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Argentina: el retorno del límite republicano-Eleonora Urrutia

La elección legislativa del domingo en la Argentina fue algo más que la renovación periódica de bancas. Funcionó como un plebiscito sobre el rumbo moral del país. No sobre una figura ni sobre un paquete técnico de medidas, sino sobre la pregunta que toda sociedad en crisis prolongada debe enfrentar: ¿qué no está dispuesta a volver a ser?

Durante dos décadas, la Argentina operó bajo un régimen de administración de la decadencia: inflación crónica como método de gobierno, expansión del gasto clientelar, captura de instituciones y una pedagogía cultural que naturalizó la resignación. Ese sistema disciplinó sectores, cooptó símbolos y convirtió la idea misma de libertad en una sospecha. La pobreza dejó de vivirse como tragedia y se volvió paisaje; el Estado, de garante de derechos, pasó a gestor de necesidades. La política se redujo a la contabilidad de la escasez.

El domingo esa inercia se interrumpió no por un arrebato emotivo, sino por el retorno de un límite: el recordatorio republicano de que el poder tiene fronteras, que los derechos no son concesiones y que la vida cívica no puede quedar prisionera de la máquina presupuestaria. Aun sin recompensa inmediata, con frustración acumulada y cansancio social, la ciudadanía estableció un límite.

Para entender el punto de inflexión hay que retroceder al 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires. Aquel día el oficialismo perdió por 14 puntos, dejando la sensación de proyecto extraviado. Fue entonces cuando el Presidente tomó la campaña sobre sus hombros. No se dirigió sólo a los propios. Habló a quienes no lo querían. No pidió afecto ni indulgencia por el estilo; pidió responsabilidad: “No les pido que me quieran. Les pido que no devuelvan el país a quienes lo destruyeron.”

Esa apelación coincidió con un fenómeno cívico decisivo: miles de jóvenes, sin aparato ni prebendas, ocuparon escuelas y mesas en todo el país, y muy especialmente en la Provincia de Buenos Aires -donde la Boleta Única de Papel evita abusos, pero exige vigilancia humana- para blindar el recuento frente al uso oportunista del voto en blanco. Fue una épica sin liturgia: la república sostenida por el servicio silencioso.

La participación fue algo menor que en otras legislativas, pero se autoseleccionó: votó el desencantado que pudo quedarse en casa y no lo hizo; votó quien no ve mejora inmediata, pero comprendió que la abstención habilitaba la restauración del régimen anterior. Ese voto movió el equilibrio real del poder.

Se renovaron 127 diputados. La Libertad Avanza alcanza 93 bancas; sumadas las del PRO el conteo nominal es 107, y descontados 6 disidentes del PRO, la base operativa cierta es 101. En el Senado, el oficialismo suma 19. No es mayoría simple; sí supera el tercio que vuelve eficaz el veto presidencial. Y esto no es un tecnicismo: en un país donde la inflación financió privilegios sin votar impuestos, el veto no es capricho; es resguardo republicano frente a coaliciones legislativas del gasto. Durante años el veto fue papel pintado porque la maquinaria parlamentaria podía revertirlo; desde ahora, no.

Lo decidido el 26/10 no fue “más fuerza” del oficialismo, sino su derecho a sostener el rumbo sin ser neutralizado por mayorías circunstanciales. El peronismo sigue fuerte territorialmente, pero pierde el rol de jugador de veto sistémico; el PRO deviene socio de geometría variable -aliado en reformas donde hay diagnóstico común y competitivo donde no-; los gobernadores pasan del chantaje al intercambio programático: necesitan Nación para financiarse; Nación los necesita para estabilizar y crecer.

La Provincia de Buenos Aires merece mención aparte. Del -14 al triunfo por décimas no se explica sólo por errores locales o fracturas peronistas. La elección bonaerense del 7/9 se nacionalizó: ciudadanos de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y varias provincias del norte leyeron ese resultado como advertencia -“si vuelve el régimen, vuelve por aquí”- y votaron el 26/10 en consecuencia. El vuelco bonaerense fue epicentro de un razonamiento colectivo.

A este cuadro se sumó una señal externa de alto impacto estratégico: Estados Unidos acompañará la estabilización si hay continuidad institucional. No se trató de alineamiento afectivo, sino de una definición civilizatoria mínima: es por aquí o no es. Los actores locales entendieron el mensaje: la ventana de restauración se estrechó.

No fue el día de un candidato. Fue el día de un límite. Y cuando una nación vuelve a poner límites, la historia vuelve a moverse.

La inflación como régimen, no como cifra

En la Argentina, la inflación no fue una anomalía temporal; fue un régimen de gobierno. El déficit crónico -dirigido menos a bienes públicos que a redes de intermediación y privilegios- se financió por emisión, el impuesto sin ley. Esa erosión del salario no es neutral: castiga más a quien cobra en pesos y no puede indexar ni dolarizar. Por eso combatir la inflación es una cuestión moral antes que técnica.

La estabilización actual cortó la fiebre porque cortó la infección: reducción del gasto político improductivo; ordenamiento de subsidios; eliminación de estructuras patronales del Estado; y recuperación del principio elemental: no se gasta lo que no se tiene. La caída desde 211% anual al orden del 30% proyectado importa, pero más importante aún es que cambió la ecuación del poder: sin creación monetaria discrecional, se extingue el combustible de la maquinaria clientelar.

Como todo proceso de desinflación serio, impone dolor de salida: reacomodos de precios, merma temporal del salario real, estancamiento transicional, capacidad ociosa. La clave es la dirección: aquí el dolor no es el síntoma del mismo cáncer, sino el costo de abandonarlo. El 26/10 el votante validó esa lectura: eligió posibilidad de futuro por sobre alivios presentes.

Y hay un punto cultural subterráneo: la inflación construyó una pedagogía de la postergación -la ilusión de que el Estado podía resolverlo todo sin consecuencias-. Cuando se dice que el gobierno “ordenó las calles”, no se alude sólo a piquetes que lo hizo; se alude a que la ley volvió a ser límite. El orden en la calle es síntoma de un orden más profundo: el de las expectativas.

Qué cambió políticamente: de la resistencia al margen de maniobra

Con 101 diputados operativos y 19 senadores, el oficialismo supera el tercio que impide la insistencia legislativa sobre un veto. La oposición puede bloquear o demorar, pero ya no puede revertir lo que el Ejecutivo esté dispuesto a defender. Se republicaniza el conflicto: del bloqueo por sistema a la negociación por proyecto. El peronismo deja de definir qué país es posible y pasa a disputar cómo se negocia; el PRO opera con geometría variable: colaboración en reformas pro-mercado, distancia donde subsisten diferencias; los gobernadores entran a una fase de pragmatismo explícito: baja de distorsivos provinciales, reglas para inversión privada, previsibilidad en regalías y exportaciones, y transparencia en esquemas de PPP (Participación Público-Privada).

Pero la mutación clave está en las expectativas. El mensaje del votante ordena a todos: oficialismo, oposición, provincias, sindicatos, empresas y observadores externos: “Dispuesto a asumir el dolor de salida, no aceptaré la vuelta al régimen que me condenó a la mediocridad.” La pregunta ya no es si se sale; es si se crece.

Dejar de caer no es crecer: producir es la única política social que funciona 

Romper el régimen inflacionario fue condición necesaria; no suficiente. El desafío de la nueva etapa es convertir estabilización en crecimiento. Y el crecimiento no depende de discursos, sino de incentivos: que trabajar, invertir y producir sea más razonable que especular defensivamente o vivir de favores estatales.

La pobreza no se administra: se disuelve con crecimiento. Esa es la única política social que funciona en sociedades abiertas. El camino para generar inversión y empleo no requiere épica; requiere orden en distintos planos: el tributario: un IVA nacional básico, uniforme y estable que dé previsibilidad; y, para las provincias que necesitan recaudar, un impuesto de ventas simple sobre la misma base, en lugar del infierno de Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales que castigan al pequeño productor y a la pyme. No se trata de “bajar impuestos” como consigna, sino de dejar de castigar la actividad que se quiere que exista. Un plano cambiario: un cronograma claro, público hacia un esquema de unificación y flotación limpia, con criterios explícitos de intervención. El mercado no exige perfección; exige reglas. La incertidumbre sobre el valor futuro del dinero es el repelente más eficiente de la inversión. Y la conocida seguridad jurídica entendida como el fin de la ambigüedad penal y fiscal como herramienta de dominación. Es previsibilidad para que quien arriesga no sea tratado por defecto como sospechoso. Aquí, una señal adicional importaría: reducir el perímetro del “penal económico” y asegurar anti-retroactividad fiscal para proteger decisiones de inversión.

La falsa “ultraderecha” y el retorno del sentido común

En el debate público se ha usado “ultraderecha” como excomunión moral ante toda resistencia a la expansión ilimitada del Estado. Pero la secuencia histórica muestra otra cosa: no hubo dos polos desplazándose al mismo tiempo. Mientras muchos daban por asegurado el orden liberal, la izquierda cultural avanzó durante los 90 y 2000 en universidades, currículos, medios y organismos, redefiniendo la normalidad. Cuando una parte de la sociedad reaccionó, lo hizo tarde; por eso su reacción parece abrupta.

Lo que llaman “polarización” no es un extremismo nuevo; es la reaparición del polo desalojado: el que afirma que el individuo precede a la tribu, que la propiedad no es concesión estatal, que la educación transmite conocimiento y no modela almas, que el derecho limita al poder. A eso se lo etiqueta “extremo”. Extremo es lo contrario: pretender que el Estado decida qué palabras pueden decirse, qué emociones son legítimas o qué biología admite el lenguaje. No es extremo decir que la ley importa. Extremo es convertir el derecho en pedagogía de obediencia. Milei, Trump, Meloni o Bolsonaro no inventaron la fractura: la visibilizaron. No dicen “volver al pasado”; dicen “no aceptamos ser remodelados como sujetos obedientes”. Lo que hoy se llama “derecha radical” es, en rigor, la línea mínima de defensa de Occidente: la ley antes que la emoción, la realidad antes que el relato. El 26/10, en la Argentina, la gravedad política volvió a sentirse.

Epílogo

El 26 de octubre no resolvió los problemas del país, pero decidió el rumbo. La ciudadanía eligió cargar con el costo de la salida antes que regresar al régimen que la empobreció. Prefirió la incertidumbre del esfuerzo a la seguridad del empobrecimiento administrado. El capítulo que sigue no está garantizado: depende de transformar límite en reconstrucción de capacidades y estabilización en crecimiento. Por primera vez en mucho tiempo, la salida es posible. No por milagro ni por carisma, sino porque la sociedad dijo basta. Y cuando un pueblo vuelve a decir “esto no se toca”, la república vuelve a respirar. (El Líbero)

Eleonora Urrutia

Boric viaja a Corea del Sur: oposición lo llama a tono respetuoso con Trump

El Presidente Gabriel Boric inició este martes un nuevo viaje internacional con destino a Corea del Sur, donde tiene prevista su participación en el Foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El Mandatario emprendió vuelo a mediodía y se espera que aterrice en el continente asiático la mañana del jueves, hora local.

Su agenda en Asia comenzará en Seúl, donde visitará el Instituto de Ciencia y Tecnología. Además, sostendrá una relevante reunión con el exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, un encuentro que se proyecta como clave para la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet a un alto cargo internacional. Posteriormente, Boric se trasladará a Gyeongju, la sede oficial de la APEC, acompañado por el Canciller Alberto Van Klaveren, la subsecretaria Gloria de la Fuente, y una amplia comitiva de empresarios.

La alta expectación internacional de la cumbre radica en la posible reunión entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, en un contexto de creciente tensión por la guerra comercial y las restricciones de China a las exportaciones de minerales de tierras raras. El Presidente Boric buscará sondear un encuentro con el mandatario chino durante su gira.

En este marco, voces de la oposición en Chile han llamado al Mandatario a ser cauteloso con su tono respecto al Presidente norteamericano. El diputado republicano Stephan Schubert, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, acusó a Boric de tener una «obsesión con Donald Trump» y de entrometerse en asuntos internos de otros países, calificando su actuar de «inconveniente para los intereses de Chile» e inapropiado. Schubert exhortó al Presidente a «no ir a pelear con Trump», argumentando que eso no beneficia en lo más mínimo a Chile.

Ante estas críticas, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, defendió el «liderazgo consecuente» de Boric, que, según ella, ha sido reconocido a nivel mundial. Vallejo afirmó que el trabajo de la agenda multilateral exige valentía y no implica «callar frente al negacionismo climático o frente a la difusión de desinformación» que pueda afectar a los chilenos.

La vocera de Gobierno fue tajante al señalar que «no es patriota ni es digno» que se le pida al Presidente de Chile «no decir lo que tiene que decir por miedo a que un Presidente o Presidenta de otro país le pueda molestar sus dichos». Finalizó la ministra enfatizando que Chile es un país soberano y debe ser respetado. (NP-Gemini-Emol)

La recta final, entrada por los palos-Magdalena Merbilháa

Hemos visto cómo las distancias entre los candidatos de derecha se han acortado. De hecho, el propio Alberto Mayol augura un empate técnico en el que cada uno de los candidatos del sector, Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser obtendrían un 20%. El nerviosismo se ha visto claramente en La Moneda, que ya dan por perdida la candidatura de Jeannette Jara. Lo que es evidente desde su actuar, lo que a la propia Jara tiene más que preocupada. La derecha hoy suma más, un 60% y creciendo. Eso es sin considerar a Franco Parisi, ya que si lo sumamos es aún más, o no, ya que él mismo dijo que podría votar en blanco o nulo si no es él quien pasa a segunda vuelta. Según él porque los otros candidatos “no son buenos para Chile”. Olvida el señor Parisi que la alternativa es una comunista. Ciertamente dichos ególatras e irresponsables.

La situación actual ha hecho que el propio Presidente salga a atacar a José Antonio Kast de modo permanente y a su vez, el candidato Republicano, con justa razón, ha increpado al Presidente por el caso Pro Cultura, ya que pareciera ser que a todas luces el caso ha sido tapado con tierra para no salpicar a la Moneda y al propio mandatario. Chile entero lo sospecha, es pornografía pura. No se explica de otro modo los frenos en la investigación.  Por su parte, Evelyn Matthei, quien había dicho que no seguiría con peleas chicas y que miraría temas país, ha manifestado su molestia por el hecho que desde la Moneda se aluda y ataque a Kast, ya que eso le quita visibilidad, no sólo a Jara, sino también a ella. Las rencillas no han faltado.

Todo pareciera apuntar a que el Presidente está preparando su rol de “líder de la oposición” para proyectar otro gobierno en cuatro años más. Para él un gobierno de Kast le parece un terreno más conveniente y conocido. Claramente, puede intentar culparle y endorsarle los costos políticos de la mala gestión que él mismo ha tenido. Para ordenar la casa habrá que hacer sacrificios y el Presidente quiere hacer como que todo eso no es más que voluntarismo, cuando es sentido de realidad.

Viene la recta final y los debates más importantes se avecinan. El escenario electoral ha estado cambiante y sin duda, hoy sorprende a muchos el ascenso de Johannes Kaiser. El punto es si es realmente sorprendente. Resulta ser un candidato auténtico, honesto y con sentido de realidad. Que habla “de corrido” en varios idiomas y de modo directo. Dice lo que muchos quieren escuchar. Chile despertó, es verdad, no con el estallido delictual como se intentó instalar, a seis años eso es claro y evidente. Tras el intento refundacional y el triunfo del 62% se valoró lo que se tenía ya que el ser humano curiosamente valora lo que pierde. Chile estuvo en la cornisa. Pero el despertar real y total vino por la mala gestión de este gobierno. Nadie está mejor, todos están peor. Cada uno de los índices está peor que hace cuatro años. El gobierno de la coalición del Frente Amplio, con los comunistas y el viejo socialismo democrático no han dado el ancho y han sido un ejemplo de mediocridad y cero gestiones. No lo hicieron bien, y lo que más golpea a la candidata Jara es ser la continuación del gobierno. Ciertamente es comunista, lo que no es venial, sino mortal; pero eso se camufla con el cuentito de “la social demócrata”. Pero es la continuidad de un gobierno que para la percepción ciudadana va en caída libre. Cada semana hay algo que nos recuerda lo mal que lo hacen. La semana pasada no llegaron a tomar el Simce, tal vez de modo deliberado para evitar tener los resultados de educación. Quisieron culpar a los contratistas, ya que para ellos no existe algo así como responsabilidades individuales, ya que se conciben como “víctimas perpetuas”. Antes de eso, fue el mal cálculo de la luz y el ataque a los bolsillos de las personas. Un abuso desde el Estado sin tener posibilidad alguna de defendernos. Los overoles blancos en los colegios preparan los motores para desplegar la violencia y usarla como modo de hacer política cuando las urnas no les den el poder. Las comunidades educativas reales ya no quieren más matonaje ni ideología en sus colegios. Están más que cansados. Los que nos gobiernan validan la violencia y la protegen.

Chile está cansado y despertó. No es sólo una crisis de seguridad, que sin duda es dramática. Esta semana murió un niño en un choque de ladrones aparentemente vinculados al crimen organizado. Bandas que se han apoderado de gran parte de la ciudad.

Chile se cansó y despertó. Es en este contexto de crisis de seguridad, salud, educación, vivienda, empleo que las propuestas honestas y claras del candidato Johannes Kaiser hacen eco en la clase media y popular. Es algo que los políticos no vieron venir, porque son políticos y no han entendido que Chile y los chilenos están cansados de la política y de los políticos. Los chilenos entienden que son los políticos en gran medida culpables de la crisis que hoy vivimos. Fue el excesivo idealismo, buenismo y falta de sentido de realidad lo que permitió que se llegase hasta donde estamos. Hay que tomar medidas duras para enmendar el camino y muchas de las propuestas son blandas o algo blandas.

Se necesita coraje para hacer lo que hay que hacer y los chilenos ven que los políticos no están dispuestos a hacerlo, porque no quieren perjudicar su “capital político individual”. Hacer lo correcto y lo que se debe, implica ser “políticamente incorrecto” y estar dispuesto a limpiar la política, desarmar la “casta” y hacerse de “los mejores”. Chile necesita recuperar el mérito y sí, también el lucro. Bajar los impuestos para fomentar la inversión ya que la mejor política pública es el empleo y hoy, eso es un drama. Atención, el crecimiento de Kaiser tiene que ver con saber tocar esa “tecla” del sentir de Chile, con un discurso claro y distinto, sin medias tintas. Aún queda una recta final y la carrera no está corrida. Cualquiera de los tres candidatos de derecha que pase a segunda vuelta será apoyado por el resto de la derecha y quien no lo haga no quiere a Chile. Seguramente seremos gobierno en el siguiente turno, pero hay que leer a la gente y saber que hay que estar dispuestos a enderezar la casa, ya que ese es el único modo para que haya un real futuro país. (El Líbero)

Magdalena Merbilháa

El proceso

Quienes son dueños de la verdad, portadores de mensajes morales que solo ellos creen conocer y poder difundir, ya juzgaron. Poco importa el veredicto absolutorio del caso SQM, ni el fundamento de la sentencia que se conocerá recién en diez meses. Ningún argumento puede torcer un fervor punitivo que no admite réplica. Ni antes ni después de las doce. En el altar de estos críticos, lisa y llanamente no caben terrenales razones jurídicas como el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, la ausencia de dolo directo propio de los delitos tributarios -algo que la Corte Suprema ya había advertido en el año 2017 para ahorrar este bochorno-, o la sobreabundancia, confusión, impertinencia e incluso, ilicitud de pruebas.

El derecho y sus principios deben ceder ante el clamor popular. La masa ruge como en tiempos del Coliseo Romano y creen que eso basta para que la balanza de la justicia se incline. Allí radica el verdadero valor del veredicto del caso SQM. La mayoría de las juezas no cedió a la tentación de renunciar al derecho y no les tembló la mano ni la voz para reivindicar su vigencia. En un estado social y democrático de derecho como el nuestro ello por sí solo debiera ser motivo de aplauso.

Sin embargo, críticos parciales en destempladas entrevistas y redes sociales, no en las aulas académicas, privilegian el “conocimiento” popular y la sesgada indignación, privilegian la consigna y no la ley. En este caso vociferantes, en otros casos como las agónicas investigaciones de Procultura, de Clínica Sierra Bella, o de la fallida compra de Isabel Allende, sospechosamente silenciosos. El doble rasero es también consustancial a quienes hoy reclaman.

En medio de todo ello, lo prudente es extraer lecciones, en especial cuando la reforma procesal penal ya cumple 25 años. Así, la figura del querellante particular ha hecho crisis permitiendo a actores con intereses políticos o comunicacionales -parlamentarios o dudosas ONG- infiltrarse en la investigación, filtrar información y modelar la opinión pública. Tampoco se justifica la coexistencia de múltiples querellantes institucionales -Ministerio Público, CDE, SII- en un mismo proceso. Como advirtió el ministro Carlos Cerda, ello configura un “Estado tricéfalo” que distorsiona la igualdad de armas y multiplica las pruebas hasta la confusión. Los tribunales tampoco son ajenos al problema pues deben dirigir los juicios con rigor, evitando audiencias interminables y pruebas redundantes.

En “El proceso”, Kafka escribió: “La sentencia no llega de golpe, el procedimiento se transforma poco a poco en sentencia”. Tal vez esa frase encierre la esencia del actual desamparo frente al poder y la opinión pública. Tal vez su eco resuene en nuestro debate público, donde las sentencias morales anteceden a las judiciales. En tiempos de ruido, defender el debido proceso es también un acto de coraje.

Gabriel Zaliasnik

Un nuevo liderazgo para un nuevo país

Planear Chile… sin drogas

Chile merece más que una lista de supermercado

Si hay un diagnóstico que se repite una y otra vez en boca de los candidatos presidenciales, es la ineficiencia del aparato público como causa principal del hastío ciudadano y uno de los problemas institucionales más urgentes de resolver. De ahí que varias de las propuestas en materia programática se enfoquen en recortes sustanciales al gasto, en una selección más meritocrática de los funcionarios y, directamente, en la eliminación de aquellas políticas públicas de bajo o incomprobable desempeño. Sin embargo, tal como advirtió Ignacio Irarrázaval en una reciente entrevista, ningún programa presidencial aborda la modernización del Estado de manera integral, derivando en promesas que él mismo califica de “listas de supermercado”.

Pese a que algunas de las iniciativas mencionadas pueden generar mejoras puntuales en el dinamismo y la efectividad estatal, es notoria la falta de propuestas de fondo frente a uno de nuestros principales desafíos: la ausencia de una arquitectura institucional que asegure la implementación exitosa de nuestras políticas. Hoy en día programas basados en evidencia y diseñados sólidamente no logran los resultados esperados, no solo por la falta de preparación de quienes los ejecutan, sino porque, aunque existe formalmente un sistema de seguimiento y evaluación, aún faltan obligaciones respecto a la calidad de la información entregada, mecanismos estandarizados de ajuste ante resultados deficientes, y una reglamentación clara que obligue a cumplir con las recomendaciones formales.

Así lo ejemplifican los Tribunales de Tratamiento de Drogas, modelo sustentado en numerosa evidencia internacional, que busca intervenir en personas acusadas penalmente con consumo problemático, y el cual, según una evaluación de impacto desarrollada por el BID y Fundación Paz Ciudadana, en nuestro país logró reducir la reincidencia de sus beneficiarios en un 8,7% para el año 2012. Sin embargo, los datos recientes del Poder Judicial evidencian un deterioro sostenido del programa. La falta de seguimiento continuo y la alteración injustificada del perfil delictual de sus beneficiarios derivaron en que, para 2023, se registraran más bajas que egresos exitosos.

Este deterioro no es excepcional. Las últimas fichas de monitoreo de los ocho programas de rehabilitación y reinserción social contemplados en la Ley de Presupuestos 2025 y orientados a población adulta también revelan deficiencias sistemáticas. Bajo este mecanismo de evaluación, tres de los programas carecían de criterios claros de focalización, cinco no presentaron información suficiente para evaluar su eficiencia y dos mostraron sobreejecución presupuestaria sin justificación. Respecto a la eficacia de las intervenciones, una de las fichas señalaba explícitamente la falta de utilidad de su indicador, cinco carecían de datos, e incluso dos mostraron peor desempeño que el año anterior.

Lo más preocupante es que estos no son hallazgos recientes. Se trata de problemas que se repiten año a año sin presentarse solución, llegando al extremo de que existan programas como el de Intermediación Laboral (Pilsa) que llevan más de tres décadas operando sin demostrar resultados suficientemente favorables. Esta persistencia es especialmente grave cuando se trata de políticas públicas de reinserción social, que además de ofrecer una segunda oportunidad a personas en condiciones de particular vulnerabilidad, contribuyen directamente a la seguridad ciudadana, una de las principales prioridades del país. Si realmente queremos reducir la delincuencia, estas deberían ser políticas robustas, capaces de generar impactos concretos y sostenidos.

Mientras la discusión electoral se concentra en cuánto recortar y a quién contratar, seguimos padeciendo a causa de esta gran carencia, sin generar los cambios que necesitamos y minando la confianza ciudadana frente a la mediocridad de los resultados. Los programas sociales son la forma en que el Estado materializa su compromiso con los ciudadanos. Construir la capacidad institucional para que cumplan efectivamente ese compromiso no debería ser optativo, sino una prioridad para quienes aspiran a gobernar el país. (El Líbero)

Francisca Undurraga

Regiones vs. Santiago: la segunda lectura de las presidenciales

A menos de un mes de la primera vuelta, las ocho candidaturas presidenciales intensifican su despliegue territorial. Cada voto cuenta y en esta “última milla” de la elección resulta clave observar no solo los debates televisados, sino también los patrones de presencia, los guiños y las estrategias de conexión que cada candidatura construye a lo largo del país.

La franja electoral, aunque limitada en su capacidad para alterar los resultados, ofrece pistas sobre cómo se articulan los imaginarios y aspiraciones de los distintos territorios. El norte, por ejemplo, ha recibido una atención particular. Si bien no concentra la masa de votantes de Santiago o de las principales áreas metropolitanas, representa un espacio simbólico donde se expresa con claridad la distancia entre regiones y Santiago.

En 2021, Franco Parisi obtuvo un 29,6% en Antofagasta y un 41,1% en Calama, pese a realizar una campaña enteramente virtual, mientras que en Vitacura su apoyo no superó el 0,5%. Más allá del contenido de su mensaje, esta brecha evidencia una desconexión estructural: la sensación de que las regiones están al margen del poder y del progreso.

Como señala el académico Andrés Rodríguez-Pose, de la London School of Economics, los lugares “que no importan” –aquellos territorios históricamente marginados de los beneficios de la globalización– tienden a respaldar candidaturas que desafían al establishment político. No es un voto ideológico, sino una reacción frente a un modelo de desarrollo percibido como acelerado y exclusivo para unas pocas ciudades.

Las redes sociales amplifican esa percepción, mostrando en tiempo real cómo ciertos lugares concentran la mayor parte de las oportunidades. No es un fenómeno chileno: el Brexit en el Reino Unido y la elección de Donald Trump en Estados Unidos también revelaron fracturas entre las geografías del progreso y las del malestar.

Desde esa perspectiva, la campaña de Parisi no fue un accidente digital, sino la expresión de un vacío territorial. Su discurso anti-ONU y su crítica al centralismo conectaron con electores que no ven reflejado su bienestar en el relato del progreso tecnológico nacional. No se trata de adhesión ideológica, sino de representar simbólicamente el deseo de ser vistos.

La desigualdad territorial en Chile se expresa en la vida cotidiana. Mientras en Santiago se celebran nuevas líneas de metro, ciudades como Concepción siguen lamentando muertes por la precariedad del transporte público, y comunas rurales como Tucapel o Lago Verde dependen de escasas frecuencias para llegar a sus centros urbanos.

Mientras desde la capital se crea un sistema de admisión escolar pensado en la posibilidad de postular a múltiples alternativas, los liceos provinciales –antes polos de excelencia y movilidad social– han perdido su capacidad de dar cabida a los mejores estudiantes de sus pueblos.

Por eso, más que una competencia ideológica, esta elección perfilará un eje territorial: regiones versus Santiago. En la segunda vuelta de 2021, Gabriel Boric obtuvo el 60,3% en la Región Metropolitana frente al 39,7% de José Antonio Kast. En el resto del país, la relación se estrechó significativamente: 47,4% para Kast y 52,6% para Boric. En otras palabras, el Chile visible –el de los medios, la infraestructura y la conectividad– se inclinó hacia la izquierda, mientras el Chile que percibe el progreso como ajeno se acercó aún más hacia la derecha.

Cuando conozcamos los resultados del 16 de noviembre, la verdadera conversación no será solo sobre quien gane, sino también sobre dónde gana. Ese mapa electoral volverá a recordarnos que, más allá de las ideologías, hay un país que se siente postergado por el centralismo y que vota, sobre todo, para hacerse escuchar. (El Mostrador)

Carlos Navarrete

Académico Facultad de Ingeniería Universidad de Concepción

Director de Inteligencia Artificial Streamdata

Investigador Núcleo Milenio MEPOP.

Los candidatos y el ajuste fiscal

Salvo Artés, todos los candidatos señalaron en el debate televisivo que iban a ajustar el gasto público. Me voy a centrar en el ajuste fiscal de Kaiser, Kast y Matthei. Las propuestas de Jara, Enríquez-Ominami y Mayne-Nicholls fueron menos notorias en esta materia.

La única propuesta realista y que, con dificultades, se puede implementar es la de Matthei. En cuatro años, ajustar US$ 8.000 millones permite ser flexible respecto de cuándo hacerlo y, si se hiciera proporcionalmente, es compatible con ganancias de productividad en el sector público.

Lo más interesante es que en los anuncios de Kast y Kaiser abundan contraargumentos y excepciones. Elija usted: (a) saben cómo hacerlo, pero temen decirlo, (b) no saben cómo hacerlo o (c) saben que no lo podrán hacer.

En el caso de Kast, la propuesta es vaga: US$ 3.000 millones por parte del gobierno, 1/3 de corrección de abusos, 1/3 austeridad y 1/3 eficiencia. No hay cálculos que justifiquen esta dosis, pero su distribución homogénea suena a comunicación estratégica. Esto se ve ratificado porque los otros US$ 3.000 millones será legislando, de manera que si no se cumple será culpa del Congreso.

Lo que quedó claro es que Kast no tocará ningún beneficio social. Esto quiere decir que el ajuste sobre el resto del presupuesto es estratosférico. El gasto total del gobierno central fue un 24,6% del PIB en 2024. Si excluimos del ajuste defensa y orden público, salud, educación, edad avanzada, el componente de vivienda de protección social y el pago de intereses de la deuda, la suma de lo “intocable” es 19,6% del PIB. En estas circunstancias, los USD 6.000 millones equivalen como al 50% del gasto objetivo. ¿Cómo funcionará el resto del Estado con un 50% de menor gasto?

El ajuste de Kaiser es más agresivo y no cuadran los números. Se postula mantener la PGU para los actuales beneficiarios, pero reducirla para los nuevos. Esto requiere aprobación legislativa, solo ahí podría generar algún ahorro. Pero eso es inconsistente con duplicar la PGU para mujeres con tres hijos y con incrementos menores para otros casos. Las medidas se neutralizan y si se llegara a implementar el total, el ajuste sobre el resto del Estado es brutal.

Entre las tres, solo la de Matthei es compatible con un Estado que sigue funcionando mientras se reforma. Los ajustes de Kast y Kaiser imponen costos enormes. Difícilmente el gobierno podría funcionar adecuadamente.

Lo interesante de Kast y Kaiser es que, al excluir el gasto social de cualquier ajuste posible, reconocen que éste juega un rol crucial en las sociedades democráticas modernas. El proceso de innovación que permite el crecimiento económico requiere de un “estado asegurador” que en Chile es imperfecto.

Chile debe aprender a vivir como un Estado social de derecho que requiere más recursos públicos, la pregunta es de dónde salen. Los incrementos de impuestos del pasado no funcionaron. Hoy el desafío es elevar el crecimiento. El domingo este tema se trató con una superficialidad preocupante. (La Tercera)

Guillermo Larraín

Oposición presenta AC contra Pardow por excesivos cobros eléctricos

Las bancadas de diputados de la oposición, lideradas por la UDI y Renovación Nacional (RN), presentaron ante la Cámara Baja una Acusación Constitucional (AC) contra el exministro de Energía, Diego Pardow. El libelo, redactado en un plazo de solo cinco días a raíz del escándalo por los cobros en exceso en las cuentas de electricidad, cuenta con el respaldo de la totalidad de la oposición, asegurando un piso de 74 votos, y sumó además el apoyo de la diputada independiente Pamela Jiles.

La ofensiva opositora, reactivada tras la salida de Pardow del gabinete y la revelación de que la empresa Transelec se autodenunció hace un año por estos cobros, se fundamenta en dos capítulos. Los diputados firmantes acusan a Pardow de infringir la Constitución por no resguardar el principio de probidad, vulnerar los principios de eficiencia y eficacia, y ocultar información relevante a la ciudadanía.

La derecha hizo un llamado a las bancadas oficialistas a no incurrir en una «defensa corporativa» del exsecretario de Estado. El proceso legislativo continuará en la sesión de la tarde con la elección de los cinco diputados que conformarán la comisión revisora.

La composición de dicha comisión será crucial para los tiempos de tramitación. Si la integran mayoritariamente diputados opositores, podrían acelerar el proceso y llevar la acusación a votación en el Hemiciclo antes de las elecciones programadas para el 16 de noviembre. De lo contrario, la votación podría verse retrasada.

Paralelamente a la acción legislativa, la UDI anunció que recurrirá a la Contraloría General de la República para cuestionar el financiamiento público de la defensa jurídica de Pardow, argumentando que, al no ser ya un funcionario, el uso de recursos fiscales para ese fin sería improcedente.