, se confirmó también que este barco siguió los pasos del clase Dongdiao por el estrecho y que también se adentró en aguas del Océano Pacífico.

Finalmente, cabe lugar para mencionar que las tareas de vigilancia y recabado de información sobre los buques chinos estuvo a cargo principalmente de unidades de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, la cuál desplegó para la labor a su destructor JS Amagiri de la clase Asagiri, mismo que opera bajo la órbita del 11.º Escuadrón de Escolta desde Yokosuka. Agregado a este buque, la institución también desplegó al patrullero JS Ōtaka, el cuál pertenece a la clase Hayabusa y que forma parte del 3.º Escuadrón de Barcos Misileros. Además, como componente aéreo de la misión de vigilancia, Tokio también envió a un avión de patrulla marítima Kawasaki P-1 asignado al 1° Grupo Aéreo.

Fuente: https://www.zona-militar.com/2025/10/20/japon-vigilo-de-cerca-la-navegacion-de-un-buque-de-inteligencia-tipo-815-de-la-armada-de-china-en-el-estrecho-de-osumi/

JAPAN CLOSELY MONITORED THE NAVIGATION OF A CHINESE NAVY TYPE 815 INTELLIGENCE VESSEL IN THE ŌSUMI STRAIT.

Through a brief statement, the Japanese Ministry of Defense announced that it has been closely monitoring the navigation of ships belonging to the Chinese Navy as they pass through the Ōsumi Strait, located south of the island nation. Specifically, the passage of a Type 815 intelligence vessel, also known as the Dongdiao class, accompanied by a Luyang III-class destroyer was reported as they headed toward the Pacific Ocean.

Going into more detail, the Japanese Defense Ministry indicated that the first detection of the Type 815 vessel occurred on the afternoon of Saturday, October 18, while the ship was located approximately 80 kilometers west of Kuchinoerabu Island (part of Kagoshima Prefecture) and sailing eastward. Identified with hull number 795, the vessel was monitored throughout the weekend as it completed its transit through the aforementioned Ōsumi Strait.

It should be noted at this point that this is not the first time a Chinese intelligence vessel of this type has been spotted near Japanese territory in recent times.

How soft power is becoming Taiwan’s sharpest weaponPODER BLANDO: TAIWÁN ES MUCHO MÁS QUE SUS CHIPS 

En los Premios Golden Bell del mes pasado, el actor vietnamita Lien Binh Phat se alzó con el premio al Mejor Actor Protagonista en una Serie de Televisión por su papel en el drama médico multilingüe El Doctor Forajido (化外之醫), convirtiéndose así en el primer vietnamita en la historia de estos premios. Se está gestando un cambio radical en la estrategia cultural de Taiwán, y el impulso que la Nueva Política hacia el Sur (NPS) ha dado durante años en el ámbito cultural parece estar finalmente dando frutos.

El Doctor Forajido representa una reinvención de las posibilidades de la industria dramática taiwanesa. Su éxito demuestra que el cine y la televisión por fin han superado los anticuados límites de los valores familiares, las historias de amor urbanas y los ídolos universitarios. Finalmente, nos estamos atreviendo a contar historias que, a pesar de haberse desarrollado durante mucho tiempo en Taiwán, aún se pasan por alto: historias de inmigrantes, trabajadores migrantes, matrimonios mixtos y choques culturales.

El premio evidenció el apoyo a los creadores de la serie, quienes se atrevieron a desafiar la sensibilidad del público. Asimismo, demuestra que la verdadera localización se manifiesta en la globalización, especialmente en un país donde lo «local» es fundamentalmente multicultural.

https://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2025/11/04/2003846592

SOFT POWER: TAIWAN IS MORE THAN JUST ITS CHIPS

At the Golden Bell Awards last month, Vietnamese actor Lien Binh Phat took home the Best Leading Actor in a Television Series award for his role in the multilingual medical drama The Outlaw Doctor (化外之醫) — the first Vietnamese in the award’s history to do so. A paradigm shift in Taiwan’s cultural strategy is under way, and the New Southbound Policy’s (NSP) years-long push in the cultural sphere appears to be finally bearing fruit.

The Outlaw Doctor represents a reimagining of what is possible for the Taiwanese drama industry. Its success is proof that film and TV are at last no longer bound by the tired confines of family values, urban love stories and campus idols. Finally, we are becoming bolder and reaching for stories that, despite having long been played out on Taiwanese soil, are still overlooked: stories of immigrants, migrant workers, intermarriages and cultural clashes.

The award showed support for the show’s creators, who dared to push audiences outside their comfort zone. It also demonstrates that our truest form of localization is globalization — especially in a country where “local” is fundamentally multicultural.

To truly harness this shift, the government, and the film and TV industry should establish an NSP fund for the production of diverse Asian content. The Ministry of Culture and the Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) should also establish a fund for coproduction of content with Southeast Asian input. Recipients should be encouraged or required to seek Southeast Asian talent in roles such as screenwriters, directors or actors, making cross-cultural cooperation the norm on and behind the screen.

Additionally, there should be a platform to train and match Southeast Asian talent to projects. Taiwan has no shortage of good actors such as Lien — what it lacks is the eye to discover them. The government should work with universities, colleges and performing arts centers to establish pathways for Southeast Asians to study acting, screenwriting or behind-the-scenes technology, and create an official talent pool that production teams could cast from and collaborate with.

Taiwan must go beyond viewing Southeast Asians as simply a source of labor, and instead value them as a rich pool of cultural and creative talent.

Finally, multilingual distribution should become a goal. Dubbing and subtitling shows into Southeast Asian languages such as Vietnamese, Indonesian or Thai could be a standard procedure in the early stages of production, rather than being added as an afterthought. TAICCA’s international promotion capacity should be taken advantage of, concentrating on multicultural content, and tapping into major streaming platforms and movie theaters in Southeast Asia. Taiwan can show audiences in the region that it can capture their stories too — perhaps with even greater depth than they might typically see at home.

More than just a trophy, Lien’s Golden Bell Award suggested that, amid fierce international competition, Taiwan has found a way forward through which it could demonstrate its value on the frontiers of culture. The nation has far more to show than just chips. Forget the silicon shield; what Taiwan must show the world is that the nation, with its freedom, democracy and diversity, can deliver some of Asia’s most multicultural and impactful stories yet.

POR US$ 82 MILLONES, EE.UU. AUTORIZÓ LA VENTA DE NUEVAS BOMBAS PLANEADORAS GBU-53 PARA LOS CAZAS DE LA FUERZA AÉREA DE AUTODEFENSA DE JAPÓN 

El gobierno de los Estados Unidos ha autorizado la posible venta de nuevas bombas planeadoras GBU-53 para equipar a los cazas de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón. Así se desprende de una de las más recientes notificaciones del Departamento de Estado al Congreso estadounidense, a fin de aprobar la operación englobada dentro del Programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS) y valuada en US$ 82 millones.

Designada promocionalmente como StormBreaker, la GBU-53/B —denominada también por la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) como “Small Diameter Bomb II”— es una bomba inteligente de precisión del tipo planeadora.

Entre sus principales características destaca la presencia de un buscador trimodal con imágenes infrarrojas y un radar de ondas milimétricas que ve “a través de la niebla, el humo y la lluvia, capaz de deslizarse más de 72 km”, según lo afirmado por la compañía estadounidense Raytheon. El arma permite las opciones de “agregar propulsión” o “cambiar el buscador”, dependiendo de la misión, siendo capaz de lanzarse desde una plataforma pero controlarse desde otra. Además, puede ser empleada para atacar y destruir blindados enemigos.

Siguiendo lo reportado por la Agencia de Cooperación de Defensa y Seguridad (DSCA) el 19 de noviembre, el gobierno japonés solicitó al de Estados Unidos la compra de hasta un total de veintiocho (28). El paquete, valuado en los mencionados US$ 82 millones, tiene como principales proveedores a Boeing y RTX Corporation. No obstante, esta solicitud se suma a otras presentadas previamente para equipar a la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón.

En detalle, y como señala el documento oficial, se incluye la autorización para la venta de hasta un total de ciento veinte (120) GBU-39 Small Diameter Bombs-Increment I (SDB-I), complementados por kits de guiado JDAM para bombas GBU-31/32/38, como también bombas de propósito general MK 82 de 500 libras y MK 84 de 2.000 libras, y bombas BLU-110 de 1.000 libras.

Desde el Departamento de Estado se ha indicado que: “La venta propuesta mejorará la capacidad de Japón para enfrentar amenazas actuales y futuras al proporcionar capacidad de ataque a distancia mediante sistemas avanzados de largo alcance para su empleo en aeronaves de combate de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón. Japón no tendrá dificultad en incorporar estos artículos y servicios a sus fuerzas armadas”.

Fuente: https://www.zona-militar.com/2025/11/22/por-us-82-millones-ee-uu-autorizo-la-venta-de-nuevas-bombas-planeadoras-gbu-53-para-los-cazas-de-la-fuerza-aerea-de-autodefensa-de-japon/

US$82 MILLION SALE OF NEW GBU-53 GLIDING BOMBS TO JAPAN’S AIR SELF-DEFENSE FORCE FIGHTERS

 The United States government has authorized the potential sale of new GBU-53 gliding bombs to equip Japan’s Air Self-Defense Force fighter jets. This information comes from one of the most recent notifications from the State Department to the US Congress, seeking approval for the transaction, which falls under the Foreign Military Sales (FMS) program and is valued at US$82 million.

 Promotionally designated as StormBreaker, the GBU-53/B—also referred to by the US Air Force (USAF) as the «Small Diameter Bomb II»—is a precision-guided smart bomb. Among its key features is a tri-mode seeker with infrared imaging and a millimeter-wave radar that can «see through fog, smoke, and rain, and can glide over 72 km,» according to the American company Raytheon. The weapon allows for the addition of propulsion or the switching of the seeker, depending on the mission, and can be launched from one platform but controlled from another.

Published twice per week by Nuevo Poder. Articles and op-eds focusing on geopolitical issues around Indo-Pacific area

Editor: IW, senior fellow of REDCAEM and CESCOS

Submit contributions (that can be read with ease and pleasure), to ilwb@email.cz

Por una política centrada en la gente honrada

Un Estado de Derecho sólo funciona cuando la ley le habla, antes que nadie, a la gente honrada. Su propósito fundamental no es limitarse a escarmentar a los desobedientes ni servir como un recordatorio punitivo para quienes cometen delitos o faltas. Su función principal es reforzarles a millones de ciudadanos que no están haciendo el ridículo cumpliendo las normas. La legalidad tiene sentido porque consolida la convicción de que actuar correctamente no es un acto de ingenuidad, sino la base de una vida en común donde todos jugamos con reglas compartidas.

Esta idea es esencial, porque el verdadero garante de la paz social no es el Estado: es la inmensa mayoría que cumple la ley incluso cuando nadie mira. Lo escribí en una columna anterior y conviene repetirlo: el mejor ejemplo es la cárcel. Es el lugar donde la presencia estatal se manifiesta con más fuerza, donde el control es formalmente absoluto, y aun así el desorden suele ser mayor que en cualquier barrio o plaza del país. ¿La diferencia? La calidad moral de quienes habitan esos recintos. Cuando predomina la voluntad sostenida de respetar normas básicas, surge el orden; cuando predomina su rechazo sistemático, surge el caos, por más funcionarios, rejas o protocolos que existan.

Si todo lo anterior resulta tan evidente, surge una pregunta incómoda: ¿por qué vivimos rodeados de focos de anomia que vuelven insoportable nuestra vida en comunidad? La megatoma de San Antonio, la crisis migratoria y el declive del Instituto Nacional expresan esa misma fractura. Una causa decisiva es que la discusión pública se ha inclinado hacia una política centrada en quienes generan el desorden. En lugar de expulsar a los alumnos que destruyen su liceo, nos detenemos a especular sobre el futuro de esos menores fuera del establecimiento. En lugar de cumplir las sentencias judiciales que ordenan desalojar la megatoma, el debate gira en torno a los usurpadores y a las eventuales dificultades que enfrentarían al abandonar esos terrenos. En lugar de aplicar la ley de Migración, la atención se fija en quienes ingresaron de manera irregular. Esta inversión de prioridades debilita la ley, erosiona su autoridad y vuelve casi imposible resolver los problemas que nos aquejan.

Nada de esto implica desentenderse de quienes hoy ocupan terrenos, interrumpen clases o ingresan al país por vías irregulares. La ley no exige indiferencia ni desprecio. Lo que no podemos aceptar es que el paternalismo de algunos nos lleve a renunciar a aplicarla sólo porque el escenario es adverso o porque tememos el costo político de hacerlo. Las personas involucradas deben recibir soluciones acordes con su dignidad, pero esa exigencia no autoriza a suspender las normas ni a vaciarlas de contenido. Un país que deja de hacer cumplir la ley, por compasión mal entendida, termina condenando a la mayoría honrada a vivir sin protección.

La paradoja es que esta compasión mal entendida siempre deja de lado a quienes realmente sufren los efectos del desorden. Muchos biempensantes hablan desde realidades ajenas, sin experimentar lo que viven las víctimas directas de las tomas de liceos, de la migración ilegal o de la ocupación de terrenos. Los testimonios de los vecinos de San Antonio lo muestran con crudeza: familias angustiadas, rodeadas de delincuencia, temerosas de salir a la calle y cansadas de ver cómo su ciudad se deteriora. Lo mismo expresan las familias que llevan años esperando por la vía regular: trámites interminables, promesas incumplidas y la amarga constatación de que otros obtienen soluciones antes precisamente por haber violado la ley. Esa falsa compasión no sólo debilita el orden; condena a la gente honrada a cargar con las consecuencias del descontrol.

El problema de fondo es que este buenismo ciego frente a la infracción crea incentivos que ningún país puede sostener. No es viable construir una política de vivienda sobre la base de urbanizar terrenos usurpados, porque eso transforma la ocupación ilegal en un atajo más rápido que la vía regular. Y tampoco existe posibilidad alguna de ordenar la migración si quienes ingresan clandestinamente terminan regularizados después. Esa práctica genera un “efecto llamada” evidente: transmite que entrar por pasos no habilitados es riesgoso, pero eficaz. Por eso sorprende el uso constante de eufemismos para “integrar” a quienes ingresaron ilegalmente: si creen en esa política, que lo digan con claridad. Cuesta entender por qué no reconocen abiertamente que comparten la voluntad de Jeannette Jara de regularizar a los migrantes que entraron por la vía clandestina. Ninguna sociedad se mantiene con mensajes así. El orden sólo es posible cuando las normas fijan incentivos claros y cuando el cumplimiento no se convierte en la opción más lenta y desventajosa.

Por eso es una buena noticia que volvamos a discutir una política centrada en la gente honrada. Muchos han dicho que el principal acierto de José Antonio Kast es hablar de un “gobierno de emergencia”, pero quedarse en el eslogan es no entender el mensaje de fondo. Kast está encarnando algo más profundo: una política que reconoce a quienes cumplen la ley, esperan su turno y exigen que la autoridad haga lo que corresponde, por duro que parezca. En este contexto resulta insólito que políticos de derecha, como el diputado Diego Schalper, pidan que el candidato “aclare” su llamado a que los migrantes irregulares abandonen el país. Nadie antes había hablado con tanta claridad sobre un problema que lleva años deteriorando la convivencia nacional. Justamente esa franqueza, y no los rodeos habituales, es lo que la gente honrada espera de la política.

También es justo destacar a quienes han decidido ponerse del lado de la gente honrada aun cuando ello implique enfrentar críticas injustas. El alcalde Mario Desbordes lo ha hecho en Meiggs y en el Instituto Nacional, donde trabaja para devolver el orden cuadra por cuadra y sala por sala, a pesar de que algunos prefieren paralizarse ante los violentistas. Algo similar ocurre con el alcalde Felipe Alessandri, que decidió ejecutar el desalojo en el Cerro 18 para proteger vidas amenazadas por una toma instalada en una zona de alto riesgo. No sólo tuvo que enfrentar a los usurpadores; también debió responder a quienes, desde la comodidad del “buenismo”, romantizan campamentos peligrosos y acusan de crueldad a la autoridad que se limita a cumplir la ley. La política seria exige decisiones difíciles; la política que renuncia a tomarlas termina siendo cómplice del desorden.

Chile necesita volver a confiar en la fuerza serena de su gente honrada. Esa mayoría silenciosa, que cumple la ley sin exhibicionismos ni privilegios, sostiene la paz social mucho más que cualquier aparato estatal. Por eso urge recuperar una política que no premie la infracción ni romantice el desorden, sino que respalde a quienes hacen lo correcto incluso cuando es difícil. Un país progresa cuando la ley protege a la gente honrada y no cuando la gente honrada debe protegerse de un Estado que renunció a hacerla cumplir. Ese es el giro que Chile empieza a exigir y que la política, al fin, debe atreverse a asumir. (El Líbero)

Juan Lagos

EE.UU. golpea narcolancha en el Pacífico: debaten legalidad de operaciones

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos publicaron este jueves un video de un nuevo ataque contra una lancha, presuntamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental. La acción ocurre en medio de una gran controversia en el Senado estadounidense.

El ataque se enmarca en la ofensiva ‘Lanza del Sur’, y fue anunciado por el Comando Sur en su cuenta oficial de X. El hecho resultó en la muerte de cuatro tripulantes.

LEGALIDAD EN CUESTIÓN

El Ejército de EE.UU. describió a los tripulantes fallecidos como «narcoterroristas». Sin embargo, el Senado investiga la legalidad de estas operaciones militares de la Administración Trump contra buques y sus tripulantes.

La publicación del video asegura que la orden del ataque provino del secretario de Guerra, Pete Hegseth. Hegseth está bajo escrutinio mediático tras revelaciones sobre órdenes de ataques adicionales.

El Washington Post reveló que en septiembre las fuerzas ordenaron un segundo ataque en el Caribe para eliminar a dos sobrevivientes de un primer disparo. Las Fuerzas Armadas no detallaron la organización criminal que operaba la lancha.

Este jueves, el almirante Frank Bradley compareció ante una reunión a puerta cerrada del comité de Fuerzas Armadas del Senado. La reunión investiga las acciones militares de la campaña antinarcóticos del presidente Trump.

OPERACIONES Y DERECHOS HUMANOS

El presidente Trump aseguró esta semana que se preparan para iniciar operaciones en territorio venezolano. El objetivo de las acciones es eliminar blancos ligados al narcotráfico en la región.

La campaña de Trump cerca de Venezuela y Colombia ha dejado al menos 80 muertos y provocado acciones legales por posibles violaciones a los derechos humanos.

El abogado del presidente colombiano, Gustavo Petro, presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La demanda es por la posible ejecución extrajudicial de un pescador en el Pacífico durante una de estas operaciones. (NP-Gemini-Emol)

Autopistas: crece morosidad en medio de polémica por no uso de tag

Las autopistas urbanas de la Región Metropolitana han reportado un alza en sus ganancias e ingresos al tercer trimestre de este año. Esto es impulsado principalmente por el aumento en el flujo vehicular y los reajustes anuales de las tarifas, vinculados a la inflación.

No obstante, al revisar los informes presentados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se observa un deterioro en los datos relacionados con clientes que no han pagado los peajes vía tag.

AUMENTO DE LA MOROSIDAD

Este deterioro está asociado principalmente al ítem de «deudores incobrables» y a importantes alzas en las provisiones destinadas a ese concepto. Se trata de deudas de usuarios morosos que las firmas no podrán recuperar tras un periodo.

Generalmente, este periodo de tiempo se extiende después de tres o cuatro años. Esta tendencia negativa preocupa de sobremanera a las concesionarias de obras públicas por los efectos que podría tener en el futuro.

RIESGO LEGISLATIVO

La preocupación se intensifica porque en el Congreso se discute un polémico proyecto de ley impulsado por el diputado Jaime Mulet (FRVS). Este proyecto fue aprobado en general en la Cámara Baja.

La iniciativa busca eliminar la multa de una UTM aplicada a quienes circulen sin el sistema de televía por las rutas concesionadas del país. De aprobarse, desaparecería la sanción incluida en el artículo 114 de la Ley de Tránsito.

Según expertos y la propia industria de concesiones, esta sanción es la herramienta más eficiente que existe actualmente para combatir y reducir la evasión en el pago de peajes en las autopistas. (NP-Gemini-Emol)

Aprobada Ley Jacinta: refuerza las exigencias de salud para conducir

El Senado aprobó anoche la denominada «Ley Jacinta», proyecto que busca reforzar las exigencias de salud para obtener la licencia de conducir en el país. La iniciativa fue aprobada con 27 votos a favor y tres abstenciones.

Durante su tramitación, se incluyó el fuero laboral en caso de muerte de un hijo, pendiente de ratificación en la Cámara Baja. Luego, la ley volverá a la Cámara para completar su tercer trámite constitucional antes de ser promulgada.

MEJORAS SUSTANTIVAS DE LA NORMATIVA

El proyecto introduce mejoras importantes a las normativas de tránsito. Perfecciona la evaluación médica de los conductores y duplica las coberturas económicas del seguro obligatorio.

También establece protocolos humanos y laborales de acompañamiento para las familias. Estos protocolos son para quienes enfrentan la dolorosa pérdida de un ser querido a causa de un accidente de tránsito.

Con estas medidas se busca modernizar los estándares de conducción y fortalecer la protección integral de las víctimas. La normativa nace de la tragedia que afectó a la familia de Jacinta González.

Jacinta, de cinco meses, falleció al ser atropellada mientras paseaba en su coche con sus padres. El conductor, de 80 años y con cáncer etapa IV, perdió el control del vehículo.

Max Schnitzer, abuelo de Jacinta e impulsor del proyecto, agradeció el respaldo unánime en la Cámara Alta. Señaló que la aprobación demuestra unidad para proteger vidas.

Schnitzer valoró que con la Ley Jacinta se lograrán conductores más seguros. También habrá coberturas económicas más justas, plazos de pago más rápidos y protección real para las víctimas y familias. (NP-Gemini-Emol)

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