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Vocera: "Problema en plataforma impidió ver declaraciones de patrimonio"

A un error informático atribuyó la vocera (s) de Gobierno Claudia Pascual, la falta de información en las declaraciones de patrimonio e intereses de algunos ministros y subsecretarios.

En su debut en el cargo, la ministra aseguró que «las declaraciones siempre han estado» y que el problema habría sido solucionado el sábado», apenas se detectó. De hecho, puntualizó que ella misma era una de las afectadas, puesto que su declaración fue hecha en abril pasado, en los plazos requeridos por la Presidenta Bachelet. «Un gobierno que tiene una agenda profusa de transparencia, tiene toda la voluntad de poner toda la información disponible», dijo Pascual. Según publicó el diario La Tercera el fin de semana, 7 ministros y 15 subsecretarios presentaban omisiones en sus declaraciones. Entre los datos que no se entregaban figuraban tasaciones fiscales y comerciales, a pesar del instructivo firmado por la Presidenta Bachelet en marzo pasado sobre buenas prácticas en materia de patrimonio e intereses en el marco de la agenda de transparencia.

Además de Pascual, los ministros Carlos Furche (Agricultura), Aurora Williams (Minería) y Carmen Castillo (Salud) rectificaron sus declaraciones. También se actualizaron las fichas de Adriana Delpiano (Educación). Ernesto Ottone (Cultura) y del subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy.

Larraín admite que la UDI discutirá cambio de nombre en su próximo consejo

Luego de un durísimo año 2015 con uno de sus históricos dirigentes (Jovino Novoa) condenado por delitos tributarios asociados al financiamiento irregular de la política y otros involucrados en este frente judicial como Pablo Longueira, Ena Von Baer, Laurence Golborne e Iván Moreira, entre otros, la UDI en su proximo Consejo General el 18 y 19 de marzo, discutirá cambios profundos para mantenerse en la escena.

«Este es el tema que está por delante, nosotros tenemos convocado el consejo general y a una convención programática nacional. Nosotros hemos tenido desde agosto reuniones regionales en que hemos estado discutiendo precisamente la situación del partido, un diagnóstico del punto de vista de la contingencia diaria o judicial, sino que de lo que es el partido hoy día, de sus lineamientos, de su discurso, de su imagen, de su percepción ciudadana y de lo que debería ser para los próximos 10 o 20 años, y efectivamente en esa convención nosotros queremos proponer cambios muy significativos», reconoció Hernán Larraín a T13 Radio

El senador aseguró que dentro de los cambios significativos puede estar el cambio de nombre, que es un asunto que se viene discutiendo. «Puede que esa sea una alternativa que se discuta. Yo personalmente antes de asumir la presidencia había planteado que no sería descartable la idea de un cambio de nombre, hoy día como presidente- luego de la conversación que hemos tenido con todos los militantes y dirigentes- creo que no es necesariamente un paso a dar, pero se puede dar, se puede considerar. No hay una decisión tomada», aseguró.

Líder del PSOE se someterá a la investidura el 2 de marzo

El líder del Partido Socialista español, Pedro Sánchez, someterá el 2 de marzo su programa de gobierno ante los diputados en Madrid en un intento por ser investido jefe de un nuevo ejecutivo, anunció este lunes el presidente del congreso.

«He propuesto que el pleno de investidura sea el día 2 de marzo», anunció a los periodistas el presidente del congreso de los diputados, Patxi López, precisando que el debate podría prolongarse hasta el día siguiente.

Al término de ese primer debate de investidura, el candidato a formar gobierno debe obtener el apoyo de una mayoría absoluta de los 350 diputados.

De no lograr los 176 votos necesarios, se convocaría una segunda sesión dos días más tarde, en la que la elección debería hacerse por mayoría simple (más votos a favor que en contra).

Si dos meses después de la primera votación, es decir el 2 o 3 de abril, ningún candidato hubiese logrado ser investido, habría que convocar nuevas elecciones legislativas, algo que no ha ocurrido nunca desde el retorno de España a la democracia en 1978.

Los comicios del 20 de diciembre vieron la entrada histórica en el parlamento de dos nuevas formaciones -Podemos de izquierda radical y Ciudadanos de centroderecha-, dejando una cámara muy fragmentada donde nadie tiene mayoría suficiente para gobernar.

El conservador Partido Popular de Mariano Rajoy fue la fuerza más votada, pero perdió 67 de los 186 diputados que tenía desde 2011. El 22 de enero, Rajoy, de 60 años, declinó la propuesta del rey Felipe VI de someterse a la investidura por falta de apoyos.

Tras una segunda ronda de consultas, el monarca confió la misión a Sánchez, de 43 años. Su partido sólo cuenta con 89 diputados pero está negociando con otras formaciones en busca de apoyos.

«Una cosa es la investidura y otra poder gobernar», reaccionó Rajoy en Twitter, en referencia a la posible inestabilidad de un ejecutivo socialista minoritario.

Aborto: respuesta al obispo Chomali

Temo que en su nota de ayer el obispo Chomali -pese a su notable esfuerzo por hacer valer razones en el tema del aborto- incurre en algunas confusiones conceptuales que puede ser útil despejar.

En primer lugar, el obispo insiste en que el proyecto en actual tramitación, y el debate que lo acompaña, es relativo al aborto libre. No es así. Se entiende por aborto libre el que se funda en la total soberanía de la mujer sobre su embarazo, el que entonces, y al margen de cualquier circunstancia, quedaría a su entera disposición. No es eso lo que el proyecto establece. El proyecto describe tres situaciones (embarazo de un feto inviable, peligro inminente para la vida de la madre, embarazo que es fruto de una violación) cuya configuración no depende de la mujer. Ella, en cada uno de esos tres casos, es una víctima (de la naturaleza o de la violencia sexual) y no una soberana de sí misma.

En segundo lugar, lo que se debate entonces -en esos tres casos, no en todos, no en cualquier circunstancia- es si la decisión de mantener el embarazo le pertenece al Estado o a la mujer que ha sido castigada por la naturaleza o por la violencia sexual. El obispo Chomali sugiere que esa decisión debe pertenecer al Estado. A mí me parece, en cambio, que ella debe estar entregada a la mujer. ¿Cómo podría obligarse a una mujer cuya vida está en peligro a sacrificarse por la vida del feto? Si la mujer decide hacerlo, no cabe duda que se trata de un acto heroico; pero nadie debe estar jurídicamente obligado -es decir, con amenaza de la coacción estatal- a ejecutar actos heroicos.

En tercer lugar, el obispo Chomali afirma que lo heroico es a veces moralmente obligatorio. Me parece que hay ahí una seria confusión: ¡ser un héroe nunca ha sido una obligación moral! Una breve revisión de la tradición ayuda a comprender este problema. «Si quieres ser perfecto -dijo Jesús-, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego ven, y sígueme». Pero, como es obvio, hacer eso no era obligatorio (Mateo, 19, 16-24). De ahí que Santo Tomás sugiera distinguir entre preceptos (aquello que es moralmente obligatorio) y consejos (aquello que es bueno, pero que está entregado a la decisión del agente, como, sugiero, ocurriría en una elección trágica como la que el proyecto describe). Podríamos aceptar, por hipótesis, que mantener el embarazo fruto de una violación es bueno; pero de ahí no se sigue que el Estado deba imponerlo. Si no todo precepto moral debe ser jurídicamente sancionado, menos deberá serlo un consejo. Así, mantener en esas condiciones el embarazo puede ser un consejo, pero no un precepto. ¿Por qué? Porque las condiciones son tan gravosas (la mujer ha sido usada como una cosa y violentada) que exigírselo equivaldría a exigirle un acto que no tenemos derecho a pedirnos recíprocamente (como no tenemos derecho a pedirnos recíprocamente órganos o a mantener personas en situación de calle en la propia casa, etcétera, todos actos buenos, pero no obligatorios).

El obispo reacciona también acerca de la fundamentación ideológica del proyecto. Y tiene todo el derecho de hacerlo. Pero en una sociedad democrática tenemos que hacer esfuerzos por tener reglas comunes sin abdicar de las creencias propias. Y a mí me parece -fue el sentido de mi columna «Aborto: ni santas ni heroínas»- que la distinción católica entre lo bueno y lo obligatorio puede ser una zona común en la que todos puedan converger.

En primer lugar, el obispo insiste en que el proyecto en actual tramitación, y el debate que lo acompaña, es relativo al aborto libre. No es así. Se entiende por aborto libre el que se funda en la total soberanía de la mujer sobre su embarazo, el que entonces, y al margen de cualquier circunstancia, quedaría a su entera disposición. No es eso lo que el proyecto establece. El proyecto describe tres situaciones (embarazo de un feto inviable, peligro inminente para la vida de la madre, embarazo que es fruto de una violación) cuya configuración no depende de la mujer. Ella, en cada uno de esos tres casos, es una víctima (de la naturaleza o de la violencia sexual) y no una soberana de sí misma.

En segundo lugar, lo que se debate entonces -en esos tres casos, no en todos, no en cualquier circunstancia- es si la decisión de mantener el embarazo le pertenece al Estado o a la mujer que ha sido castigada por la naturaleza o por la violencia sexual. El obispo Chomali sugiere que esa decisión debe pertenecer al Estado. A mí me parece, en cambio, que ella debe estar entregada a la mujer. ¿Cómo podría obligarse a una mujer cuya vida está en peligro a sacrificarse por la vida del feto? Si la mujer decide hacerlo, no cabe duda que se trata de un acto heroico; pero nadie debe estar jurídicamente obligado -es decir, con amenaza de la coacción estatal- a ejecutar actos heroicos.

En tercer lugar, el obispo Chomali afirma que lo heroico es a veces moralmente obligatorio. Me parece que hay ahí una seria confusión: ¡ser un héroe nunca ha sido una obligación moral! Una breve revisión de la tradición ayuda a comprender este problema. «Si quieres ser perfecto -dijo Jesús-, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego ven, y sígueme». Pero, como es obvio, hacer eso no era obligatorio (Mateo, 19, 16-24). De ahí que Santo Tomás sugiera distinguir entre preceptos (aquello que es moralmente obligatorio) y consejos (aquello que es bueno, pero que está entregado a la decisión del agente, como, sugiero, ocurriría en una elección trágica como la que el proyecto describe). Podríamos aceptar, por hipótesis, que mantener el embarazo fruto de una violación es bueno; pero de ahí no se sigue que el Estado deba imponerlo. Si no todo precepto moral debe ser jurídicamente sancionado, menos deberá serlo un consejo. Así, mantener en esas condiciones el embarazo puede ser un consejo, pero no un precepto. ¿Por qué? Porque las condiciones son tan gravosas (la mujer ha sido usada como una cosa y violentada) que exigírselo equivaldría a exigirle un acto que no tenemos derecho a pedirnos recíprocamente (como no tenemos derecho a pedirnos recíprocamente órganos o a mantener personas en situación de calle en la propia casa, etcétera, todos actos buenos, pero no obligatorios).

El obispo reacciona también acerca de la fundamentación ideológica del proyecto. Y tiene todo el derecho de hacerlo. Pero en una sociedad democrática tenemos que hacer esfuerzos por tener reglas comunes sin abdicar de las creencias propias. Y a mí me parece -fue el sentido de mi columna «Aborto: ni santas ni heroínas»- que la distinción católica entre lo bueno y lo obligatorio puede ser una zona común en la que todos puedan converger.

España: Dirigente del PP dimite en medio de investigación por corrupción

La destacada dirigente del Partido Popular (PP, centroderecha) español, Esperanza Aguirre,dimitió en el marco de una investigación judicial y policial por supuesta corrupción que afecta a su formación.

Aguirre, de 63 años, es una de las políticas españolas más populares de las dos últimas décadas, período en el que fue ministra de Cultura en el Gobierno de Jose María Aznar (1996-99), presidenta del Senado (1999-2002) y presidenta de la región de Madrid (2003-12).

Hace unos días agentes de la Guardia Civil española entraron en la sede del PP de Madrid, del que Aguirre ha sido presidenta hasta el fin de semana, en busca de pruebas sobre la supuesta financiación ilegal del partido.

Aguirre dijo entonces que no le constaba que hubiera ese tipo de financiación, aunque el domingo, en una improvisada conferencia de prensa, dijo que las noticias publicadas en los últimos días resultan tan graves que ella prefiere dimitir de su responsabilidad al frente del PP madrileño, que dirigió desde 2004.

En su comparecencia Aguirre afirmó que «la gente quiere gestos» y su obligación es «asumir» su responsabilidad política, aunque explicó que no tiene «ninguna responsabilidad material», ni puede «estar encausada en nada».

Entre los investigados en la actual operación policial figura el exgerente del PP madrileñoBeltrán Gutiérrez, todavía empleado del partido y persona de la máxima confianza durante años de Aguirre.

Mujer acostumbrada a opinar de todo con total libertad, Aguirre ha sido muy apreciada por los conservadores españoles pero también ha tenido rivales dentro de su propio partido.

La relación no era especialmente fluida con el presidente del PP y del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, con quien Aguirre ha discrepado abiertamente en varias ocasiones y a quien ha amagado con disputar el liderazgo del partido en 2008.

El PP madrileño ha sido en los últimos años motivó de investigación por la existencia de tramas corruptas, en especial a nivel local, con cargos municipales que recibían comisiones de empresarios y que son investigadas por la Justicia.

La propia Aguirre tuvo en su gobierno regional a dos consejeros investigados: el de Deportes, Alberto López Viejo y el de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que fue segundo del PP madrileño y que está en la cárcel desde finales de 2014 por corrupción.

 

TPP al banquillo

Tengo la impresión de que el debate que se ha desatado tras la firma del acuerdo Transpacific Partnership (TPP) es uno que divide a globalizadores y proteccionistas. El temor a la apertura al mundo está detrás de las declaraciones de políticos como la diputada comunista Camila Vallejo, quien aseguró que con el TPP hay una «apropiación de soberanía nacional a manos de transnacionales».

¿De qué soberanía estaría hablando la parlamentaria, quien defiende una ideología que se caracterizó precisamente por no reconocer la soberanía nacional, sino la proletaria, que era universal?

Lo característico de este debate entre quienes ven que el mundo es amplio y que podemos interactuar de forma ordenada si se establecen las reglas adecuadas, y quienes prefieren cerrar fronteras y limitar la acción de los «otros», sean extranjeros o nacionales, es que hay muchos prejuicios y falta de información.

Mucho se ha dicho del supuesto encarecimiento de los remedios, pero no hay indicios de que el TPP cambie las reglas actuales. Se dice también que se obstaculizaría el acceso a libros, música o películas en internet, que podría haber hasta penas de cárcel por violar el derecho de propiedad. Lo cierto es que las del TPP son las mismas reglas vigentes que están en nuestra legislación. Ahora, que muchos «piratas» sigan vendiendo videos, por ejemplo, no significa que no estén actualmente violando las leyes. En general, las críticas son las mismas que se hicieron en su momento para los distintos TLC ya firmados.

Pero los opositores no solo están en Chile. Se ha visto que el TPP ha sido parte de la discusión pública y de campaña en EE.UU., país que supuestamente impuso sus reglas a los otros once signatarios. Es curioso, pero allá ven al acuerdo como perjudicial para muchos intereses norteamericanos. En el tema laboral, por ejemplo, desde la poderosa confederación sindical AFL CIO, por razones proteccionistas, se hace una campaña frontal para que no se apruebe porque «las amenazas superan a los beneficios» y no sirve para «(crear) buenos empleos, para la democracia, para la seguridad del consumidor ni del medio ambiente». Y algo sorprendente, la AFL CIO considera que «les da poder legal a las empresas extranjeras para desafiar las acciones legítimas del gobierno» (de EE.UU.). Lo mismo que se teme acá: ¡que las multinacionales se apoderen de todo!

Será el Congreso el que revise en detalle el Tratado, pero el enfoque no debe buscar proteger a los empresarios chilenos de la competencia y reglas internacionales, sino asegurarles la entrada a más mercados en los que puedan competir. Hay que priorizar los beneficios de largo plazo para el consumidor chileno. Desde ese punto de vista, la apertura al comercio internacional es absolutamente necesaria. En la medida en que el TPP avanza en esa dirección -y no hay duda de que lo hace- es una buena noticia y merece ser ratificado.

Hermano cura e hija de Longueira también pedían apoyo económico a Contesse

El ex gerente general de Soquimich, Patricio Contesse, no sólo se preocupaba de financiar a políticos de todos los signos, aceptando boletas por servicios no prestados de familiares, asesores o amigos de los estos para justificar los egresos de dinero de la minera. En el caso de Pablo Longueira fueron 21 personas cercanas a él o a sus asesores que recibieron $730 millones de SQM entre septiembre de 2009 y marzo de 2015.

La ayuda de Contesse podía extenderse a fundaciones de beneficencia -como ocurrió con un hermano y una hija de Longueira- según revela el informe del estudio estadounidense de abogados Shearman & Sterling, encargado por SQM para analizar su responsabilidad bajo la ley FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), de Estados Unidos, debido a que transa acciones en la Bolsa de Nueva York.

El 14 de enero de 2014 Katherine Bischof, la secretaria de Contesse, le reenvía un correo electrónico de José Luis Longueira -el hermano mayor de Pablo- a Paulina De Vits, vicepresidenta de personas y sustentabilidad de SQM. José Luis Longueira pone en contacto a la secretaria de Contesse con la directora ejecutiva de la Fundación Amigos de Jesús, Nicole Romo. Y les pide que se conecten directamente, cosa de llevar adelante “el convenio para el aporte que va a realizar SQM a la Fundación Amigos de Jesús por $1.000.000 mensual según lo conversado con Patricio Contesse”. Les advierte que requieren un certificado de donación para fines sociales, que hay que coordinar con el abogado.

José Luis Longueira aprovecha de contarles que también está invitando a Contesse “para que nos arranquemos cualquier día de estos a la hora de almuerzo” para conocer la casa Amigos de Jesús en Cerro Navia, lo que debería tomarles una hora. Y queda a la espera de la confirmación de Bischof, la secretaria de Contesse. Incluye un link con un video de un reportaje de Ahora Noticias, de Mega, “que no alcanzamos a ver el día que me reuní con Patricio para que lo pueda ver completo”. Se despide agradecido no sin antes recomendarle a la secretaria de Contesse que lo vea, “porque también eres parte importante en estos apoyos”.

El correo incluido en el informe de Shearman & Sterling que detalla a todos los políticos, cuyos hijos, primos, cuñadas, concuñados, asesores y una larga trenza de personas recibieron dineros de SQM, agrega algo más sobre el clan Longueira y su relación con la minera controlada por Julio Ponce Lerou.

El 7 de julio de 2014, Pablo Longueira le envía un correo a Contesse, de quien -ha dicho- es amigo hace casi 30 años, solicitándole apoyo para la Fundación Trabajo País, que presidía entonces su hija María Cecilia Longueira Brinckmann. “Pato, mi hija María Cecilia es la Presidenta Nacional de Trabajo País. No he tenido un minuto para ayudarla y está desesperada porque no le ha ido bien con la recaudación y se van este fin de semana. Me (sic) adjunto certificado de donación porque tienen este beneficio. Le podrías ayudar con algo?”.

En el primer caso, le fue bien al mayor de los Longueira, ya que la Fundación Amigos de Jesús recibió $11 millones, según el informe de Shearman & Sterling. En el segundo, no sabemos, ya que no lo detalla la firma de abogados, por lo que es probable que no haya corrido la misma suerte.

Anticipan baja en cifras de Hacienda: PIB cerca de 2% y gasto rozando 3%

El deterioro del escenario externo ha impactado negativamente las proyecciones de crecimiento de distintas economías alrededor del mundo, y Chile es una más. El propio ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reconoció hace un par de semanas que el pronóstico de 2,75% para el Producto de 2016 “es demasiado alta” a la luz del panorama internacional y, en particular, de la disminución del precio del cobre.

Este “sinceramiento” era esperado por los economistas extranjeros, quienes están más cerca de la volatilidad e incertidumbre global en los grandes mercados y los efectos que puede tener en una economía aún dependiente de las exportaciones de materias primas, como la chilena.

De hecho, la visión que tiene Wall Street para la actividad local durante este año es más bien pesimista. Los agentes comparten plenamente el análisis realizado por el ministro Valdés y, en esa línea, esperan un fuerte ajuste en las estimaciones para el PIB de este año, que no debería superar el 2%, principalmente por la disminución del precio del cobre, niveles de inversión que se mantienen bajos y un menor crecimiento esperado para China, todo con el telón de fondo de un escenario externo que no da señales de mejora.

PROYECCIONES FUERA DE LÍNEA

Para algunos agentes, Hacienda dejó pasar demasiado tiempo antes de decidir ajustar las proyecciones. Así lo cree Mario Castro, economista para América Latina de Nomura, quien sostiene que hace varios meses se puede afirmar que el crecimiento para Chile, en un buen escenario, será de 2% este año.

“La actual proyección oficial (de 2,75%) es demasiado alta. Nosotros tenemos una estimación de 2,1% para este año, pero con sesgo a la baja. Creo que el ajuste debería ser cercano a 2%, sino, habrá costos de credibilidad”, dice.

Coincide con esta opinión el estratega para América Latina de Bank of America Merrill Lynch, Ezequiel Aguirre. “Hace tiempo que concluímos que la economía chilena iba a tener en 2016 un desempeño muy similar a los dos años previos. Nosotros proyectamos un 2% para este año”, precisa.

Goldman Sachs es más pesimista: recientemente recortó su estimación en un punto a 1,6% y no descarta un incremento menor a 1%, “sobre todo si la debilidad del mercado laboral se hace más visible”.

La entidad espera que las autoridades revisen sus pronósticos en una magnitud algo menor, en torno a 2%, pero señalan que el ajuste es inevitable.

Esto, porque las estimaciones de la Goldman sugieren que sólo por la disminución en el precio del cobre y los términos de intercambio, el Producto se reducirá en medio punto porcentual, como explica el economista del banco de inversión, Tiago Severo.

“Por otra parte, uno puede concluir con certeza que algunos de los catalizadores internos del crecimiento observados en el pasado reciente -como la aceleración de la construcción a raíz de los cambios tributarios-, eran de naturaleza transitoria”, añade.

La visión más negativa para el PIB de 2016 es de Marcos Buscaglia, ex economista de Bank of America Merrill Lynch y actual socio de Alberdi Partners, quien también hace poco acotó sus proyecciones a un crecimiento del PIB en torno a 1% para este año.

Para el analista, hay varias razones -adicionales a la debilidad externa- que sustentan este escenario, partiendo por la desaceleración que va a experimentar el sector construcción este año, a lo que se suma una baja confianza del consumidor y un alto apalancamiento. “Vemos díficil que la economía retome una senda de crecimiento fuerte en este contexto”, sentencia.

COSTOS DE NO REALIZAR LOS CAMBIOS

“Chile sufre de desequilibrio interno y externo y deben necesariamente corregirse para reducir la vulnerabilidad de la economía ante choques externos”, plantea el director de Moody’s Analytics, Alfredo Coutiño.

En su opinión, esta “nueva realidad” es inevitable y no debe ser ignorada, “porque de lo contrario los costos resultarán más severos en el futuro”, señala, principalmente en términos de un aumento en los niveles de deuda.

Para Castro, la posición fiscal externa de Chile aún es saludable, con un compromiso muy serio con la regla fiscal, pero a la luz del escenario actual no descarta que se modifique la perspectiva de la clasificación soberana en caso que no se tomen medidas. “No lo veo muy probable, pero no lo descarto“, plantea.

En esa línea, valora la seriedad que ha exhibido el ministro Valdés y el mensaje de seriedad y sensatez al reconocer la necesidad del ajuste en las proyecciones.

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GASTO PÚBLICO

El contexto internacional menos favorable también tendrá un impacto importante en la situación fiscal de Chile, generando un mayor déficit tanto efectivo como estructural, por lo que reducir el gasto público será indispensable.

El ministro Valdés ya ha dado señales en esa dirección, señalando que una subejecución del Presupuesto 2016 es una posibilidad.
Lo anterior, especialmente tomando en cuenta que hay fenómenos que han pasado de ser pasajeros a estructurales, como un precio del cobre más bajo o un menor crecimiento para la economía China.

Goldman Sachs estima que el valor del cobre disminuirá aún más este año, entre 10% y 15%, mientras que Bank of America Merrill Lynch descarta una recuperación para la libra del metal y espera que cierre el año a un valor en torno a US$ 2,15.

«El gobierno deberá ajustar el gasto público al nuevo contexto internacional», advierte Aguirre. En su opinión, para este año el gasto deberá bajar por lo menos a 3%, lo cual seguiría siendo mayor que el crecimiento del Producto «de manera de proveer cierta política contracíclica».

El economista de Goldman Sachs adhiere a este planteamiento y cree razonable que el gasto público se recorte «un par de puntos porcentuales» en respuesta a unas perspectivas de mediano plazo del cobre que se deterioran Para Buscaglia, el gasto público tiene quer desacelerarse respecto a lo planteado en el presupuesto (incremento de 4,4%) por dos razones: si no lo hace, el déficit efectivo podría llegar a casi 4% del PIB y podría llevar a vender una parte -pequeña- de los fondos soberanos para financiarse. «No creo que el gobierno quiera llegar a esa instancia en 2016», sostiene.

El segundo factor, es que si no se desacelera el gasto este año, será imposible evitar un fuerte ajuste en 2016. De acuerdo a los cálculos del economista, si se ejecuta todo el gasto este año y el precio del cobre de largo plazo baja a US$ 2,5 en el Presupuesto 2017 «el gasto público prácticamente no crecerá en términos nominales el año que viene», lo que cree improbable debido a que es año de elecciones presidenciales.

«El Ministro (Valdés) es muy consciente de que lo que está pasando no es temporal sino permanente. Los parámetros estructurales de crecimiento potencial y de largo plazo del cobre tienen que reducirse, lo que probablemente va a sugerir la comisión independiente de expertos», anticipa Castro.

Para Coutiño, una medida «saludable» sería que el gasto público real no aumentara por encima del crecimiento estructural de la economía el cual, a su juicio, se redujo a 3%. Además, cree que este ajuste es necesario para no poner al país en una situación vulnerable en términos fiscales.

«La persistencia del desequilibrio fiscal, el encarecimiento del dólar y el alza en las tasas de interés son la combinación perfecta para acelerar el endeudamiento si no se toman las medidas de ajuste a tiempo», sentencia.

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Camioneros: "Las concesionarias han hecho uso y abuso de su condición"

El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), Sergio Pérez, transmitió la molestia que ha despertado en su sector el alto valor del peaje en la ruta Santiago-San Antonio. (El valor del peaje pasa de $8.400 a $25.000).

“Las concesionarias han hecho uso y abuso de su condición. Están equivocadas en sus políticas abusivas”, sostuvo el dirigente a ADN Radio.

“En qué país del mundo, en qué galaxia, existe esa asimetría inmensa. Esa gente cree que puede hacer lo que quiera en nuestra nación. No hay zonas de descanso mínimas para nuestros conductores. Y no es problema exclusivo de la quinta región, es un problema de todo el país”, señaló Pérez.

“Los camioneros de Chile somos personas de diálogo, pero cuando no hay entendimiento no anunciamos nada, lo hacemos”, advirtió.

Ex ministro de Piñera: "La gratuidad llegó para quedarse"

El rector de la Universidad Autónoma y ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera, Teodoro Ribera, salió al paso de los cuestionamientos que surgieron tras conocerse que el plantel que él dirige es el cuarto que más recursos recibirá -en esta primera- de los fondos correspondientes a la gratuidad (recibirá más de $ 11.711 millones de los $ 200.000 millones que se repartirán entre todos).

En entrevista con La Tercera, la autoridad acdémica partió explicando que la U. Autónoma hizo un sacrificio por ingresar a la gratuidad, por el déficit que esto conlleva.

«Desde su formación se ha orientado a los sectores medios y medios ascendentes. Debatimos internamente y no hubo duda de que la institución tenía que hacer el esfuerzo de incorporarse a la gratuidad, por los alumnos a los que beneficia esta política. Para la universidad hubiera sido egoísta restarse de la gratuidad. Todos los planteles que se han sumado van a tener una merma en los ingresos, pues el arancel regulado que el Estado va a pagar es inferior. Pese a ello, la gratuidad es una política que llegó para quedarse y uno tiene que pensar en el público objetivo al cual atiende», aseguró Ribera.

De todos modos, reparó que «no es racional ni prudente pensar que los planteles van a poder funcionar con déficit, ya que éste desmejora la calidad e impacta en los resultados».

Asimismo, advirtió que la ley no contempla la obligación del plantel de permanecer en la gratuidad, «ni tampoco resuelve qué sucede con los alumnos con gratuidad».

«Lo lógico es que si un plantel ingresó a la gratuidad, su retiro no perjudique a los beneficiados. Es decir, aplicar un sistema como el Crédito con Aval del Estado: si el plantel pierde los requisitos, los alumnos permanecen hasta el fin de la carrera con su beneficio», indicó el ex secretario de Estado.

Consultado por un artículo de Ciper Chile que acusó la existencia de lucro en la Universidad Autónoma, Ribera contestó: «Ciper tiene una postura particular de las Ues. privadas y cuestiona su existencia. El artículo es un desarrollo de acciones, pero no informa que la investigación que se realizó en la fiscalía fue archivada el año pasado. Parece que es una investigación acabada, que concluyó en el archivo».

«Las dos sociedades que se aluden (en el reportaje de Ciper), eran sociedades que no tenían ningún giro práctico, ningún giro comercial. Es decir, fueron formadas sólo para representar a los socios de la universidad. Pero no para tener ninguna actividad comercial de ningún tipo. Es decir, son sociedades que nunca tuvieron ingresos ni pérdidas, porque no funcionaron como tal», explicó la autoridad académica.

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